Salvador González, presidente del CGAE, exige un registro concursal transparente con turno corrido provincial y que España no espere hasta 2027 para implementar estadísticas propias.

La Abogacía reclama un registro concursal «sin privilegios ni opacidades»

11 / 09 / 2025 12:06

Salvador González no se ha andado hoy con rodeos. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha aprovechado el marco del V Congreso Mercantil y Concursal de Toledo para lanzar una batería de exigencias que van al meollo del problema: cómo se nombran los administradores concursales y quién paga la factura.

La propuesta es meridiana: turno corrido provincial para evitar que unos se lleven el gato al agua mientras otros se quedan mirando. «Defendemos que el sistema de designaciones se organice con un turno corrido provincial, para evitar desigualdades y garantizar la eficiencia en el reparto de cargas de trabajo», ha declarado González sin ambages.

Pero ahí no acaba la cosa. La Abogacía también exige aclarar de una vez quién debe asumir los honorarios registrales. Porque hasta ahora, según denuncia el colectivo, esa carga recae «indebidamente sobre la administración concursal» —es decir, sobre quienes hacen el trabajo sucio de los concursos.

Las observaciones que incomodan

Estas peticiones forman parte del paquete de observaciones que la subcomisión de Derecho Mercantil y Concursal ha remitido al Gobierno sobre el Proyecto de Real Decreto que desarrollará el Registro Público Concursal.

El objetivo declarado: un registro «transparente, ágil y fiable» que ofrezca información completa y facilite designaciones objetivas.

La Abogacía no se ha limitado al registro. También ha puesto el foco en el futuro Reglamento de Estadística Concursal, reclamando métricas que realmente sirvan: tasa de recuperación de créditos, coste medio de los procedimientos, eficacia de los planes de reestructuración, impacto de la segunda oportunidad en emprendedores e incidencia de factores de género y discapacidad.

González ha sido especialmente crítico con los plazos: «España no debe esperar hasta 2027 —cuando la Comisión Europea apruebe el modelo estadístico común— para comenzar a recopilar información».

Su alternativa: adoptar «desde ahora un sistema propio y riguroso» que permita detectar disfunciones y mejorar la práctica concursal.

El presidente del CGAE, Salvador González, durante su intervención. A la izquierda, Álex Munne, COO de International Auction Group. A la derecha, Ángel Cervantes, decano del Colegio de Abogados de Toledo, y Juan José Alcalde, teniente de alcalde de Toledo. Foto: CAT.

El papel indispensable de la abogacía

En su intervención toledana, flanqueado por el decano Ángel Cervantes, el teniente de alcalde Juan José Alcalde y Álex Munné (COO de International Auction Group), González ha reivindicado el rol central de los letrados en el entramado concursal.

«Somos nosotros quienes guiamos a empresas y particulares en momentos de gran incertidumbre jurídica y financiera», ha subrayado. Una función que va más allá de la mera asistencia técnica: «Somos indispensables en la prevención del conflicto y en la administración concursal».

Pero González ha ido más lejos, situando a los abogados como centinelas del sistema: desde su experiencia práctica detectan «las lagunas normativas, las incoherencias jurisprudenciales y las tensiones entre seguridad jurídica y economía de mercado».

Un mensaje claro al legislador: quien quiera reformar el sistema concursal haría bien en escuchar a quienes lo viven desde dentro, día a día, expediente a expediente.

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