Opinión | CDL: La ‘Adjudication’ o cómo Inglaterra y Gales reinventó la justicia sin tribunales (y III)

Josep Gálvez, abogado español y «barrister» en las Chambers de 4-5 Gray’s Inn Square de Londres, completa con esta tercera entrega la explicación de lo que es la figura de la «Adjudication» en el Reino Unido, alienígena al sistema de justicia español. Imagen: JG.

29 / 07 / 2025 05:40

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A finales de los años setenta, en el corazón de Westminster, se descubrió que el sistema de votación electrónica de la Cámara de los Comunes, aún en fase experimental, había sido saboteado por un grupo de diputados muy escépticos con las modernidades que iban a traer los años venideros.

El nuevo mecanismo, un primitivo conjunto de sensores y luces,  pretendía nada menos que reemplazar el tradicional desfile de los diputados por el vestíbulo del parlamento para soltar su ‘aye’ o ‘nay’, es decir, emitir los votos a viva voz delante de todo el personal.

¿La razón de su fracaso?

Pues según las crónicas recogidas por The Times, los diputados aludían a una razón cultural: el sistema eliminaba el ritual del ‘division lobby’, que servía no sólo para votar, sino para negociar, presionar, o simplemente ser visto.

Por tanto, no era tanto la falta de eficacia, sino la fría mecanización, lo que ofendía a sus señorías.

Pero en el derecho privado, y más aún en el mundo de la construcción, esa indulgencia teatral de la política tiene bastante menos recorrido.

Porque lo que en el parlamento británico es ceremonia, pompa y circunstancia, en las obras es coste en vena.

El tiempo no es solo oro: es penalización, es demora y finalmente puede derivar en insolvencia.

Por eso, cuando el juez Coulson marcó el paso con su sentencia en el caso Grove y S&T, lo hizo como un general cansado de ver cómo los soldados discutían el mapa mientras se hundía el puente.

Pero en una jurisdicción que se precia de controlar el precedente con mano de hierro, hacía falta una confirmación de altura.

Así llegó el tema a la ‘Court of Appeal’, con su tono más distante, más técnico y, a diferencia del sistema electrónico de Westminster, aceptada por todos.

Esta tercera entrega, pues, exploraremos cómo los lores de la apelación se enfrentaron al mismo dilema: si un sistema diseñado para la celeridad puede sobrevivir a quienes, con triquiñuelas, pretenden volver al paso cansino de la vieja justicia ordinaria.

CHOQUE DE ALEGACIONES ANTE LA ‘COURT OF APPEAL’

Pues efectivamente, la sentencia dictada por Mr Justice Coulson no disolvió el conflicto, sino que lo afiló.

Grove Developments Ltd, derrotado en su intento de evitar el pago ordenado por la primera ‘adjudication’, decidió escalar el pleito ante la ‘Court of Appeal’.

La cuestión planteada se repetía ahora en la instancia superior: ¿puede una parte instar una segunda ‘adjudication’ para discutir el valor real de los trabajos sin haber pagado el importe decretado en la primera resolución?

Para ello, Grove afirmaba que el fallo del juez Coulson poco menos que distorsionaba el marco legislativo británico.

En su opinión, nada en el derecho inglés prohibía instar una nueva ‘adjudication’ para discutir el valor de las obras simplemente por haber incumplido un deber formal anterior.

El sistema debía permitir, decía, que incluso quien ha permanecido en silencio pueda, en paralelo o con posterioridad inmediata, impugnar el valor real de lo reclamado sin tener que pagar antes.

No hacerlo supondría petrificar una cantidad desproporcionada e injusta.

Grove insistía además en que su posición no atentaba contra la finalidad práctica de la ‘adjudication’, sino que la preservaba.

Y es que, según alegaba, el mecanismo estaba diseñado para favorecer la circulación de pagos en la industria de la construcción, no para blindar pagos erróneos o desproporcionados.

A su juicio, condicionar la revisión al pago previo, sin margen ni escalón procesal, podía convertir la herramienta en un instrumento de enriquecimiento injusto.

Y lógicamente, S&T (UK) Ltd respondió con una argumentación radicalmente distinta.

La clave, decían, no estaba en si Grove podía en abstracto cuestionar el ‘true value’ (el valor efectivo de lo ejecutado), sino cuándo y cómo.

Según ellos, la lógica del sistema se basa en el principio “pague ahora y discuta luego”, piedra angular de la ‘adjudication’.

Permitir que quien no paga pueda cuestionar sin más el importe validado en la primera resolución supondría trivializar su efecto ejecutivo.

La ‘adjudication’ no sería ya una decisión de cumplimiento ultrarrápido, sino un trámite opcional previo a la verdadera batalla judicial en las trincheras y con el barro hasta la rodillas.

