El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha aprobado este viernes, 27 de junio, una declaración institucional en la que advierte con preocupación sobre la convocatoria de huelga impulsada por cinco asociaciones de jueces y fiscales para la próxima semana.
El órgano representativo de la Abogacía observa una «colisión inminente» entre los colectivos judiciales y el Gobierno.
A su juicio, el choque de posturas no solo anticipa los tres días de paros anunciados, sino una cadena de movilizaciones que podría volver a sumir a la Justicia española en el bloqueo institucional.
A esta situación se añade un nuevo factor de incertidumbre: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha señalado que la huelga carece de respaldo legal. En una comunicación emitida el jueves, el órgano de gobierno de los jueces afirma que «no la tendrá por anunciada ni fijará servicios mínimos», al no encontrar base normativa para su convocatoria.
Esta declaración eleva la inseguridad jurídica respecto al alcance y gestión de los paros, y lleva al CGPJ —y ahora también a la Abogacía— a apelar a la «responsabilidad institucional» de todos los poderes del Estado implicados: legislativo, ejecutivo y jurisdiccional.
La Abogacía, sin entrar a valorar el fondo de la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal que está en el origen del conflicto, sí cuestiona la oportunidad y el método: “Ni la reforma es tan urgente como para no poder esperar un diálogo serio, ni la huelga debería ser la primera respuesta”.
Por ello, insta a ambas partes a retomar las negociaciones y actuar con sensatez y empatía, especialmente hacia los profesionales del Derecho y los ciudadanos que, como recuerda la declaración, verán comprometido su derecho a una tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución Española) durante las jornadas de huelga.
“Decenas de miles de personas se verán afectadas —prosigue el texto— por desplazamientos cancelados, vistas suspendidas y actuaciones pospuestas, con el consiguiente perjuicio económico, profesional y personal”.
En caso de que la huelga siga adelante, la Abogacía Española reclama que se actúe con “sensibilidad y respeto” para minimizar el impacto en los usuarios del sistema judicial.
El mensaje de fondo es claro: los derechos de los ciudadanos y la salud de la Justicia no pueden ser rehenes de una confrontación institucional.
