La figura de los facilitadores judiciales se encuentra regulada únicamente en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en menos de un año de vida, esta figura ha conseguido ayudar a más de 130 personas con discapacidad en sus procesos judiciales. Un servicio público y gratuito que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la región, Miguel Ángel García Martín, espera que imiten otras administraciones.
«Hoy damos un paso más para que los madrileños con algún tipo de discapacidad puedan acceder y participar en los procesos judiciales en condiciones de plena igualdad».
Con estas palabras, García Martín presentaba a los primeros 152 facilitadores judiciales de España, el pasado septiembre de 2024. Un paso con el que la Comunidad de Madrid se convertía en la pionera de formalizar legalmente esta figura de acompañamiento.
Facilitadores que, menos de un año después, ya han asistido a más de 130 personas con discapacidad en Madrid.
«La Comunidad de Madrid es pionera en España en regular la figura del facilitador judicial. Esperamos que otras administraciones sigan el camino iniciado», asegura el consejero a Confilegal. «Se trata de una iniciativa más de este Gobierno para avanzar hacia una Justicia más cercana y accesible».
Plan pionero de la Comunidad de Madrid cuyo funcionamiento es sencillo. «Fundamentalmente, es entender y ser entendido» explica María Jesús Juárez Lozano, coordinadora de la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) y facilitadora judicial.
«La función principal del facilitador es determinar e informar a los operadores jurídicos de los ajustes que la persona con discapacidad necesitaría en el procedimiento en el que interviene, para acceder y participar en el mismo en condiciones de igualdad», explica a Confilegal.
Los facilitadores judiciales eliminan barreras del acceso a la Justicia
Un acompañamiento que está enfocado a todas las personas con discapacidad, sin distinción. «La discapacidad es tan amplia y múltiple, que no es extraño que en una persona puedan coincidir diferentes discapacidades«, valora Juárez Lozano. Una razón por la que, durante la creación de esta figura, se apostó por que cubriera todas las necesidades, no únicamente las de personas con discapacidad intelectual y para el desarrollo.
«Los casos más desafiantes han sido aquellos en los que las personas a asistir presentan un mayor grado de discapacidad. Y aquellos en los que debido a la naturaleza del delito cometido o a las personas que presuntamente los cometió. Nos encontramos con víctimas muy dañadas que no quieren ni oír hablar del procedimiento judicial«, lamenta la experta.
Algo ante lo que la Comunidad de Madrid eliminaba las barreras físicas del acceso a la Justicia. Y ante lo que ahora se busca luchar con las barreras «actitudinales y de conocimiento».
«La figura del facilitador es muy nueva, por lo que todavía es desconocida para muchos operadores jurídicos», recuerda Juárez. Sin embargo, «ha sido muy bien recibida por todas los profesionales de la justicia porque es un recurso muy útil y necesario».
«Cada vez son más las peticiones que se reciben por parte de los órganos judiciales y de la fiscalía para que estas personas vayan acompañadas de facilitadores», celebra.
Un éxito en el que se sigue trabajando. «Estamos muy en contacto con las asociaciones y entidades más representativas de las personas con discapacidad. Ello, para realizar el seguimiento en la implementación de los facilitadores con el fin de detectar y corregir deficiencias», asegura.
