“Se acabó la justicia interina y las soluciones a medias”, explica Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia. En plena revolución del sistema judicial español —con tribunales de instancia, digitalización y miles de nuevas plazas en marcha—, Olmedo defiende el proceso excepcional para estabilizar a los 1000 jueces sustitutos.
Su mensaje es tajante: “Después de 190 años, la Justicia no puede seguir funcionando como en 1832”. Y no se anda con rodeos: “Los jueces sustitutos no van a entrar en la judicatura por la puerta de atrás».
Esta entrevista tuvo lugar el pasado martes por lo que fue anterior a la polémica que ayer protagonizó el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con un comunicado en el que afirmaba que «Sólo 1 juez y 28 fiscales hicieron huelga en julio«, en los tres días del pasado mes.
A lo que las cinco asociaciones convocantes (tres de jueces y dos de fiscales) contestaron con rotundidad acusando a la cartera que dirige Félix Bolaños de «propaganda» y «manipulación» por no haber descontado de los salarios de los huelguistas los tres días que hicieron paro. Uno de los motores que impulsaron esa huelga fue precisamente la decisión del Ministerio seguir adelante con dicha estabilización.
Por ello, esta polémica posterior no formó parte de la entrevista.
Quien conoce a Olmedo sabe que el secretario de Estado de Justicia no es hombre de confrontaciones. No va en su ADN, pero si tiene que afrontarlas, tampoco las rehuye. Pero con mucha educación.
Prefiere siempre hablar en positivo de las cosas que están ocurriendo.
«El 1 de agosto se cumplirá un mes del comienzo de la implantación de los tribunales de instancia. Es la mayor transformación de la justicia española en casi dos siglos», enfatiza con convencimiento al comienzo de la entrevista.
Con él trae tres folios llenos de datos, con todo lujo de detalles sobre lo que el Ministerio está haciendo y que no trasciende mucho. Porque, ya se sabe, que un Ministerio haga bien su trabajo es publicidad, no es noticia. Ya lo decía George Orwell, el periodismo consiste en «publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas».
Olmedo es consciente de ello, pero no ceja en su convencimiento de que hay que explicar las cosas. Porque se cree su papel de servidor público y es su obligación.
La Ley 1/2025 de Eficiencia Organizativa es el gran proyecto de esta legislatura en Justicia. ¿En qué punto se encuentra su aplicación?
Puedo decir con satisfacción que estamos cumpliendo escrupulosamente el calendario previsto para la transformación de la Justicia, un esfuerzo en el que colaboran el Ministerio, las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, los funcionarios y los sindicatos que firmaron el acuerdo del 8 de enero, lo que ha permitido trabajar en un clima de estabilidad.
Y esto quiero subrayarlo, porque detrás de esas palabras hay mucho trabajo silencioso de miles de personas.
En estos meses se han puesto en marcha 315 nuevos tribunales de instancia (fase 1), con 487 nuevas relaciones de puestos de trabajo que afectan a unos 9.000 funcionarios y 1.700 letrados. También se han aprobado normas importantes: dos reales decretos, uno de ellos para crear 42 nuevas plazas judiciales y 42 fiscales especializados en violencia de género, y otros puestos dedicados a la protección de menores.
Entre 2025 y 2027 se prevé crear 2.440 nuevas plazas de jueces y fiscales.
Además, se han adaptado edificios, diseñado protocolos de funcionamiento, modernizado sistemas informáticos y formado al personal. Todo ello forma parte de un plan para modernizar y reforzar la Justicia.
Y esto ha sido posible gracias a los 410 millones de euros de los fondos europeos; 325 de ellos fueron directamente a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas o gestionados por el Ministerio en proyectos País.
