El magistrado Adolfo Carretero ha convocado para el 12 de septiembre a los representantes legales de la actriz Elisa Mouliaá y del exdiputado Íñigo Errejón así como al testigo Borja para examinar las comunicaciones mantenidas entre ambos tras la denuncia por agresión sexual presentada por la mujer.
La diligencia, según consta en el auto del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, busca esclarecer el alcance y contenido de esas conversaciones que han generado debate sobre una posible influencia en el testimonio.
Las declaraciones que abren interrogantes
Borja, organizador de la fiesta donde presuntamente ocurrieron los hechos, declaró en junio que contactó con el exdiputado por correo electrónico tras conocer la denuncia de Mouliaá. Su motivación, según explicó al juez, era que consideraba «injusto» lo que se le imputaba a Errejón.
El testigo admitió haber mantenido múltiples conversaciones con el investigado y reconoció haberle preguntado directamente «cuál es el plan con el juicio», solicitando «información de lo que ocurría a nivel práctico».
Estas declaraciones plantean dudas sobre la naturaleza de esos intercambios.
En cuanto a los hechos investigados, Borja negó haber observado comportamientos anómalos aquella noche: «No vi nada fuera de lo normal», declaró.
Aseguró que no vio a Mouliaá especialmente afectada y que habría percibido si Errejón la hubiera «cogido del brazo en el pasillo». También precisó que la vivienda donde ocurrieron los presuntos hechos carecía de pestillos.
El magistrado descarta imputaciones, pero surgen nuevas peticiones
Carretero decidió no imputar ni a Mouliaá por presunta presión sobre otra organizadora de la fiesta (Soraya) ni a Errejón por sus contactos con Borja, pareja de esa testigo.
El magistrado argumentó en su auto que fue Borja quien «se puso en contacto» con el exdiputado, y que «no consta que Errejón le amenazase e intimidase ni le dijese expresamente lo que tenía que testificar».
Sin embargo, la Asociación de Ayuda de Defensa Integral a las Víctimas Especializada, personada como acusación popular, no comparte esa valoración. En un escrito dirigido al juzgado, solicita que Errejón sea citado como investigado por estos contactos con el testigo.
La acusación va más allá: pide una pericial técnica para analizar «la autenticidad, el tono y el contexto» de las conversaciones, con el objetivo de determinar si contienen «posibles elementos de presión o influencia» sobre el testimonio de Borja.
La diligencia del próximo 12 de septiembre será clave para determinar si esas comunicaciones trascienden el ámbito de la curiosidad personal o si, por el contrario, pueden configurar algún tipo de interferencia en el proceso judicial.
