El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, advierte de la necesidad urgente de reformar el sistema de acceso a la profesión, al considerar que el actual modelo carece de la exigencia necesaria para garantizar la calidad de los futuros letrados.
González, en declaraciones a Confilegal, subraya que más del 95% de los aspirantes aprueban el examen de acceso, lo que en su opinión evidencia que no cumple con la función de selección para la que fue concebido. “Si hay una ley de acceso es para seleccionar, y aprobando todos no seleccionamos a los mejores. Estamos también perjudicando la calidad de los másteres de acceso”, afirma.
El presidente de la Abogacía española señala además que la configuración actual del examen, basado en pruebas tipo test realizadas en formato «online», resta valor a la preparación práctica de los estudiantes y genera dudas sobre la fiabilidad del proceso. “Un ciudadano no puede entender que para sacarse el teórico del carné de conducir tenga que ir presencialmente a un examen, y que para acceder a una profesión que maneja derechos y libertades fundamentales baste con conectarse a internet”, apunta.
«Queremos que el examen de acceso a la abogacía incluya una parte práctica, que hoy no existe, y que la profesión participe de forma más activa en su diseño».
González reconoce que, por la facilidad de las pruebas de acceso a la abogacía, muchos aspirantes a abogados de otros países, como Italia –donde el índice de aprobado está entre el 30 y el 40 %–, se vienen a España, donde se colegian, lo que les permite después ejercer en su país por los acuerdos de la Unión Europea.
El presidente del CGAE admite la alta calidad de la mayoría de los másteres de acceso, pero insiste en que el examen final no puede ser un mero trámite que rebaje el esfuerzo formativo previo.
González defiende que la abogacía debe tener una participación mucho más activa en la elaboración de la prueba, que debería incluir un ejercicio escrito de razonamiento jurídico y componentes prácticos.
«El sistema actual tiene mucho margen de mejora, y eso es precisamente lo que pedimos. Queremos que el examen de acceso a la abogacía incluya una parte práctica, una prueba escrita de razonamiento –no solo de tipo test– que hoy no existe, que se realice de manera presencial y que la profesión participe de forma más activa en su diseño. También es importante dar más valor a los jóvenes que se incorporan, con una prueba más exigente y con un verdadero incentivo durante los dos años que transcurren entre acabar el grado y superar el examen», explica.
«Si conseguimos que ese periodo tenga sentido y prepare de verdad a los futuros abogados, su entrada en el mercado laboral será más sólida. Eso no solo beneficiará a ellos, sino también a la sociedad: contaremos con servicios profesionales de mayor calidad, con una mejor defensa de los derechos y con más garantías de libertad. Aunque pueda resultar incómodo introducir estos cambios, es lo que necesitamos perseguir», sostiene.
“Necesitamos una prueba rigurosa, con valor, que dignifique el acceso a la profesión. Puede resultar incómodo, pero es lo que debemos buscar si queremos una abogacía sólida y una sociedad mejor protegida”, concluye González.