Las Comunidades Autónomas con competencias transferidas bajo el gobierno del Partido Popular, las que le dieron el plantón en Barcelona al ministro, afirman que esos 410 millones de los fondos Next Generation no entraban en este proceso de reorganización y que precisan más dinero…
La clave para reorganizar los juzgados en tribunales de instancia está en la digitalización. Todo depende del expediente judicial electrónico, que permite gestionar los casos sin papel. Las Comunidades que no lo tenían han recibido fondos para desarrollarlo y las que ya contaban con él, para adaptarlo.
Esta modernización, financiada con fondos europeos, supondrá en los próximos diez años un ahorro de 355 millones de euros. Por eso, lo importante ahora es usar bien esos fondos y lograr un sistema digital de justicia a la altura de lo que necesita la ciudadanía.
El tribunal de instancia permite repartir mejor los asuntos y eso se traduce en más agilidad. En San Javier, en Murcia, donde hemos realizado uno de los cuatro pilotos, ya hemos comprobado en el primer mes un incremento del 10% en la resolución de monitorios respecto al mismo periodo del año anterior. Es solo un mes, no podemos generalizar todavía, pero es un indicio de lo que se viene.
¿Ve voluntad de cooperación en esas Comunidades?
Sí. Más allá de las diferencias políticas, hay un trabajo conjunto. Todas, también las gobernadas por el PP, están cumpliendo los plazos. Esta reforma no tiene color político: es de país.
¿Son ustedes conscientes de que en 2030 se jubila un tercio de la carrera judicial, formada por 5.500 jueces y magistrados? Estamos hablando de 1.833 personas…
Lo tenemos calculado. Con esta ley vamos a tener, cada año, entre 2025 y 2027, convocatorias de 360 plazas de opositores. De ahí nuestra celeridad con la tramitación de esta ley. Jamás en la historia ha habido tres años consecutivos con 360 plazas. Es una oportunidad histórica.
Si aprobamos la Ley de Ampliación y Fortalecimiento en noviembre se convocarán esas primeras 360 plazas. En total, en ese trienio, entre el cuarto turno y el proceso de estabilización de los jueces sustitutos podremos convocar las 2.440 plazas de jueces y fiscales de las que le hablaba antes. Nunca se había hecho algo así.
¿Por eso han optado por la vía de urgencia para su tramitación?, algo que, por cierto, ha sido ampliamente criticado.
Es que no había otra. Si no actuábamos así el déficit será enorme. Esta ley no está improvisada: muchas de sus medidas llevan más de 20 años en debate.
Para que nos entendamos, ¿por qué es tan importante esta transformación que ustedes empujan basada en los tribunales de instancia?
Porque con los tribunales de instancia cambia la forma de trabajar. Con el modelo anterior, cada vez que querías reforzar un partido judicial tenías que crear un juzgado completo: lo que implicaba local y funcionarios. Cada uno de esos nuevos juzgados costaba medio millón de euros.
Ahora podemos crear plazas donde se necesiten a un costo mucho menor. Esto nos permitirá reducir cargas de trabajo y acelerar los tiempos de respuesta. Es una reforma estructural muy ambiciosa.
Las carreras judicial y fiscal llevan años reclamando más efectivos.
Y tienen razón. España tiene menos jueces por habitante que la media europea. Los tribunales de instancia nos dan la herramienta para aumentar el número de plazas sin los costes que tenía antes.
«Con los tribunales de instancia cambia la forma de trabajar. Con el modelo anterior, cada vez que querías reforzar un partido judicial tenías que crear un juzgado completo: lo que implicaba local y funcionarios. Cada uno de esos nuevos juzgados costaba medio millón de euros. Ahora podemos crear plazas donde se necesiten a un costo mucho menor».
¿Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos –o adecuados y de controversias, como se llaman ahora–, están funcionando?
Es muy pronto para evaluar. Es verdad que justo antes del 3 de abril, cuando entraron en vigor, hubo una avalancha de demandas para evitar el nuevo sistema, algo parecido a lo que pasó cuando se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2001.
Eso distorsiona las cifras. Vamos a necesitar más tiempo para medir su efecto real. Pero estoy convencido de que van a descargar a los tribunales.
