Los tribunales no están para hacer política. Pero tampoco están para suplir la incapacidad de quienes sí tienen el mandato democrático de hacerla. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Cada vez con mayor frecuencia, decisiones que deberían resolverse en el Parlamento o mediante responsabilidad política acaban en un juzgado.
No por exigencia del Estado de derecho, sino por la renuncia progresiva de la política a cumplir su función.
La judicialización ya no es un síntoma ocasional: es la coartada estructural de un sistema que ha dejado de resolver sus propios conflictos.
Conviene despejar una confusión interesada. Que los tribunales controlen la legalidad de la acción pública no solo es legítimo, sino imprescindible. Es una garantía democrática básica.
Pero invocar ese principio para justificar que los jueces se conviertan en árbitros permanentes de la confrontación política es, sencillamente, una distorsión del modelo constitucional.
El problema no es que los jueces intervengan. El problema es por qué se les obliga a intervenir.
Las democracias constitucionales no funcionan por inercia, sino por respeto a un reparto de funciones muy preciso.
El Parlamento legisla, el Gobierno ejecuta y los tribunales controlan. Cuando ese esquema se rompe, no estamos ante una evolución del sistema, sino ante su degradación.
Porque los jueces no están legitimados para dirimir conflictos políticos en sentido propio. No representan a los ciudadanos ni están llamados a ponderar opciones de oportunidad política. Su función es otra: aplicar la ley, no sustituir al legislador ni corregir la impotencia del Ejecutivo.
Y, sin embargo, se les está empujando exactamente a eso.
Se les coloca en el centro de disputas que nacen de la incapacidad -o de la falta de voluntad- de los actores políticos para alcanzar acuerdos, asumir costes o someterse al escrutinio democrático. Se judicializa lo que no se quiere negociar. Se recurre a los tribunales lo que no se sabe resolver.
«El Parlamento legisla, el Gobierno ejecuta y los tribunales controlan. Cuando ese esquema se rompe, no estamos ante una evolución del sistema, sino ante su degradación».
Y después se finge sorpresa ante las consecuencias.
Basta observar algunos de los episodios más recientes. Desde la controversia en torno a la ley de amnistía -proyectada desde su origen hacia los tribunales- hasta el bloqueo persistente en la renovación del órgano de gobierno de los jueces; desde la proliferación de recursos y medidas cautelares frente a decisiones gubernamentales hasta la conversión del Tribunal Constitucional en un escenario más de la confrontación política. En todos estos casos, el patrón se repite: la política no desaparece, pero deja de resolverse en la política.
Porque esas consecuencias son inevitables. Cada decisión judicial pasa a ser interpretada en clave partidista. Cada resolución se convierte en munición política. Y cada juez, en sospechoso de alineamiento. No porque los tribunales hayan cambiado su función, sino porque se les ha situado en un terreno que no es el suyo.
El daño institucional es evidente.
Erosión de la imparcialidad judicial
Se erosiona la percepción de imparcialidad judicial, se somete a los tribunales a una presión indebida y, lo que es más grave, se debilita la propia idea de separación de poderes.
No porque un poder invada a otro, sino porque uno de ellos -el político- ha decidido abdicar.
Y esa abdicación no es neutra. Tiene responsables.
Cuando el Parlamento es incapaz de articular mayorías estables, cuando el Gobierno legisla pensando en el conflicto judicial y no en la solidez normativa, cuando la oposición sustituye la alternativa política por la impugnación sistemática, el resultado es siempre el mismo: la política desaparece y el conflicto se traslada a los tribunales.
Pero los tribunales no pueden resolver lo que la política se niega a afrontar.
Pueden declarar ilegal una decisión, anular un acto o proteger un derecho.
No pueden construir consensos, ni ordenar prioridades públicas, ni sustituir la legitimidad democrática. Pretender lo contrario no es exigir más a la justicia; es desnaturalizarla.
Los conflictos políticos no se ganan en los juzgados. Se resuelven en las instituciones.
Y cuando eso deja de ocurrir, el problema ya no es técnico ni jurídico. Es un problema de responsabilidad política en su sentido más estricto.
Porque cuando un sistema necesita jueces para resolver lo que deberían resolver los representantes políticos, no estamos ante un exceso de justicia.
Estamos ante una política que ha dejado de estar a la altura de sus obligaciones.
Porque cuando todo acaba ante un juez, no es que la justicia esté fallando.
Es que la política ha dejado de cumplir su función.
