El Partido Popular, que ejerce la acusación popular en el caso Koldo ante el Tribunal Supremo, ha rechazado tajantemente el recurso de Santos Cerdán —ex secretario de Organización del PSOE— para salir de prisión provisional.
Considera “inasumible” su alegato de ser víctima de una “causa general”, y le recuerda que esta no es una causa política, sino una investigación por presunta corrupción.
“La tesis sostenida de contrario no puede compartirse. Es inasumible”, afirma el escrito del PP, que cita el auto del magistrado instructor Leopoldo Puente, donde se apuntan “notabilísimos indicios” de criminalidad.
Los delitos atribuidos a Cerdán son graves: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
La fase de instrucción no exige prueba plena
El PP desmonta el núcleo del recurso de Cerdán, en el que, a juicio de los populares, pretende imponer los estándares probatorios del juicio oral en la fase de instrucción.
En palabras del escrito, no es necesario “alcanzar el pleno convencimiento” de la culpabilidad, sino que basta con la “apariencia” de responsabilidad en los hechos delictivos. Y en este caso, aseguran, los indicios son más que suficientes.
Una causa con pluralismo político
El intento de presentar esta investigación como una persecución por razones ideológicas también queda rebatido. El PP recuerda que el PSOE está personado en la causa ante la Audiencia Nacional, y que ADADE, asociación vinculada al mismo partido, forma parte de la acusación popular unificada ante el Supremo.
“Cerdán es un político, sí. Pero esta no es una causa política, es una causa de corrupción que afecta a políticos y no políticos por igual”, dice el escrito del PP.
Además, subraya que la acusación popular en esta causa es única, algo poco frecuente en procesos de este tipo, lo que —lejos de perjudicar— ha facilitado la estrategia de defensa de Cerdán, quien solo ha tenido que responder a una voz procesal unificada.
El silencio ante los audios
Otro de los puntos clave que refuerzan la acusación, según el PP, son las grabaciones del exasesor Koldo García. Cerdán, destacan, no negó su contenido durante su declaración ante el Supremo.
Se limitó a decir que podían estar descontextualizadas o incompletas. Sin embargo, reconoció como verídico su interés en la obra del Puente Centenario en Sevilla y admitió haber propuesto nombres para cargos en el Ministerio de Transportes.
Frente a la insinuación de que Koldo actuaba como un “agente encubierto”, el PP es tajante: considera esa teoría “ilusoria” y una maniobra para distraer la atención de los “indicios extraordinarios” que obran en la causa.
Vinculación con empresas adjudicatarias
El PP también alude al vínculo de Cerdán con la empresa Servinabar, adjudicataria de contratos públicos pese a su escasa capacidad técnica. Este vínculo, junto a otras adjudicaciones en Navarra con la empresa Acciona, refuerza para los populares la hipótesis de una red de intereses que debe investigarse a fondo.
«No se trata de una investigación prospectiva, sino de una causa con sólidos indicios de participación directa del señor Cerdán en los hechos investigados”, remarcan.
Riesgo de fuga y destrucción de pruebas
La acusación subraya que Cerdán podría entorpecer gravemente la investigación. Asegura que su papel no fue menor, sino central, y que por su conocimiento podría ocultar pruebas o dificultar el rastreo del destino de las supuestas comisiones ilegales, tanto en España como en el extranjero.
A esto se añade, según el PP, un evidente riesgo de fuga, dado que ha cesado en todos sus cargos y no se le conocen bienes en territorio nacional.
“Nada puede confesar el inocente”
Por último, el PP descarta que la prisión preventiva tenga como objetivo forzar una confesión. “Nada puede confesar el inocente”, zanjan, y recuerdan que la colaboración con la Justicia —como la del empresario Víctor de Aldama— es una opción prevista y premiada por el ordenamiento jurídico.
Pero no se puede equiparar, advierten, a una estrategia de coacción.
En definitiva, el PP sostiene que la prisión provisional de Cerdán está plenamente justificada: no por su ideología, sino por el peso de los indicios y el riesgo que supone para la investigación una eventual puesta en libertad.
