El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha informado este martes de que, durante el primer día de la huelga convocada por asociaciones de jueces y fiscales, la jornada ha transcurrido con “normalidad casi absoluta” en los tribunales y fiscalías del país, sin constancia oficial de participación en el paro.
Según fuentes del Ministerio, ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ni la Fiscalía General del Estado (FGE), ni las propias asociaciones convocantes han remitido hasta las 18:00h información alguna sobre jueces o fiscales que hayan secundado la huelga.
“El único dato oficial del seguimiento de una huelga es el de aquellas personas que comunican su participación y a quienes debe detraerse el salario correspondiente”, han señalado desde Justicia. Añaden que, al no haberse recibido ninguna comunicación, no consta oficialmente que se haya producido ningún seguimiento.
El Ministerio había solicitado tanto al CGPJ como a la FGE que, cada día en que se mantenga la convocatoria, le informen antes de las 14:00h sobre los profesionales que no acudan a su puesto de trabajo. El objetivo es poder cuantificar el seguimiento real y aplicar la correspondiente detracción salarial, al tratarse del organismo pagador de jueces, fiscales y magistrados.
Sin embargo, tanto el CGPJ como la Fiscalía General del Estado consideran que la convocatoria de huelga carece de base normativa, por lo que la dan por no convocada. En consecuencia, tampoco están recabando ni remitiendo información sobre supuestos huelguistas.
Transparencia y reforma pendiente
Desde el Ministerio aseguran que cualquier dato oficial que llegue en los próximos días será comunicado a la ciudadanía con total transparencia, al igual que se ha hecho en esta primera jornada.
El departamento dirigido por Félix Bolaños ha aprovechado la ocasión para recordar que la reforma que promueve el Gobierno busca modernizar las Carreras Judicial y Fiscal por primera vez en cuatro décadas, y que sus principales ejes son: blindar por ley las becas para opositores, incorporar un examen escrito que complemente las pruebas memorísticas tradicionales y establecer un proceso de estabilización para juezas y fiscales sustitutas, en su mayoría mujeres, con el fin de reducir la precariedad y cumplir con los compromisos europeos.
El Ministerio subraya que la reforma “no afecta en ningún punto a la independencia judicial ni al Estado de Derecho”, en respuesta a las críticas vertidas por algunas asociaciones.
