El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha dado un paso al frente ante las consecuencias de la huelga judicial convocada por 5 asociaciones de jueces y fiscales para los días 1, 2 y 3 de julio.
A través de una iniciativa sin precedentes, la institución ha habilitado un modelo de reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial para que los abogados y abogadas puedan reclamar al Ministerio de Justicia por los perjuicios sufridos a raíz de la suspensión de señalamientos judiciales.
El documento, que se puede descargar desde la página web de Defensa de la Abogacía o solicitar en las Salas Abogacía del ICAM, permite reclamar compensaciones económicas por conceptos como desplazamientos, alojamiento y reorganización de agendas profesionales, conforme al artículo 106.2 de la Constitución Española y las leyes 39/2015 y 40/2015.
La medida llega en un contexto de fuerte malestar entre los profesionales del Derecho.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha declarado que no reconoce la legitimidad de la huelga, lo que ha contribuido a generar una sensación de inseguridad jurídica y desprotección entre quienes dependen del normal funcionamiento de la administración de justicia para ejercer su labor.
En declaraciones institucionales, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha manifestado el respaldo de la abogacía madrileña a los motivos que han llevado a los jueces y fiscales a convocar el paro.
“Compartimos las causas que han motivado esta protesta, en defensa del Estado de derecho y la independencia judicial, pilares fundamentales de toda democracia”, ha afirmado.
No obstante, Ribón también ha subrayado que “es nuestra responsabilidad velar por el correcto ejercicio de la profesión y proteger a quienes sufren directamente las consecuencias de la suspensión de vistas sin previo aviso”.
Con esta actuación, el ICAM refuerza su papel como garante de los derechos de los abogados madrileños, al tiempo que exige una justicia más organizada, previsible y respetuosa con todos los operadores jurídicos.
