Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha lanzado una seria advertencia: las más de 17.000 plazas vacantes de agentes de la Benemérita está permitiendo que las mafias que trafican con personas actúen con creciente impunidad, especialmente en el archipiélago balear, convertido ya en una de las principales puertas de entrada de inmigración ilegal hacia España y Europa.
«La falta de personal no solo afecta a la vigilancia costera, sino también a la atención ciudadana, la seguridad vial y la lucha contra el tráfico de personas, lo que puede dañar gravemente la imagen no solo de las islas, sino del conjunto de España», afirma esta asociación.
Durante este verano, más de 3.200 personas han llegado en patera a las costas baleares, aprovechando la escasa vigilancia y la ausencia de recursos humanos y materiales suficientes.
Esta situación, lejos de ser casual, es, según JUCIL, «el resultado de una dejadez estructural que debilita el control fronterizo y refuerza las operaciones de las redes criminales».
Furgonetas de rescate y playas sin control: el nuevo mapa del tráfico ilegal
En lugares como S’Estanyol (Mallorca), se han detectado furgonetas esperando en la costa para recoger rápidamente a los migrantes y trasladarlos a otros puntos de la isla, evitando así a las fuerzas de seguridad.
Esta infraestructura criminal revela un alto nivel de organización y coordinación, que se ve favorecido por la ausencia de presencia policial efectiva en muchas zonas del litoral.
Ibiza y Formentera, focos sin cobertura suficiente
Las Pitiusas han emergido como puntos críticos. Solo en lo que va de año, más de 1.100 inmigrantes han llegado a bordo de 65 embarcaciones. En Formentera, donde han desembarcado 896 personas en 52 pateras, no existe una estación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).
A esta carencia se suma la imposibilidad de cubrir todas las plazas de agentes debido a la falta de alojamiento para los efectivos.
Una crisis previsible y desatendida
Para JUCIL, la situación no es nueva ni sorprendente. Llevan años advirtiendo de la necesidad de cubrir las miles de vacantes que arrastra la Guardia Civil. La situación se agrava en verano, cuando la población en las islas se multiplica y la presión migratoria se intensifica, dejando a los agentes sin capacidad real para hacer frente a una emergencia humanitaria, social y de seguridad.
“El problema no es solo migratorio, sino de seguridad nacional”, señalan desde la asociación.
La falta de personal y medios afecta también a la seguridad vial, la atención ciudadana y el control del delito organizado, generando una imagen de desprotección que trasciende a todo el territorio nacional.
Una llamada urgente a reforzar fronteras y dignificar el servicio
JUCIL exige una política migratoria firme y una dotación adecuada de recursos humanos y tecnológicos, sin la cual resulta imposible contener el fenómeno migratorio ilegal y proteger adecuadamente a los ciudadanos. “No se puede hablar de control de fronteras mientras se ignora la realidad sobre el terreno”, concluyen.
