El Partido Popular ha solicitado al. magistrado Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid que cite como investigado a Gaspar Zarrías Arévalo, histórico dirigente socialista, por financiar las actividades de la «fontanera» del PSOE, Leire Díez.
El escrito presentado el pasado 5 de septiembre de 2025 por la representación procesal del PP pone el foco en la contratación de Leire Díez Castro por la consultora Zaño Sociedad Consultora S.L., administrada por Zarrías, durante los meses en que —según la acusación— desarrollaba actividades relacionadas con la trama del caso Koldo, es decir, entre junio y octubre de 2024.
Dicha sociedad “sólo cuenta con cinco empleados y factura más de un millón de euros al año sin web, redes sociales ni publicidad alguna”, se puede leer en el escrito.
Fue en ese periodo en el que trató de reunir información para supuestamente perjudicar a determinados jueces, fiscales y miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
De acuerdo con las alegaciones del PP, que busca impulsar procesalmente el caso con este escrito, Leire Díez habría sido contratada formalmente por Zaño en ese periodo pese a que en esas fechas trabajaba en la sede de Ferraz, reportando directamente al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
La acusación sostiene que la consultora abonaba una retribución por supuestos servicios no acreditados a Díez Castro, quien en paralelo habría participado en gestiones vinculadas con la trama investigada.
Para el PP, esta relación laboral encubría una forma de financiación irregular de actividades ilícitas: «Existe una evidente coincidencia temporal entre la contratación de la Sra. Díez Castro por el ‘lobby’ administrado por el Sr. Zarrías Arévalo y las conductas indiciariamente delictivas que se le atribuyen»,
El escrito atribuye a Gaspar Zarrías, como administrador de Zaño, un papel activo en la financiación de esas conductas. Por ello, se pide su declaración como investigado, junto a otras diligencias como el registro de la sede de la consultora, la incautación de contratos y correos electrónicos relacionados con Leire Díez, y la declaración de testigos relacionados, entre ellos el empresario José Ruz, quien habría abonado 36.300 euros a Zaño en 2022.
El PP insiste en que la contratación de Díez por una sociedad administrada por un exdirigente socialista con vínculos todavía presentes en la organización “no puede desligarse del contexto de las actividades presuntamente delictivas” que originaron la causa
Gaspar Zarrías, histórico dirigente del PSOE de Andalucía y exconsejero de la Junta de Andalucía, fue condenado en 2019 en el marco del caso de los ERE a 9 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación.
El Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla, al considerar que participó en el sistema arbitrario de ayudas sociolaborales que funcionó durante una década en Andalucía.
Tras intentar revertir la condena mediante un incidente de nulidad ante el propio Supremo, su último recurso fue acudir al Tribunal Constitucional.
El TC, sin embargo, admitió parcialmente el recurso de amparo porque consideró que su derecho a la legalidad penal (art. 25.1 de la Constitución Española) fue vulnerado al imputarle hechos que, según el TC, no podían calificarse como prevaricación.
La Audiencia Provincial de Sevilla tiene que readaptar su sentencia. Sin embargo, la elevación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de una cuestión prejudicial sobre la sentencia final del TC deja en el aire dicho desenlace, por ahora.
