El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dejado claro, a través de un comunicado de su Comisión Permanente, que la huelga convocada por varias asociaciones judiciales y fiscales para los días 1, 2 y 3 de julio carece de respaldo normativo.
Esta postura pone de manifiesto la situación de alegalidad en la que se encuentra el ejercicio del derecho de huelga por parte de jueces y magistrados.
La convocatoria fue notificada al CGPJ el pasado 18 de junio por entidades como la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, solicitando además la fijación de servicios mínimos.
Sin embargo, el Pleno del Consejo, en sesión extraordinaria celebrada el 26 de junio, respondió unánimemente que, como ya ha sostenido en acuerdos anteriores, el derecho de huelga en la Carrera Judicial no tiene amparo legal vigente, por lo que no procede reconocer la convocatoria ni establecer servicios mínimos.
El día 30 de junio, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes solicitó al CGPJ el envío de un listado diario con los nombres de los jueces y fiscales que secundaran el paro, con el objetivo de aplicar las correspondientes deducciones salariales.
No obstante, la Comisión Permanente se reafirmó en que el Consejo no tiene competencia para recabar datos de identificación en relación con una huelga que no ha sido reconocida como tal.
Asimismo, el CGPJ informó que no se han producido incidencias en los órganos judiciales que requirieran su intervención durante los tres días de paro. También hizo constar que los datos de seguimiento difundidos públicamente fueron facilitados por el Ministerio a partir de información recabada por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.
Con este posicionamiento, el CGPJ no solo insiste en la falta de base jurídica para la huelga judicial, sino que también evidencia un vacío normativo que continúa sin resolverse en el marco del poder judicial.
