La historia es simple, según la Policía: Romillo daba el dinero, soñando con convertir a los seguidores de Pérez en clientes de sus plataformas mágicas de criptomonedas, y el Alvise Pérez recibía oxígeno para su aventura electoral. Foto: EP.

La Policía apunta que Alvise Pérez cobró 100.000 euros para sufragar su campaña europea

11 / 09 / 2025 21:25

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El caso es de manual: España, 2024, donde la política se parece más a una tómbola de feria que a una institución seria. La Policía Nacional asegura que el eurodiputado Luis Pérez, alias Alvise —líder de ese partido con nombre de película de los años 70, Se Acabó la Fiesta— se metió en el bolsillo 100.000 euros contantes y sonantes de un empresario con nombre de novela menor, Álvaro Romillo, alias «CryptoSpain».

Fue el 27 de mayo, justo antes de las elecciones europeas. Dicen los agentes que el dinero era para financiar la campaña, aunque lo de “fondos opacos” suena mejor, más digno de un manual de blanqueo que de un programa electoral.

El informe, enviado al Supremo, es de esos que huelen a papeles gastados y a funcionarios mal dormidos. Entre sus páginas, los policías desmenuzan conversaciones en Signal —la aplicación favorita de quienes creen que así engañan a medio mundo— donde no aparece ni rastro de un supuesto “servicio” prestado por el eurodiputado al empresario.

O sea, que ni facturas falsas, ni asesorías de pega: puro dinero en mano.

En julio, ante el magistrado instructor del caso, en el Supremo, Julián Sánchez Melgar, Alvise no tuvo más remedio que reconocer la entrega.

Pero, eso sí, con la pose indignada del que quiere parecer honrado: “Ni un solo euro fue a parar a la campaña”.

El hombre juró que los gastos gordos ya estaban hechos. Los jueces y policías asentían con la misma cara que se pone al escuchar a un trilero explicar que el cubilete estaba vacío.

ROMILLO CONFIRMÓ QUE EL DINERO ERA PARA LA CAMPAÑA

Romillo, menos pudoroso, confirmó que sí, que la pasta era para la campaña. Eso lo dijo en el mismo juzgado donde le investigan por una supuesta estafa piramidal digna de una película de Wall Street, pero con chanclas de mercadillo: el Madeira Invest Club.

Según la Policía, los 100.000 euros cambiaron de manos en las oficinas de Sentinel, en Madrid. El lugar perfecto para un ajuste de cuentas financiero: anodino, gris, con olor a café recalentado.

La historia es simple: Romillo daba el dinero, soñando con convertir a los seguidores de Pérez en clientes de sus plataformas mágicas de criptomonedas, y Alvise Pérez recibía oxígeno para su aventura electoral. Negocio redondo. Aunque lo de redondo, como suele pasar, era más bien para el empresario.

Las conversaciones tienen su gracia: hablan de “compensar criptomonedas con efectivo”, como si estuvieran en un curso acelerado de economía criminal. Lo pintan como “metodología estándar”.

Traducción: el truco barato de siempre para esquivar a Hacienda. En el fondo, nada nuevo bajo el sol: lo mismo que los contrabandistas de Cádiz hacían con tabaco y ron, pero con un aire moderno, digital, casi ridículo.

La historia es simple: Romillo daba el dinero, soñando con convertir a los seguidores de Pérez en clientes de sus plataformas mágicas de criptomonedas, y el político recibía oxígeno para su aventura electoral. Negocio redondo. Aunque lo de redondo, como suele pasar, era más bien para el empresario.

Entre los chats también aparece que el eurodiputado calculaba necesitar entre 300.000 y 360.000 euros. Lo decía como quien pide vino de más en una taberna: “para propaganda, actos, logística… ya sabes”.

Incluso sospechan de un pago en criptomonedas de 10.000 euros. Bagatela, calderilla en comparación.

Álvaro Romillo, «CryptoSpain», declaró ante el magistrado de la causa, Julián Sánchez Melgar, que le dio el dinero a Alvise Pérez para convertir a los seguidores de Pérez en clientes de su plataforma de criptomonedas.

«PRÉSTAMO PARTICIPATIVO»

En un momento, Alvise le propone a Romillo camuflarlo todo como un “préstamo participativo” desde la empresa Somos Libres SL –incursa en una operativa comunicada al SEPBLAC como sospechosa–. Un préstamo participativo, sí: la misma coartada que llevan usando los mafiosos con más kilómetros que un taxi de Lisboa.

El empresario tuvo que convencerlo de que no hiciera semejante torpeza, porque hasta para delinquir conviene tener algo de estilo.

Romillo, al final, se convirtió en el guardián del cofre. El político lo decía sin rubor: “En cash es irrastreable, sí. Hecho. Confío en ti como custodio”. Un eurodiputado hablando de custodia como un narco de serie mala. Si Quevedo levantara la cabeza, escribiría otro Buscón.

La Policía sostiene que Pérez quería convertir las criptomonedas en su sistema secreto de financiación. Un laberinto digital para que nadie pudiera rastrear de dónde salía el dinero.

Más que una estrategia, una huida hacia adelante. Y los agentes insinúan que los 100.000 no venían de Romillo, sino del propio entorno de Pérez, blanqueados con la prestidigitación de un prestamista aficionado.

Los investigadores, que a veces escriben como si fuesen notarios de una tragicomedia patria, lo dejan claro: es “a todas luces evidente” —la típica fórmula de toga aburrida que en cristiano significa “canta como una almeja”— que el eurodiputado buscaba dinero. Dinero para su campaña, claro. Pero no el de los donantes transparentes, no.

Fondos opacos, sin declarar, con más sombras que un callejón de Nápoles. Y, por supuesto, bien lejos del Tribunal de Cuentas, esa oficina gris que todavía, de vez en cuando, se acuerda de fiscalizar.

En los mensajes que recoge el informe, Alvise suelta a su socio Romillo lo que en otras épocas se hubiera dicho en una taberna con vino peleón: la “potencialidad” de su colaboración.

Traducción: dame pasta, que yo me encargo de convertirla en votos. “Con un buen acuerdo”, le promete, “tus proyectos llegarían a más gente… y yo podría financiar mi campaña con holgura, sin la lata de la persecución estatal”.

Así, sin anestesia. Ni falta que le hace.

El político, además, va al grano con una franqueza que casi se agradece en estos tiempos de eufemismos: necesita “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas”.

Ni cortapisas legales ni auditorías. Libertad absoluta para gastar como un marajá en plena campaña. Lo justifica con un lamento digno de sainete: no puede poner su propio dinero, la ley se lo prohíbe, y encima tiene que pagar multas por “revelación de secretos contra el Estado” y por violar la sacrosanta Protección de Datos.

Multas que, dicho sea de paso, él viste como medallas al mérito, como quien presume de cicatrices de guerra.

Lo que los jueces llaman irregularidad, aquí parece pura vanidad de político moderno: financiarse en la sombra, saltarse a la torera las leyes y, mientras tanto, posar de mártir perseguido. España en estado puro.

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