La Asociación de Usuarios de Criptomonedas ha dado el empujón definitivo. En un escrito, esta acusación popular respalda que el magistrado instructor del Tribunal Supremo en esta causa, Julián Sánchez Melgar, solicite autorización al Parlamento Europeo para investigar al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez por la presunta financiación irregular de Se Acabó La Fiesta (SALF).
La cuestión gira en torno a los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo —’CryptoSpain’ para sus seguidores— habría transferido al líder de SALF. Una cifra que ha puesto en marcha la maquinaria judicial y que ahora choca contra el muro de la inmunidad parlamentaria europea.
El magistrado instructor había consultado a las partes sobre la conveniencia del suplicatorio. La respuesta de la asociación, dirigida por el letrado Carlos Aránguez, no deja lugar a dudas: «Por la gravedad de los hechos se hace necesaria la correcta tramitación de la causa».
El protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea es claro: los eurodiputados gozan de inmunidad «frente a cualquier medida de detención y a las actuaciones judiciales», salvo que el Parlamento Europeo acuerde levantarla mediante suplicatorio. Un trámite que ahora el Supremo debe valorar iniciar.
Las versiones contradictorias
Los hechos presentan aristas que no encajan. ‘Alvise’ declaró voluntariamente el 11 de julio y admitió haber recibido los 100.000 euros, pero negó rotundamente su uso para la campaña electoral de las europeas del 9 de junio de 2024.
Romillo, por su parte, aseguró que el dinero tenía como destino la formación política.
La Policía Nacional, sin embargo, dibuja un escenario diferente en su informe: los agentes sostienen que ‘Alvise’ recibió la cantidad para «financiar parte de la campaña electoral» y detectan un «evidente» ánimo del eurodiputado de buscar «fondos opacos».
El instructor ya había prorrogado la investigación hasta marzo de 2026, precisamente a la espera de resolver el trámite del suplicatorio. La decisión no es menor: de ella depende que puedan continuar las diligencias contra el eurodiputado en el marco de la causa que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC), la plataforma encabezada por Romillo.
La asociación de usuarios, que representa a las víctimas de esta presunta trama, considera que existen «hechos suficientes» para proseguir con la investigación de Pérez. Ahora queda en manos del Supremo dar el paso hacia Bruselas y solicitar el levantamiento de la inmunidad que protege al controvertido eurodiputado.
