El magistrado Juan Carlos Peinado ha dado un nuevo giro de tuerca a la investigación que tiene en el punto de mira a la esposa del presidente del Gobierno. En una decisión que marca el ritmo de la causa, ha ordenado el análisis forense de todos los correos electrónicos de Begoña Gómez desde julio de 2018 y ha adelantado su declaración como investigada al 10 de septiembre, que había fijado para un día después.
Lo ha hecho a petición del abogado defensor de Gómez, Antonio Camacho.
La UCO examinará seis años de correspondencia
La providencia del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid es meridianamente clara: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil deberá analizar la totalidad de correos «recibidos y enviados» desde el 11 de julio de 2018 «hasta la fecha» en la cuenta oficial asignada a Gómez.
Esta fecha no es casual. Coincide exactamente con el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de la esposa de Pedro Sánchez, una contratación que ahora está en el centro de la tormenta judicial por presunta malversación de fondos públicos.
Un cambio de fecha con trasfondo procesal
El juez ha accedido parcialmente a la petición de la defensa de Gómez, que solicitaba suspender la citación del 11 de septiembre alegando incompatibilidad de agenda de su letrado en Tenerife.
Pero Peinado ha optado por una solución salomónica: adelantar la declaración al día 10, a las 12:00 horas, jornada en la que ya estaba programada la comparecencia de Álvarez como investigada.
«Habiendo quedado acreditada suficientemente la coincidencia de señalamientos», argumenta el magistrado en su resolución, una decisión que refleja su voluntad de mantener el calendario procesal sin concesiones.
El rastro del dinero público
Peinado ha ido más allá del análisis de correos. Ha exigido a Presidencia del Gobierno que identifique «el nombre completo» de todas las personas que han ocupado el cargo de secretario general desde julio de 2018, así como quiénes «han venido autorizando, aprobando y/o ordenando el pago» de las retribuciones de Álvarez durante todo este período.
Esta petición dibuja un mapa preciso de la cadena de responsabilidades en el nombramiento y mantenimiento en el puesto de la asesora, una información crucial para determinar si hubo desviación de recursos públicos.
El giro hacia la malversación: de cuatro a cinco delitos
Hasta agosto, Begoña Gómez figuraba como investigada por cuatro delitos: tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
La imputación por malversación representa un salto cualitativo en la gravedad de la causa.
Este cambio de rumbo tiene su origen en el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado junio, que anuló la declaración como testigo de Cristina Álvarez y validó únicamente su comparecencia como investigada.
Los magistrados fueron contundentes al señalar que la «amistad personal previa» fue «la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez».
La paradoja de la Audiencia Provincial
Resulta llamativo que la misma Audiencia que impulsó la imputación por malversación hubiera advertido previamente que Álvarez no podría haber cometido este delito como «funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior».
Sin embargo, los magistrados sí vieron indicios para atribuir a ambas una posible «desviación de recursos públicos en favor de intereses privados» dentro de «una estructura institucionalizada de poder».
La decisión actual de Peinado contrasta con su posición de mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, pero descartó investigar por malversación tanto a Gómez como a Álvarez.
El magistrado consideraba entonces que no tenían responsabilidad directa en el nombramiento.
Aguirre, que ejerció como secretario general de Presidencia en julio de 2021, se desvinculó durante su declaración como imputado del proceso de contratación de la asesora.
Una investigación en constante expansión
Lo que comenzó en abril de 2024 como una denuncia de Manos Limpias por presunto tráfico de influencias vinculado a las recomendaciones a empresarios como Juan Carlos Barrabés, se ha convertido en una causa multiforme.
Las querellas posteriores de Hazte Oír y Vox han abierto nuevas líneas de investigación sobre el registro del software de la cátedra de la Universidad Complutense dirigida por Gómez.
El próximo 10 de septiembre, Begoña Gómez tendrá que dar explicaciones sobre todos estos frentes ante un juez que ha demostrado su determinación de llegar hasta el final de cada hilo investigativo.
