Los juzgados de familia en España siguen otorgando custodia, patria potestad y regímenes de visitas a hombres denunciados por violencia de género, sin tener en cuenta, en la mayoría de los casos, los efectos que esta situación provoca en las mujeres y sus hijos e hijas, esta es la principal conclusión de un informe elaborado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis por encargo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
El estudio, «Tratamiento judicial dado a mujeres, sus hijas e hijos menores de edad en los procedimientos de Derecho de Familia en los que se ha constatado la existencia de violencia de género”, ha analizado un total de 1.178 resoluciones judiciales dictadas entre enero de 2022 y diciembre de 2023, correspondientes a procedimientos de familia en los que existía al menos una denuncia por violencia de género. Estas resoluciones implicaban a 1.843 menores de edad.
La conclusión más contundente del análisis es que la perspectiva de género e infancia “está ausente” en las decisiones judiciales, a pesar de ser un imperativo legal en este tipo de procedimientos. Según el informe, solo el 29,82 % de las resoluciones menciona la existencia de la violencia, a pesar de que estaba presente en todos los casos analizados.
“Se constata la infravaloración en sede judicial de las consecuencias que la violencia machista tiene en las mujeres, las niñas y los niños”, advierte el estudio.
Custodias, visitas y patria potestad sin garantías
A pesar de la existencia de denuncias por violencia de género, en el 88,62 % de los casos se mantuvo la patria potestad compartida. Solo se privó de esta al padre en un 2,52 % y se suspendió o restringió temporalmente en otro 9,17 %.
Asimismo, el régimen de visitas con el progenitor denunciado se suspendió o no se fijó en apenas el 18 % de los casos, lo que contrasta con la clara orientación de la legislación vigente, que busca proteger el interés superior del menor frente a situaciones de violencia.
Más aún, la custodia compartida —prohibida por ley en estos casos— fue otorgada en un 10,11 % de las resoluciones, mientras que la custodia exclusiva al padre se concedió en un 9,6 %. La madre obtuvo la custodia exclusiva en el 71 % de los casos.
Informes psicosociales y estereotipos persistentes
El 40 % de los procedimientos solicitó un dictamen psicosocial. Sin embargo, en casi la mitad de ellos se recomendó mantener las visitas con el agresor, y solo en un 23 % se desaconsejaron. El estudio denuncia que estos equipos “carecen de perspectiva de género e ignoran los mandatos legales”.
Además, persisten prácticas expresamente prohibidas, como la invocación del falso síndrome de alienación parental, presente en el 3,48 % de los fallos, y la derivación a mediación familiar, utilizada en el 3,4 % de los casos.
Condiciones económicas precarias
Las condiciones económicas de las mujeres afectadas también revelan una situación preocupante. El 40 % de las madres tenía ingresos mensuales entre 450 y 1.000 euros, y solo un 12 % ganaba menos de 450 euros.
En cuanto a pensiones alimenticias, el 44 % oscilaba entre 100 y 200 euros, y solo el 6 % superaba los 500 euros. Las pensiones compensatorias figuraban únicamente en el 7 % de las resoluciones.
El uso del domicilio familiar solo se discutió en un tercio de las sentencias, a pesar de su relevancia para la estabilidad de las víctimas.
Formación judicial y falta de acción fiscal
Las juristas de Themis denuncian la falta de formación de jueces y juezas en materia de violencia de género y protección a la infancia, así como la escasa sensibilidad mostrada en las resoluciones. También critican que la fiscalía no actúe de forma proactiva para limitar las relaciones de los menores con padres enjuiciados o condenados por violencia.
Llamamiento al CGPJ
Ante la gravedad de los datos, Themis ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que elabore un protocolo obligatorio para que todos los órganos jurisdiccionales de familia actúen con perspectiva de género e infancia y libres de estereotipos y prejuicios.
El estudio evidencia que la práctica judicial en materia de familia no está alineada con los principios rectores de protección frente a la violencia de género, lo que deja en una posición de vulnerabilidad a miles de mujeres, niños y niñas en procesos judiciales que deberían estar orientados a su protección y reparación.
“La ley está clara. Lo que falla es su aplicación efectiva en los juzgados”, concluyen desde Themis.
