Las acusaciones populares del ‘caso Begoña Gómez’ han respaldado la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado de ordenar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el análisis de los correos electrónicos corporativos de la esposa del presidente del Gobierno al considerar que dicha medida no vulnera su intimidad porque se trata de «información institucional».
El objetivo de tal investigación es la de determinar si Cristina Álvarez, empleada pública destinada en Moncloa a las órdenes de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, realizó trabajos privados para ella y, en consecuencia, si podría haberse cometido un delito de malversación de fondos públicos.
Las acusaciones populares —entre ellas la asociación Hazte Oír— han respaldado la decisión judicial frente al recurso de la Fiscalía, que advertía de una posible vulneración del derecho a la intimidad de Gómez.
Estos han contestado que no existe tal riesgo: los mensajes serán revisados exclusivamente por la UCO y solo se incorporarán a la causa aquellos que guarden relación con los hechos investigados, si los hubiere.
El razonamiento es claro. La doctrina constitucional sostiene que quien utiliza una cuenta de correo institucional “carece de expectativa razonable de privacidad”. Es decir, al tratarse de un canal oficial, su contenido puede ser objeto de supervisión legal.
Más aún en este caso, subrayan las acusaciones, dado que Gómez no ostenta cargo público ni pertenece a la Administración.
La medida, añaden, es proporcional y necesaria. Proporcional porque se limita a un correo costeado con dinero público y destinado a fines oficiales.
Y necesaria porque no hay otra vía para verificar si Álvarez se ocupó de asuntos privados de Gómez, lo que abriría la puerta a delitos como malversación, tráfico de influencias o corrupción en los negocios.
Solo el acceso directo a esos correos permitirá esclarecer si existió “concertación de voluntades o eventuales pactos de contenido ilícito”.
Por ello, las acusaciones piden a la Audiencia Provincial de Madrid que desestime el recurso del Ministerio Fiscal. Y van más allá: también apoyan la decisión del juez de imputar a Cristina Álvarez un presunto delito de malversación.
A su juicio, existen indicios racionales de que se habrían desviado recursos personales y materiales del Estado para fines estrictamente privados.