Recientemente tanto el Colegio de la Abogacía de Madrid como la Asociación Española de Abogados de Familia han propuesto al Congreso suspender la Ley de eficiencia en procesos de Familia con menores implicados…
Estamos siguiendo muy de cerca cómo funciona este nuevo sistema. Hay opiniones diversas, todas respetables, y todas las estamos analizando.
No es extraño: se trata de un mecanismo novedoso que, en sus primeras fases, genera inquietud entre los profesionales. Nuestra posición es clara: vigilancia constante y disposición plena a corregir lo que sea necesario.
Si en el futuro hay aspectos que deban mejorarse, se hará. Sin excusas.
Otra de las novedades es la asunción, por parte de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, de la instrucción de todos los delitos contra la libertad sexual cometidos contra mujeres, incluso sin relación de pareja previa. Los magistrados de esos juzgados y después los jueces decanos, avisaron del peligro de colapso…
Su implantación lo exige el Convenio de Estambul. Todos los delitos de violencia contra la mujer, incluidas las agresiones sexuales, deben ser conocidos por órganos especializados. Hemos creado 42 nuevas plazas de jueces y otras 42 de fiscales para ello. Allí donde las cargas de trabajo eran bajas, hemos transformado algún juzgado de instrucción.
En un año volveremos a evaluar y, si es necesario, crearemos más plazas.
¿Y sobre el peligro de colapso?
Aquellas advertencias se hicieron sin los datos definitivos. Después hemos trabajado con el Consejo General del Poder Judicial y, con sus estudios en la mano, hemos ajustado el reparto. Además, hemos puesto, y pondremos refuerzos, siempre que haga falta. No vamos a permitir que se colapsen.
Otra de las quejas es la concentración de estos órganos en lugares distantes.
La comarcalización bien hecha está siendo un éxito. Históricamente teníamos una disyuntiva entre dar un servicio especializado o dar un servicio cercano. Y las dos cosas no podíamos. Porque, lógicamente, los entornos rurales y urbanos son muy diferentes.
Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, podemos no sé si superar completamente, pero sí mitigar esa disyuntiva y dar una atención especializada también a mujeres en el ámbito rural.
Gracias a la tecnología, una víctima puede declarar desde su municipio, desde la oficina de Justicia, desde un cuartel de la Guardia Civil o desde la cabecera del partido judicial. Ya no tiene que elegir entre especialización y cercanía: puede tener ambas.
Ha mencionado las oficinas de justicia, los antiguos juzgados de paz. ¿Cuál es su función ahora?
Han pasado a ser Oficinas de Justicia del Municipio. Antes solo hacían notificaciones. Ahora hacen mucho más: tramitan declaraciones de testigos, ratificaciones de divorcios, aceptación de cargos de perito, todo sin que el ciudadano tenga que desplazarse a la capital del partido.
En el primer mes ya se han hecho más de 6.000 gestiones de este tipo. Esto acerca la justicia a la gente.
«La Constitución dice que la carrera judicial configura un cuerpo único, motivo por el cual en los años 80 se incorporaron los jueces de distrito y los de la magistratura de trabajo a la carrera judicial. Fuera quedó solo la jurisdicción militar. Este escenario no se compadece con la propuesta a la italiana de Azparren».
Otra gran reforma es la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el nuevo papel del fiscal en la investigación penal. Muy contestada, por cierto, por la situación por la que está pasando el fiscal general del Estado.
Esto no es una idea de este Gobierno. Desde hace décadas en Europa la investigación de los delitos está en manos de la fiscalía. Lo que queremos es aumentar las garantías: el fiscal investigará, pero habrá un juez de garantías que supervisará cualquier medida que afecte a derechos fundamentales.
Y si hay dudas o recursos, el juez resolverá. La ley actual de Enjuiciamiento Criminal es del siglo XIX. Ya es hora de actualizarla.
