Cerca de medio millar de abogados madrileños ya han iniciado los trámites para reclamar al Ministerio de Justicia los perjuicios económicos derivados de la huelga de jueces y fiscales de los días 1, 2 y 3 de julio.
Lo han hecho acudiendo al modelo de reclamación patrimonial elaborado por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), disponible tanto en su página web como en las salas de abogacía de las sedes judiciales.
Se trata de una iniciativa inédita en la abogacía institucional española, con la que el ICAM habilita a los profesionales para exigir compensaciones por los gastos sufridos ante la suspensión imprevista de vistas y juicios. Entre ellos, desplazamientos, alojamiento, reorganización de agendas o incluso pérdida de oportunidades procesales.
Hasta esta mañana, se habían descargado 389 modelos a través de la web del Colegio, y otros 20 se habían retirado en soporte físico en las sedes judiciales. La respuesta evidencia la magnitud del malestar entre los profesionales, así como la necesidad de dotarles de herramientas eficaces frente a decisiones administrativas con impacto directo en su actividad.
Fundamento legal y defensa institucional
El modelo de reclamación se basa jurídicamente en el artículo 106.2 de la Constitución Española —que reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración— y en las leyes 39/2015 y 40/2015, del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico del sector público, respectivamente.
“La situación vivida es jurídicamente inaceptable”, ha declarado el decano del ICAM, Eugenio Ribón. “Respetamos el derecho a la huelga como forma de reivindicación de la independencia judicial, pero no puede ejercerse a costa de los derechos de la abogacía, sin información previa ni garantías mínimas”.
En la misma línea se ha expresado Javier Mata, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM y responsable de Defensa de la Abogacía: “No se puede normalizar que cientos de profesionales pierdan tiempo, recursos y oportunidades por decisiones administrativas mal comunicadas. Este modelo es un instrumento legítimo para defender la dignidad de la profesión”.
Además, el Colegio ha activado un canal específico para el seguimiento de incidencias y asistencia a los colegiados durante todo el proceso de reclamación.
Cifras del impacto: casi el 50 % de vistas suspendidas
Según datos recopilados por el propio ICAM, solo en la primera jornada de huelga (1 de julio) se suspendieron 461 de los 945 señalamientos previstos en los juzgados madrileños, lo que supone un 48,8 % de paralización. La incidencia fue especialmente elevada en los juzgados de lo social de las sedes de Princesa, Rosario Pino y Poeta Joan Maragall.
En al menos once sedes se habrían producido suspensiones sin comunicación previa, una circunstancia que vulnera el derecho de defensa de las partes y agrava aún más la situación.
Con esta acción, el ICAM reafirma su papel como garante de los derechos de la abogacía y su compromiso con una justicia funcional, previsible y respetuosa con el ejercicio profesional.
