El eurodiputado de «Se acabó la fiesta», Alvise Pérez, ha sido citado, junto al empresario Álvaro Romillo, alias «‘CryptoSpain», el próximo viernes por la mañana por el magistrado instructor de la causa, Julián Sánchez Melgar, miembro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para tomarle declaración por un supuesto delito de financiación ilegal.
La comparecencia tendrá lugar este viernes: Pérez a las 10:30 y Romillo una hora más tarde, ambos acompañados de sus abogados.
El origen del caso está en una transferencia de 100.000 euros que Romillo habría realizado a Pérez para financiar la campaña del partido Se Acabó La Fiesta (SALF) en las elecciones europeas del 9 de junio de 2024.
La investigación fue elevada al Supremo por el juez central de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, al constatar que el eurodiputado goza de aforamiento.
No es la primera vez que Pérez se sienta ante el Alto Tribunal. Ya lo ha hecho en dos ocasiones anteriores: una por difundir una prueba PCR falsificada atribuida al entonces ministro Salvador Illa, y otra por el presunto acoso a la fiscal de delitos de odio Susana Gisbert.
En declaraciones a la prensa tras su última visita al Supremo el pasado 20 de junio, Pérez ironizó sobre los fondos recibidos: “Poco me parece que me pagaran 100.000 euros por media hora de charla”, afirmó, sin negar el pago ni su destino.
El instructor considera que los hechos podrían encajar en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que castiga con penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses a quienes falseen las cuentas electorales o eludan los mecanismos de control económico exigidos a los partidos.
Además, la Sala de lo Penal aprecia indicios de delitos más graves. Señala que tanto Pérez, como administrador electoral, como Romillo, en calidad de donante por encima de los límites legales, podrían haber incurrido en estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.
El PSOE ha sido admitido como acusación popular en esta causa y podrá intervenir en los interrogatorios del viernes. El proceso avanza con todas las miradas puestas en el Supremo, que tendrá que determinar si detrás del fenómeno político de SALF hay algo más que ruido mediático.
