Dos trabajadores del departamento de informática del Senado, despedidos tras supuestos accesos no autorizados a sistemas internos, han presentado recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
Su defensa, dirigida por la firma Administrativando Abogados, sostiene que la sanción fue desproporcionada y vulneró principios básicos del derecho disciplinario.
Los hechos que desencadenaron el conflicto
En mayo de 2025, la Mesa del Senado despidió a dos informáticos por presuntos accesos no autorizados a portales de firma electrónica y correos de senadores.
Lo que inicialmente se presentó como un posible caso de espionaje parlamentario, quedó después reducido a accesos a portafirmas de personal administrativo y técnico, sin vulneración de comunicaciones ni documentos de senadores.
La sanción se impuso al amparo del artículo 34.3 apartado c) del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Senado, por la supuesta comisión de falta muy grave de «fraude, deslealtad y abuso de confianza» (artículo 33.4 a del mismo Convenio).
La escalada sancionadora que cuestiona la defensa
Antonio Benítez, socio director de Administrativando Abogados, explica el núcleo de su recurso: mientras el instructor del expediente propuso inicialmente una suspensión de empleo y sueldo por tres meses, la letrada mayor elevó la sanción al despido «sin que hubiera habido hecho nuevo alguno, ni practicado nuevas diligencias instructoras».
Esta imposición, argumenta la defensa, resultó «arbitraria y desproporcionada», vulnerando los principios de seguridad jurídica, legalidad, tipicidad y proporcionalidad que rigen todo procedimiento disciplinario.
Filtración mediática y daño reputacional
Uno de los aspectos más controvertidos del caso fue la filtración a medios de comunicación de documentos confidenciales del expediente sancionador.
Los trabajadores se enteraron de su despido por la prensa, que publicó sus iniciales y reveló que eran matrimonio, «agravando su exposición mediática», según denuncia su defensa.
La narrativa mediática evolucionó desde un supuesto «espionaje» hasta una motivación personal para acceder a un puesto de promoción, versiones que la defensa califica como falsas.
El proceso judicial en marcha
El recurso, presentado hace dos semanas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, impugna el Acuerdo de 22 de mayo de 2025 de la Mesa del Senado.
Los abogados aguardan ahora la remisión del expediente administrativo para presentar la demanda formal.
Benítez Ostos anticipa que el procedimiento demostrará «que ninguna infracción fue cometida por los trabajadores», y que la sanción de despido «ha de reputarse nula o en su defecto anulable por no ajustarse a derecho».
La resolución judicial determinará si la actuación de la Mesa del Senado se ajustó a los procedimientos establecidos o si, como sostiene la defensa, se vulneraron garantías fundamentales en un caso que comenzó con acusaciones de espionaje y terminó en despidos que los afectados consideran injustificados.
