El juicio que se sigue en el Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la contratación de mascarillas durante los meses más críticos de la pandemia se adentra, ahora sí, en su tramo decisivo.
Tras semanas de prueba pericial y documental, el foco se desplaza hacia los protagonistas: los tres acusados que deberán dar explicaciones ante el tribunal después de que lo hagan los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, autores de los informes que sostienen buena parte de la acusación.
El calendario judicial, sobre el papel, es compacto. Primero, los investigadores. Después, los imputados. Y, finalmente, los informes de conclusiones.
Pero la práctica —como tantas veces en macrocausas de esta naturaleza— amenaza con desbordar la previsión. No se descarta que los interrogatorios se prolonguen más allá de lo previsto y obliguen a extender las sesiones a la próxima semana.
El orden de las declaraciones no es casual. Arrancará el empresario Víctor de Aldama, seguirá Koldo García y cerrará el exministro José Luis Ábalos.
Una secuencia negociada por las defensas, que sitúa en último lugar a quien, según el relato acusatorio, ocupaba la cúspide de la supuesta estructura.
La tesis de Anticorrupción
La construcción jurídica de la Fiscalía Anticorrupción es clara en su arquitectura y ambiciosa en su alcance. Bajo la dirección del fiscal jefe Alejandro Luzón, el Ministerio Público dibuja una trama que habría instrumentalizado el poder político para intervenir en adjudicaciones públicas.
El eje: la posición institucional de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes desde 2018.
Según esta tesis, no se trataría de episodios aislados, sino de una dinámica sostenida en el tiempo: favorecer contratos a determinadas empresas —canalizadas a través de Aldama— a cambio de contraprestaciones económicas.
La acusación habla de una organización con vocación de permanencia, nutrida no solo por los tres encausados, sino también por colaboradores en la administración y en el ámbito empresarial.
Ese engranaje, siempre según la Fiscalía, empezó a resquebrajarse cuando Ábalos y Koldo abandonaron el ministerio en 2021. Hasta entonces, habría operado con una notable eficacia.
Riesgo penal: cifras y delitos
Las peticiones de pena reflejan la gravedad que el Ministerio Público atribuye a los hechos. Para Ábalos, 24 años de prisión; para Koldo, 19 años y medio.
El catálogo delictivo incluye organización criminal, cohecho (soborno a cambio de favores), tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación, es decir, el desvío de fondos públicos.
En el caso de Aldama, la situación procesal es distinta. Su reconocimiento parcial de los hechos le sitúa en una posición más favorable: la Fiscalía solicita 7 años de cárcel, aplicando la atenuante de confesión. Aun así, la cifra económica en multas sigue siendo elevada.
Frente a ello, las acusaciones populares —lideradas por el Partido Popular— endurecen el reproche penal y elevan la petición hasta los 30 años de prisión para Ábalos y Koldo.
Una estructura con roles definidos
El relato acusatorio se apoya en una división de funciones casi quirúrgica.
Ábalos aportaría el elemento esencial: la capacidad de decisión política y la influencia institucional.
Koldo García, descrito como su hombre de confianza, habría actuado como ejecutor operativo, una suerte de extensión del propio ministro, gestionando desde encargos administrativos hasta cuestiones personales.
En ese contexto aparece la figura del “testaferro”, clave para entender la acusación: alguien que administra o canaliza dinero en nombre de otro para ocultar su verdadero titular.
La Fiscalía sostiene que Koldo habría desempeñado ese papel en determinadas operaciones.
Aldama, por su parte, ocuparía el vértice empresarial. Su función: detectar oportunidades dentro de la administración —especialmente en momentos de urgencia, como la adquisición masiva de material sanitario—, conectar intereses privados y articular ofertas capaces de imponerse en los procesos de contratación.
El beneficio, siempre según Anticorrupción, no se limitaría a comisiones puntuales. Se habla de pagos periódicos, cesión de viviendas y otros favores que, en conjunto, dibujan un sistema de compensaciones sostenido en el tiempo.
Con las declaraciones de los acusados a la vuelta de la esquina, el juicio entra en su fase más delicada: la del contraste directo entre el relato de la acusación y la versión de quienes se sientan en el banquillo.
Ahí es donde, previsiblemente, se jugará buena parte del desenlace.
