El diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y responsable del turno de oficio, Juan Manuel Mayllo, identificó ayer con claridad los cinco grandes «agujeros negros» que siguen lastrando el sistema de justicia gratuita en España y que comprometen su funcionamiento y amenazan su sostenibilidad a medio plazo.
Mayllo, uno de los grandes especialista en el turno de oficio –fue presidente de la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno–, hizo estas declaraciones durante una conversación con Carlos Berbell, director de este diario, en el acto de celebración del día del turno de oficio y de la justicia gratuita. Los «agujeros negros» son estos:
1. Reformas sin medios: la trampa legal
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que exige acudir a vías extrajudiciales —como la mediación o la conciliación— antes de iniciar ciertos procedimientos judiciales, ha generado una paradoja: aunque el texto garantiza el acceso a estas vías también para quienes cuentan con asistencia jurídica gratuita, no determina quién debe costear a los profesionales que intervienen, ni asegura la existencia de servicios públicos suficientes.
“Sin financiación, lo que debería ser un avance se convierte en una trampa para los más vulnerables”, advirtió Mayllo.
2. Fragmentación territorial: un mapa sin coordenadas
La descentralización competencial, unida a la implantación de los nuevos tribunales de instancia, ha acentuado la descoordinación entre territorios.
La falta de un marco estatal provoca dudas sobre la retribución de los abogados que actúan fuera de su Comunidad, sobre la validez de sus designaciones o sobre la gestión administrativa de sus intervenciones.
Mayllo reclamó una ley estatal de justicia gratuita, que armonice baremos, criterios y financiación. La actual normativa, anclada en la Ley 1/1996, ha quedado desfasada ante la evolución judicial y tecnológica de las últimas décadas.
3. Saturación en los juzgados de violencia de género
El tercer foco de tensión está en los juzgados de violencia sobre la mujer, desbordados tras la ampliación de competencias a delitos como el acoso sexual. El exceso de carga ha diluido la especialización de estos órganos, con una respuesta institucional cada vez más lenta y menos eficaz para las víctimas.
“Unificar competencias no siempre mejora el sistema; a veces lo desborda”, alertó Mayllo, advirtiendo que la complejidad procesal puede desincentivar la denuncia.
4. Impagos estructurales: el precio de cumplir
Algunas actuaciones esenciales, como los incidentes de nulidad, siguen sin retribuirse. A ello se suman errores administrativos o devoluciones internas que pueden dejar sin pagar la totalidad de las guardias de un año completo.
“Quien cumple con su obligación puede quedarse sin cobrar un solo euro. ¿Cómo puede sostenerse un sistema así?”, cuestionó el representante del ICAM.
5. Falta de reconocimiento institucional
El último punto, tan simbólico como estructural, es la falta de comprensión institucional del funcionamiento real del Turno de Oficio. Aunque Mayllo reconoció avances —como la actualización de baremos, la remuneración de nuevas actuaciones y los suplementos por festivos—, denunció que los colegios profesionales siguen asumiendo cargas impropias, duplicidades y demoras para evitar el colapso.
“No podemos vivir solo de la vocación. El Turno necesita respeto institucional, seguridad jurídica y una reforma profunda que lo saque del olvido”, concluyó el abogado.
