El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha pronunciado hoy –sin mencionarlo expresamente– en la misma dirección que el Tribunal Tribunal Constitucional el pasado lunes sobre la Ley de Amnistía, apelando al conocido principio general del derecho: Lo que no está prohibido está permitido.
Y como no existe norma ni ley ni nada que se le parezca que expresamente prohíba una huelga de jueces y fiscales lo que le ha quedado por hacer al CGPJ es informar a las asociaciones judiciales convocantes (Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, por parte de los jueces –también han convocado la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales) que el ejercicio de derecho a huelga que van a realizar los días 1, 2 y 3 de julio carece de soporte normativo.
«Por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el CGPJ de competencia para ello, fijar servicios mínimos», comunica el órgano de gobierno de los jueces como ya hiciera en 2009, 2012, 2013, 2018 y 2019.
Pero de la misma manera, aunque el CGPJ no se da por enterado apela «a la responsabilidad de unos y de otros durante los tres días de huelga convocados para que no afectan al reparto de los asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción y a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales».
Los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces y su presidenta han contestado de esta forma al requerimiento que le hizo el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que se pronunciara sobre la legalidad de dicha convocatoria de huelga.
El Pleno del Consejo no lo ha querido hacer. Es más, ha rechazado la propuesta presentada por el vocal progresista, José María Fernández Seijo, que, en su punto 30 no solo instaba a un pronunciamiento en contra, tal como se planteaba desde el Ministerio, sino que planteaba que se tomaran medidas legales (o disciplinarias) contra una huelga «ilegal».
«El Consejo General del Poder Judicial no sólo debería abstenerse de reconocer derecho o fijar servicios esenciales, sino que debería reservarse las actuaciones correspondientes por la convocatoria de una movilización claramente ilegal«, dice, literalmente, dicho punto.
El CGPJ muestra su reconocimiento al «esfuerzo» de los opositores
De acuerdo con el comunicado distribuido por el órgano de gobierno de los jueces, compuesto por seis puntos, de los que los puntos primero y sexto han sido aprobados por unanimidad y los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto por mayoría
Dos de esos puntos hacen referencia al proceso extraordinario de estabilización de las carreras judicial y fiscal. Un plan del ministerio de Félix Bolaños en el que el CGPJ recuerda haber mostrado «varios reparos a la medida».
«En particular, su carácter injustificado, por no ser una exigencia derivada de la carta de emplazamiento de la Comisión Europea».
«La estabilización de cientos de jueces y fiscales sustitutos no pone fin a la denominada justicia interina», recuerda el órgano de los jueces en su carta.
Misiva en la que, de igual manera, reconoce «a los integrantes del Poder Judicial los años de dedicación y esfuerzo invertidos en la superación de las pruebas de acceso a la carrera judicial».
