La transformación digital de la gestión empresarial en España avanza con paso firme, impulsada por nuevas normativas que marcan un antes y un después. La progresiva implantación de la factura electrónica a través de la Ley Crea y Crece y la puesta en marcha del sistema Verifactu, enmarcado en la Ley Antifraude, marcan el inicio de una nueva etapa en la digitalización empresarial en España.
Esta transformación normativa, que busca mejorar la eficiencia, la transparencia y la competitividad, también exige un compromiso firme con la protección de datos personales en todos los procesos relacionados.
Actualmente, el sistema Verifactu ya está disponible y en proceso de implementación. Su desarrollo está enfocado en el envío automático, seguro y trazable de los registros de facturación a la Agencia Tributaria, y se diferencia de la factura electrónica obligatoria en las relaciones B2B prevista por la Ley Crea y Crece.
Las empresas deben prepararse para cumplir con ambos marcos, que aunque complementarios, tienen finalidades y exigencias distintas.
En paralelo, la Ley Crea y Crece contempla la obligatoriedad del uso de la factura electrónica en las relaciones comerciales entre empresas y autónomos.
Este cambio, que se aplicará de forma progresiva, comenzando por las empresas con una facturación anual superior a 8 millones de euros, y extendiéndose al resto posteriormente, impulsará la digitalización integral de los procesos de emisión, recepción y gestión de facturas.
Como consecuencia, aumentará significativamente el volumen de datos personales y empresariales tratados en estos flujos, lo que exige una atención especial a su protección y gestión responsable.
GARANTÍAS
Y es precisamente en este punto donde se abre una reflexión imprescindible: ¿cómo garantizamos que esta digitalización se realice con pleno respeto a la normativa de protección de datos?
Los datos que viajan en una factura —nombre y apellidos, correos electrónicos, direcciones, números de identificación fiscal, cuentas bancarias— no son neutros.
Están protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y por la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). El cumplimiento de estas normas no es opcional ni secundario: es una condición necesaria para que la digitalización sea segura, legal y sostenible.
Esto requiere, por parte de las empresas, una revisión profunda de sus procesos: identificar qué datos se tratan, con qué finalidad, durante cuánto tiempo se conservan y quiénes tienen acceso a ellos.
También implica garantizar los derechos de los interesados (acceso, rectificación, supresión…) y aplicar medidas organizativas y técnicas adecuadas de seguridad: cifrado, control de accesos, trazabilidad, copias de respaldo…
Los proveedores de soluciones de facturación electrónica —como encargados del tratamiento— deben ofrecer garantías contractuales y tecnológicas. Es crucial que diseñen sus herramientas con la privacidad desde el diseño y por defecto, de modo que la protección de datos no sea un añadido, sino una característica estructural.
TIEMPO DE HACER REVISIONES
Por ello, ahora es el momento para que las empresas revisen sus sistemas, políticas internas y relaciones con proveedores tecnológicos y se anticipen a los cambios legales. De ahí la necesidad de escoger a un «partner» de confianza, que cumpla con todos estos requisitos y se amolde a las necesidades de tu empresa y legales.
Por su parte, la futura Solución Pública de Facturación Electrónica (SPFE) que impulsará la Agencia Tributaria también deberá alinearse plenamente con el RGPD.
En este sentido, la Agencia Española de Protección de Datos ha recomendado establecer una base legal clara y realizar una evaluación de impacto en la privacidad (EIPD) antes de su despliegue.
En lugar de ver esta transformación como una carga, debemos enfocarla como una oportunidad para profesionalizar la gestión empresarial. Una facturación más digital, más trazable y protegida permite mejorar el control interno, reducir errores, facilitar auditorías y reforzar la relación con clientes y proveedores.
Al mismo tiempo, garantiza que la información sensible de autónomos y empresas esté adecuadamente resguardada.
La convergencia entre digitalización y protección de datos no solo es posible, sino deseable. Ambos ámbitos comparten un objetivo común: generar confianza, uno de los activos más valiosos en un entorno empresarial cada vez más interconectado.
Apostar por sistemas que cumplan con la normativa, tanto fiscal como en materia de privacidad, es avanzar hacia un modelo de crecimiento más sólido, transparente y respetuoso. Solo así lograremos una digitalización real, sostenible y alineada con los derechos fundamentales.
