Dos mujeres, dos países, y una misma acusación infamante: haber nacido hombres. En ambos casos, el objetivo es el mismo: erosionar la imagen pública de las esposas de dos presidentes en ejercicio —Pedro Sánchez y Emmanuel Macron— a través de rumores transfóbicos que no resisten el mínimo contraste informativo. La diferencia está en cómo reaccionan los sistemas jurídicos.
España: vía penal contra la calumnia, pero también civil
En noviembre de 2022, la tertuliana Pilar Baselga, colaboradora habitual en programas de televisión de ultraderecha, afirmó en Distrito TV que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, “nació como Begoño” y que estaba vinculada con redes de narcotráfico en Marruecos.
“Nuestra querida primera dama, bueno segunda dama porque la primera es la reina, me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera ‘Begoño’. Esta esposa del presidente o esposo viene de una familia de tradición de saunas gays, esto hay que decirlo”, dijo Baselga.
El presentador, Eurico Campano, no solo no frenó esas afirmaciones, sino que las respaldó públicamente como “archipublicadas”: “Eso está publicado. También está publicado, no logro recordar en qué medios más alternativos, evidentemente, que eh…lo primero que…nada más llegar a la Moncloa Pedro Sánchez, ‘Begoño’ fue inmediatamente nombrado Director de un Máster de la Complutense. Después empezó a trabajar para un instituto de empresa con un programa con África, y resulta que ahí le tendieron una trampa, o vaya uno a saber, y la han involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos (…) Y, por lo visto, los servicios secretos marroquíes tienen las pruebas de que Begoña Gómez está involucrada, estaría, estaría involucrada en temas de narcotráfico en Marruecos”.
Ante este ataque directo, Begoña Gómez optó por presentar, en marzo de 2023, una querella criminal por injurias y calumnias, solicitando además una indemnización de 100.000 euros y una rectificación pública. La querella, admitida a trámite por los juzgados de Madrid, se encuentra aún en fase de instrucción.
En abril de 2024, Pilar Baselga se acogió a su derecho a no declarar. Campano compareció ante el juez, pero se deslindó de toda responsabilidad. La causa sigue abierta.
Begoña Gómez optó por la vía penal. También podría haber optado por la vía civil para solicitar reparación del daño invocando la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
La ley detalla cuándo se considera que hay una intromisión ilegítima, como por ejemplo imputar hechos falsos que afecten al honor o reputación.
La diferencia entre la vía penal y la civil reside en que en la primera puede conllevar multa, indemnización y hasta dos años de cárcel (calumnias con publicidad, artículo 206 del Código Penal); la segunda implica indemnización económica, rectificación y publicación de la sentencia. No hay pena de cárcel.
Francia y EE.UU.: la demanda civil transatlántica
El caso de Brigitte Macron tiene mucho paralelismo con el de Begoña Gómez. La primera dama francesa ya había ganado en 2024 una causa similar en Francia contra dos personas que lanzaron el mismo bulo, aunque el recurso de apelación anuló parcialmente la sentencia.
Pero se reprodujo al otro lado del Atlántico. En Estados Unidos. Allí, a comienzos de 2025, la «influencer» ultraconservadora conservadora estadounidense Candace Owens lanzó una serie por su canal de Youtube titulada «Becoming Brigitte» (Convertirse en Brigitte) en la que difundió —sin prueba alguna— que Brigitte Macron es en realidad Jean-Michel Trogneux, nacido varón, y que Emmanuel Macron mantenía con ella una relación incestuosa.
Fueron 8 capítulos, con introducción y epílogo, de una duración media de entre 20 minutos y 1 hora y 2 minutos, que tuvieron entre 2,1 y 4,6 millones de espectadores. Todos ellos se pueden ver con subtítulos en francés y en español.
Apuntaba a una supuesta operación encubierta de control mental de la CIA (MKUltra). Un disparate.
Los Macron se terminaron por cansar y el 23 de julio pasado interpusieron una demanda civil por difamación ante el Tribunal Superior de Delaware (EE.UU.). Solicitaron un juicio con jurado, compensación económica por los daños sufridos y, lo que es más importante, una sentencia que deje claro que la libertad de expresión no ampara la mentira deliberada.
En EE.UU., sin embargo, el reto legal es mayor.
La clave jurídica: el estándar de “malicia real”
El caso Macron está condicionado por la doctrina establecida en el caso New York Times Co. contra. Sullivan (1964), donde la Corte Suprema de EE.UU. estableció que una figura pública solo puede ganar una demanda por difamación si prueba “actual malice” (malicia real o dolo específico, como se le denomina en España), es decir, que el autor sabía que la información era falsa, o que actuó con temerario desprecio por la verdad.
Este estándar se diseñó para proteger la libertad de expresión frente a represalias del poder político, pero también ha servido de escudo para la desinformación intencionada, como evidenció el reciente caso de Dominion Voting Systems contra Fox News (2023), donde la cadena tuvo que pagar 787 millones de dólares tras demostrarse que difundió mentiras sabiendo que lo eran.
En este contexto, la estrategia jurídica de los Macron es ambiciosa, pero no imposible. Si logran demostrar que Owens actuó con conocimiento de la falsedad o sin mínima diligencia informativa, podrían sentar un precedente clave sobre los límites legales de la desinformación digital.
Discursos transfóbicos como arma política
Ambos casos, tanto el de Begoña Gómez como el de Brigitte Macron, reflejan un fenómeno común: la manipulación de discursos transfóbicos como arma política contra mujeres visibles en la esfera pública.
Pero también ponen a prueba la solidez del Estado de Derecho ante los excesos de la posverdad. Mientras en España la querella penal aún avanza lentamente, en EE.UU. los Macron enfrentan un sistema jurídico que exige mucho más para sancionar la mentira.
La justicia tendrá la última palabra. Pero el mensaje es claro: la libertad de expresión no puede ser utilizada como coartada para destruir la dignidad ajena.