El proceso de estabilización de los jueces sustitutos genera debate. ¿Van a entrar en la carrera judicial por la puerta de atrás?, como advierten algunas asociaciones.
Por supuesto que no. Los jueces sustitutos no van a entrar en la carrera judicial por la puerta de atrás. Lo que queremos es poner fin a una situación irregular que además nos está exigiendo la Comisión Europea.
Hay sustitutos que llevan 20 o 30 años cubriendo vacantes estructurales y eso no puede seguir así. Lo que vamos a hacer es una convocatoria excepcional, una sola vez en 40 años, con un concurso-oposición.
Los tribunales estarán presididos por magistrados del Supremo o fiscales de sala, con todas las garantías de independencia. No es una regularización automática: se valorará el mérito y la capacidad.
¿Cómo ve usted la vía italiana para solucionar el problema? Al fin y al cabo supondría mantenerlos como hasta ahora, pagándoles la nómina cada mes, no solo los días que trabajan. Su abogado, Agustín Azparren, hizo un informe muy completo.
Aquí tenemos dos parámetros que son muy importantes, desde mi punto de vista, sobre los que no se habla mucho. Por una parte, la Constitución dice que la carrera judicial configura un cuerpo único, motivo por el cual en los años 80 se incorporaron los jueces de distrito y los de la magistratura de trabajo a la carrera judicial. Fuera quedó solo la jurisdicción militar. Este escenario no se compadece con la propuesta a la italiana de Azparren.
Y segundo, la Comisión Europea nos está diciendo, usted lleva tiempo aplicando soluciones temporales de sustitutos para cubrir necesidad de carácter estructural, lo que va en contra de la Directiva de 1999. Ustedes tienen que resolverlo porque tienen abierto un procedimiento de infracción.
Eso es lo que pretendemos hacer con este procedimiento de estabilización. Y vuelvo a repetirlo, el proceso va a estar basado sobre los principios de mérito y capacidad, con los mismos tribunales que vienen calificando para el turno libre y el cuarto turno.
Lo que pretendemos es que esta situación no se vuelva a repetir en el futuro. No tiene que seguir existiendo una justicia interina. Con los tribunales de instancia y el aumento de efectivos vamos a conseguirlo.
Una vez que la Ley sea aprobada, ¿cuándo se llevarían a cabo los exámenes de acceso para ese proceso de estabilización?
Pues de forma inmediata, después de que se apruebe la Ley, que será después del verano. Es una urgencia para la propia Justicia y también un compromiso con Europa. rendir cuentas también a la Comisión Europea.
Otra de las cosas sobre las que ustedes han hecho bandera son las becas para opositores, lo que también ha sido muy criticado. ¿Por qué?
Conozco muy bien mi carrera. Yo soy magistrado. Sé que la mayoría de quienes opositan a juez o fiscal no vienen de familias de juristas, pero hay un problema de fondo: muchas personas ni siquiera pueden intentarlo porque la preparación exige años sin ingresos.
Queremos que cualquiera, venga de donde venga, pueda preparar la oposición. Esto democratiza la carrera judicial y garantiza que los mejores, no solo los que tienen recursos, puedan llegar a ser jueces y fiscales.
¿Es potenciar la naturaleza de ascensor social a la oposición?
Sí, sin duda. Hay muchos jóvenes con talento capacidad que, procediendo de familias humildes, hasta ahora no podían permitirse aspirar a ser juez o fiscal. Con estas becas finalmente hay una verdadera igualdad de oportunidades.
Estas ayudas se conceden a quienes cumplen requisitos de mérito académico y situación económica, y cada año crece tanto el número de becas como su cuantía. No es una crítica a la profesión —los datos lo demuestran—, es una medida para abrir la puerta a quienes antes no podían permitirse preparar estas pruebas. En suma, abren la posibilidad de que jóvenes de clase humilde puedan tener la posibilidad de ser jueces.
