En las últimas semanas, el Senado de Estados Unidos ha encendido las alarmas al solicitar una revisión de los acuerdos de inteligencia con España, motivado por los contratos del gobierno de Pedro Sánchez con Huawei para gestionar escuchas telefónicas autorizadas judicialmente.
Un capítulo más del largo contencioso de Estados Unidos con nuestro país por el uso en determinados sectores de equipos Huawei.
Esta petición, firmada por figuras como el senador Tom Cotton, argumenta que la compañía china, supuestamente vinculada al Partido Comunista Chino (PCCh), podría facilitar el espionaje y comprometer la seguridad de aliados de la OTAN.
Sin duda, este episodio resalta preocupaciones legítimas sobre el espionaje chino en el ámbito tecnológico, pero también revela una verdad incómoda: el espionaje es una práctica universal entre potencias, y este conflicto no es más que un capítulo en la guerra económica entre Estados Unidos y China, con Europa como posible rehén involuntario.
Ciertamente, hay evidencia sustancial de que China utiliza empresas como Huawei para fines de inteligencia.
Según algunas fuentes no confirmadas, informes del FBI habrían concluido que el equipo de Huawei podría interrumpir comunicaciones sensibles, incluso en instalaciones nucleares estadounidenses, y leyes chinas obligan a las compañías a cooperar con el gobierno en materia de seguridad nacional.
La crisis de Huawei, de largo recorrido, que se remonta a acusaciones de robo de propiedad intelectual y violaciones de sanciones, ha sido catalogada como un riesgo de espionaje global, con países como Reino Unido prohibiendo su tecnología 5G por temores de «puertas traseras» que permitan vigilancia encubierta.
En 2025, con Huawei produciendo chips avanzados, estos temores persisten, alimentados por casos como el veto propuesto por EE.UU. a cables submarinos con tecnología china.
No se puede negar: China espía, y Huawei ha sido un vector clave en esta estrategia, potenciando la influencia del Partido Comunista de China en infraestructuras críticas mundiales.
Sin embargo, afirmar que solo China practica el espionaje es una hipocresía flagrante.
NO SOLO ESPÍAN LOS CHINOS
Las revelaciones de Edward Snowden en 2013 expusieron el vasto programa de vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, que incluía la monitorización de comunicaciones de millones de ciudadanos y líderes aliados europeos, como Angela Merkel y otros jefes de Estado.
Programas como PRISM permitieron a la NSA acceder a datos de empresas estadounidenses como Google y Microsoft, espiando correos electrónicos, llamadas y actividades en redes sociales sin distinción de fronteras.
Incluso Francia, según filtraciones posteriores publicadas por Le Monde, habría realizado espionaje masivo a través de su Direction Générale de la Sécurité Extérieure.
Diez años después de Snowden, en 2023, expertos advertían que las agencias de inteligencia estadounidenses siguen recolectando datos masivos, empujando a empresas a encriptar servicios pero sin frenar la esencia del problema.
Todos los países espían: Rusia con sus ciberataques, Israel con Pegasus, y hasta aliados de EE.UU. como el Reino Unido en coaliciones como Five Eyes. La diferencia radica en quién controla la narrativa y las herramientas tecnológicas dominantes.
Este doble estándar se enmarca en una guerra económica más amplia entre Estados Unidos y China, donde el espionaje es a menudo una excusa para dominar el mercado tecnológico.
Desde 2018, la administración Trump inició aranceles punitivos contra productos chinos, escalando en 2025 a tasas de hasta el 125 % en algunos sectores, mientras China responde con medidas simétricas. Huawei fue la primera gran víctima, añadida a la «Entity List» estadounidense para restringir su acceso a chips y software, no solo por seguridad, sino para frenar el ascenso chino en 5G e IA.
En 2025, con acuerdos para reducir aranceles temporalmente al 30 %, la tensión persiste: EE.UU. ha impuesto controles para limitar las capacidades de producción de chips de Huawei, mientras China acelera su autosuficiencia en semiconductores, apuntando a un 75 % de producción doméstica.
Esta estrategia no busca solo seguridad, sino redirigir flujos comerciales: al presionar a aliados para vetar Huawei, EE.UU. beneficia a sus empresas como Cisco o Qualcomm, desviando suministros hacia proveedores estadounidenses.
Europa, atrapada en medio, está siendo arrastrada al conflicto.
La Unión Europea (UE) ha visto cómo aranceles estadounidenses al acero, aluminio y autos afectan sus exportaciones, mientras una «avalancha» de productos chinos baratos, impulsados por la guerra comercial, inunda el mercado europeo.
PRESIÓN SOBRE ESPAÑA
Países como España, con contratos de larga data con Huawei por su eficiencia y bajo costo, enfrentan presiones para romperlos, lo que podría elevar precios y retrasar despliegues tecnológicos.
La UE no quiere quedar como rehén: mientras impone sus propias restricciones a tecnología china por subsidios desleales, advierte que aranceles universales de Trump (mínimo 10%) podrían costar a los hogares europeos miles de euros al año en inflación y desempleo.
En este contexto, el impacto laboral en China, con millones de empleos en riesgo, podría exportar inestabilidad económica global, afectando cadenas de suministro europeas.
En tiempos de aranceles al alza y amenazas constantes, la demanda estadounidense de revisar acuerdos con España parece difícilmente de recibo.
En el fondo, pretende no solo mitigar riesgos de espionaje —válidos, pero universales—, sino desviar una buena parte de los suministros tecnológicos hacia Estados Unidos, fortaleciendo su hegemonía económica a expensas de la soberanía europea.
Europa debe navegar con cautela esas aguas: invertir en alternativas independientes, como sus propios campeones tecnológicos, en lugar de ceder ante presiones que disfrazan rivalidad comercial de seguridad nacional.
Habría que hacer una reflexión en este punto: al final, el problema con Huawei es de largo alcance y no se concentra solo en el área de inteligencia, extendiéndose a dominios como la soberanía digital, la innovación en IA y la dependencia en infraestructuras críticas.
Pero precisamente porque las decisiones tecnológicas que se tomen pueden afectar a un área tan sensible como la seguridad nacional —que políticamente pertenece estrictamente a los Estados Miembros y no a la Unión Europea, según el Tratado de Lisboa que reserva competencias exclusivas en defensa e inteligencia a los gobiernos nacionales—, es necesario que la concertación política funcione al máximo.
Los gobiernos europeos deben ser capaces de entender que Europa necesita crear su propia base tecnológica en inteligencia, impulsando iniciativas como el Plan de Acción AI Continent de la Comisión Europea, con inversiones cuantiosas para liderar globalmente en IA, o proyectos de autonomía estratégica que fomenten la independencia en chips y computación cuántica.
De lo contrario, quedará inexorablemente sometida al albur de las grandes potencias, como Estados Unidos y China, que dictan las reglas del juego tecnológico.
Al final, en un mundo donde todos espían (espiamos), la verdadera amenaza no es sólo Huawei, sino la erosión de la cooperación global en pos de intereses unilaterales.