Más aún, S&T subrayó que aceptar el enfoque de Grove crearía un incentivo perverso para los deudores, que seguro haría las delicias a más de uno en España.

Y es que bastaría con guardar silencio y dejar que la ‘adjudication’ inicial impusiera el pago íntegro, para luego lanzar una segunda ‘adjudication’ que frenaría el cumplimiento, escudándose en la supuesta falta de proporcionalidad del primer importe.

En otras palabras: la negligencia procesal devendría en privilegio táctico.

Y eso, en un sistema pensado para castigar la pasividad y premiar la diligencia, sería abrir la puerta a la descomposición del sistema.

Ambas partes apelaban, en el fondo, a visiones opuestas de la justicia contractual.

No se discutía ya un pago concreto, sino la misma arquitectura del sistema.

La ‘Court of Appeal’ se encontraba así ante una disyuntiva difícil, centrando la mirada de todo el sector de la construcción bajo derecho inglés, que no es precisamente poco.

LA DECISIÓN DE LA ‘COURT OF APPEAL’

La sentencia de la ‘Court of Appeal’ dictada en noviembre de 2018, con Lord Justice Jackson como voz principal, no fue una simple revisión técnica de lo ya resuelto por Coulson.

Fue, en realidad, una afirmación solemne de los principios cardinales que sostienen la ‘adjudication’ inglesa.

A diferencia de tantos sistemas continentales que vacilan entre la protección del crédito y la compasión por el moroso, los jueces de apelación británicos prefirieron el látigo de la lógica a la caricia procesal.

Confirmaron que el contratista que guarda silencio y se le pasa el plazo para hablar, debe entonces pagar.

Y pagar ya, antes de discutir lo que se ha pagado.

Sin excepciones. Sin MASC. Sin rollos.

Pague.

La ‘Court of Appeal’ lo dejó clarinete:

El cumplimiento de las obligaciones no puede subordinarse a cálculos a posteriori sobre el valor real”.

Y es que ni el mercado ni la ley toleran que el que calla luego pretenda litigar como si no hubiera pasado nada.

En una arquitectura argumental casi cartesiana, los jueces de apelación distinguieron claramente dos planos.

Por un lado, el de las consecuencias de quien guarda silencio dentro del plazo para oponerse y que activa el pago obligatorio de la ‘adjudication’.

Y, por el otro, el de la valoración de lo ejecutado, que puede discutirse, sí, pero sólo después de haber pagado.

El sistema de ‘adjudication’ no está pensando para que el contratista moroso juegue con los tiempos del proceso.

Al contrario, es un mecanismo de disciplina económica, que premia la diligencia y castiga a quien se quiere escaquear.

El proceso no es sólo un trámite; es la frontera entre la legitimidad y la picaresca.

Ojalá esto se entendiera un poquito en otros lares.

La sentencia también desinfló una segunda línea de ataque planteada por Grove: la idea de que permitir una segunda ‘adjudication’ inmediata sobre el valor no supondría vaciar de contenido la decisión anterior, sino simplemente habilitar una revisión lógica y coherente.

No es una revisión lo que se pretende«, razonó Lord Jackson, sino la suspensión encubierta de una decisión vinculante.

Desde el punto de vista institucional, esta sentencia de la ‘Court of Appeal’ no sólo consolidó el valor de la ‘adjudication’ como un instrumento rápido y eficaz, sino que la protegió frente a su banalización.

Y así es como los jueces ingleses no negaron a Grove su derecho a impugnar el valor del certificado, simplemente le exigieron pagar primero y hablar después.

Esa fue la revolución.

De hecho, el eco de esta sentencia aún retumba en las aulas de los cursos sobre derecho de la construcción, en las ponencias de la Society of Construction Law y en los despachos de quienes redactan o impugnan certificaciones.

Porque dejó claro algo que trasciende al caso concreto: la ‘adjudication’ no es una recomendación, ni un ensayo, ni una opción moral.

Es un sistema de cumplimiento inmediato.

Y si alguien esperaba una excepción, que se vaya acostumbrando al estilo británico.

Puntual, firme y sin rodeos.

En fin, pues con este asunto me despido de todos ustedes hasta después de las vacaciones veraniegas.

Hasta entonces, mis queridos anglófilos.

Josep Gálvez es «barrister» en las Chambers de 4-5 Gray’s Inn Square en Londres y abogado español. Está especializado en litigios comerciales complejos y arbitrajes internacionales. Interviene ante los tribunales de Inglaterra y Gales, así como en España, y actúa también como ‘counsel’ y árbitro en disputas internacionales en las principales instituciones de arbitraje.

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