El sindicato UGT ha anunciado su apoyo a la propuesta del Ministerio de Igualdad para retirar «la prestación o concertación de servicios sexuales» de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del Instituto Nacional de Estadística.
La medida busca revertir la inclusión de la prostitución en este listado oficial, formalizada en enero mediante Real Decreto publicado en el BOE.
Para UGT, mantener esta clasificación «legitima la prostitución como si de una actividad económica normal se tratara», lo que considera incompatible con el Pacto de Estado contra la Violencia contra las Mujeres.
La posición abolicionista del sindicato
El sindicato argumenta que reconocer legalmente la prostitución como trabajo ignora una realidad incómoda: el 90% de quienes ejercen la prostitución son mujeres migrantes, según sus datos.
«Legitimar su práctica legalmente es atentar contra los derechos humanos y el derecho fundamental a la igualdad de género», sostiene la organización.
UGT defiende exclusivamente una «regulación abolicionista» como única opción «coherente» con la Constitución española y el sistema democrático, rechazando cualquier forma de normalización legal de esta actividad.
Reclamación europea en marcha
En julio, UGT elevó el conflicto al ámbito europeo mediante una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).
La denuncia alega que España vulnera varios artículos de la Carta Social Europea: el derecho al trabajo libremente elegido, la protección de la seguridad física y mental, y la dignidad humana en la prestación de servicios.
El sindicato exige que tanto la legislación española como las políticas públicas sobre prostitución «se declaren disconformes con el sistema de derechos y garantías» del marco europeo, marcando así una línea clara en el debate sobre la regulación de esta controvertida materia.
