Había algo hermosamente español en todo aquello. Una especie de sainete nacional donde los actores principales fingían dignidad mientras el público —ese público que siempre entiende más de lo que aparenta— observaba el espectáculo con la sabiduría ancestral de quien ha visto pasar demasiadas comedias por el mismo escenario.
El Tribunal Supremo, ese templo de mármol y solemnidad que ha contemplado más traiciones que el Alcázar de los Austrias, recibía una vez más a la fauna habitual del poder judicial español.
Era viernes, y como cada inicio de año judicial, la ceremonia transcurría con esa pompa que tanto nos gusta a los españoles: mucho protocolo, mucha bandera, y esa tensión soterrada que convierte cualquier acto institucional en un campo de minas donde cada gesto, cada aplauso o su ausencia, delatan más que mil editoriales.
En el centro del drama, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, con esa cara de quien sabe que todos los presentes conocen sus pecados pero que, como buen español de pro, no piensa regalar ni un palmo de terreno al enemigo.
Ahí estaba, reconociendo las «singulares circunstancias» de su situación —eufemismo exquisito para decir que está a un paso del banquillo— pero plantado como un torero que sabe que la cornada puede llegar pero no va a salir por la puerta grande arrastrando los pies.
«La institución no sucumbe a los ataques de los delincuentes», dijo, y uno no sabía si admirar el valor o lamentar la desfachatez. Porque en este país nuestro, donde las fronteras entre lo épico y lo esperpéntico se difuminan con la facilidad de la tinta en el agua, nunca está claro si estamos ante un Cid Campeador o ante un don Tancredo cualquiera.
El ballet de las antipatías
Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial, aprovechó su turno para repartir collejas retóricas a diestro y siniestro. Con esa elegancia glacial que solo poseen las mujeres españolas cuando deciden que ha llegado la hora de poner las cosas en su sitio, rechazó las «insistentes descalificaciones» al Poder Judicial.
No mencionó nombres —la educación manda—, pero todos sabían que se refería a Pedro Sánchez y su famosa declaración sobre «jueces haciendo política».
Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes asistía al espectáculo con esa sonrisa de funcionario que ha aprendido a sonreír incluso cuando le están clavando alfileres en sitios delicados.
El Rey Felipe VI presidía la función con esa dignidad borbónica que consiste, principalmente, en estar presente sin parecer que se está enterando de nada. Profesionalismo monárquico en estado puro: ver, oír y callar, aunque por dentro uno se pregunte qué diablos hace aquí cuando podría estar navegando.
La geografía del desdén
Durante los discursos, el público se dividió como España se ha dividido siempre: conservadores a un lado, progresistas al otro, y en el medio esa tierra de nadie donde solo se aventuran los cobardes o los muy listos.
Los aplausos fueron selectivos, medidos, tribales. Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial aplaudieron a García Ortiz; los conservadores guardaron sus palmas para Perelló.
La mayoría de magistrados y fiscales optaron por el silencio, esa sabiduría suprema de quien sabe que en estos berenjenales lo mejor es mantener las manos quietas.
Luego llegó el cóctel. Ah, el cóctel. Esa parte del ritual donde la hipocresía se disfraza de cortesía y donde los enemigos se saludan con la sonrisa tensa de los duelistas antes del pistoletazo.
El Salón de los Pasos Perdidos del Tribunal Supremo —nombre profético donde los haya— se convirtió en un tablero de ajedrez humano donde cada movimiento tenía su significado.
Tirios y troyanos, compartieron durante poco más de una hora y media el mismo espacio en paz, en el cóctel posterior al llamado solemne acto de apertura de tribunales, que se repite cada mes de septiembre.
García Ortiz paseó durante cuarenta minutos entre saludos calculados y abrazos de compromiso y accediendo a hacerse fotos, como los buenos toreros antes de la faena. Sin miedo al morlaco al que minutos después se va a enfrentar.
Le acompañaban sus fieles, la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde —que paradójicamente llevará el caso que puede hundirle— y Ana García León. Lealtad española en estado puro: acompañar al jefe incluso cuando el barco hace agua por todas partes.
Se saludó con Vicente Guilarte, expresidente del CGPJ, con Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, con su antecesora, María José Segarra y con Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, entre muchos otros.
Los ausentes
Cándido Conde-Pumpido e Inmaculada Montalbán, presidente y expresidente del Tribunal Constitucional, tuvieron la elegante excusa de una conferencia en Bulgaria para no asistir al sainete.
Alberto Núñez Feijóo, con esa sinceridad brutal que a veces practican los políticos gallegos, declaró abiertamente que no pensaba dignificar con su presencia lo que consideraba una «provocación».
Y mientras tanto, los magistrados de la Sala de lo Penal —esos que tendrán que juzgar a García Ortiz cuando llegue el momento— mantuvieron la distancia prudencial. Ni saludos, ni miradas, ni reconocimientos.
La integridad del proceso judicial, dijeron las fuentes.
O tal vez, simplemente, el instinto de supervivencia que enseña que hay momentos en los que lo más sabio es fingir que uno no está.
Al final, cuando se apagaron las luces y se recogieron las copas, quedó flotando en el aire esa sensación tan española de haber asistido a algo importante y ridículo a la vez. Porque este país nuestro tiene esa virtud única de convertir los dramas en comedias y las comedias en tragedias, a menudo en el mismo acto.
La justicia española, como el honor del tenorio, es cosa seria que a menudo se representa como farsa. Y todos lo sabemos, todos lo aceptamos, y todos volveremos el año que viene a ver la misma función con actores ligeramente distintos pero idéntico libreto.
Así somos. Así seguiremos siendo. Amén.
