Entre los años 2025 y 2027, más de medio millar de inspectores y subinspectores se incorporaran al Ministerio, así como el refuerzo del personal técnico y administrativo. Foto: Ministerio de Trabajo y Economía Social

El Gobierno aumentará en un 25 % la plantilla de inspectores y subinspectores de trabajo para 2027

28 / 08 / 2025 00:31

Actualizado el 23 / 02 / 2026 14:02

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La Estrategia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobada en el reciente Consejo de Ministros, establece la incorporación de 554 nuevos inspectores y subinspectores en los próximos tres años, además de reforzar el personal administrativo y técnico.

Con este refuerzo, la plantilla crecerá en torno a un 25 %. Según los datos disponibles, la plantilla actual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta con aproximadamente 1.826 efectivos, distribuidos entre 893 inspectores y 933 subinspectores.

Este incremento elevará la plantilla total a más de 2.300 efectivos en 2027.

Los nuevos efectivos se distribuirán tanto en las inspecciones provinciales como en los servicios centrales, garantizando una cobertura más eficaz del territorio nacional. Se incorporarán tanto inspectores y subinspectores de Empleo y Seguridad Social como subinspectores especializados en Seguridad y Salud Laboral.

El plan responde a la necesidad de reforzar la capacidad de vigilancia y control en ámbitos como la lucha contra el fraude laboral, la prevención de riesgos, la igualdad y la detección de empleo no declarado.

La ampliación de la plantilla permitirá una supervisión más exhaustiva del cumplimiento de la normativa laboral, lo que se traducirá en mayor detección de trabajo no declarado, reducción de la temporalidad fraudulenta, mejora en las condiciones de seguridad y salud laboral y protección más efectiva de los derechos de los trabajadores vulnerables.

En el contexto europeo, España se sitúa en una posición intermedia en cuanto a la ratio de inspectores por número de trabajadores. Este refuerzo acercará al país a los estándares de los países más avanzados en materia de inspección laboral.

Esta estrategia marca el camino a seguir tras las reformas estructurales que está sufriendo el mercado laboral actual.

De acuerdo con Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, lo que se busca es «alcanzar altos estándares de calidad en el cumplimiento de un servicio público en un contexto de incremento de demanda de actuaciones, con nuevas leyes que garantizar los derechos laborales, la calidad del empleo decente»»

«El plan responde a la necesidad de reforzar la capacidad de vigilancia y control en ámbitos como la lucha contra el fraude laboral, la prevención de riesgos, la igualdad y la detección de empleo no declarado».

28,5 MILLONES DE EUROS PARA MODERNIZAR SU ESTRUCTURA

Además del aumento de personal, el Gobierno destinará 28,5 millones de euros a modernizar la estructura de la Inspección, lo que representa un componente fundamental para la modernización del organismo.

Entre las medidas previstas destacan la puesta en marcha de una nueva sede electrónica para agilizar trámites y servicios a la ciudadanía, la creación de un laboratorio de informática forense, dedicado específicamente a la obtención de evidencias digitales. Esta herramienta será crucial para combatir el fraude laboral en la era digital.

Y el desarrollo de nuevas reglas algorítmicas, para la detección automática de fraudes, permitiendo una identificación más eficaz de irregularidades en el mercado laboral. para identificar fraudes de manera más eficiente,

La estrategia incluye 17 objetivos, agrupados en dos grandes ejes sobre diferentes áreas de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: El de actuaciones prioritarias en relaciones laborales, salud laboral, igualdad y empleo, y medidas organizativas y tecnológicas para mejorar la eficacia del organismo.

El primero de ellos se centra en la actividad meramente inspectora. Para ello, establece la línea de actuación a través de 10 de los objetivos que se pondrán en marcha en las áreas de las relaciones laborales individuales y colectivas, y seguridad y salud y trabajo, igualdad y no discriminación, entre otras.

El segundo de ellos identifica medidas estructurales, organizativas y operativas en el servicio público.

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