Desde hace mucho tiempo, incluso desde que la (llamada) Ley de Eficiencia estaba en fase de proyecto, y por supuesto ininterrumpidamente, hasta ahora, cuando se está desarrollando el proceso de implantación de la oficina judicial del tribunal de instancia, venimos denunciando precipitación, imprevisión, descoordinación y falta de criterios claros.
En el momento actual, a tres meses vista, cuando se está configurando el diseño de las oficinas judiciales del tribunal de instancia, tenemos una parte importante de relaciones de trabajo publicadas, pero aún quedan muchos temas pendientes de desarrollo para este trimestre, hasta final del año.
Materialización del diseño en cada sede, a través de las RPTs
El modelo inicial NUMO realizado por el Ministerio de Justicia, debe adaptarse a cada sede en concreto. Se trata de “dibujar” el esqueleto, la estructura de la oficina del tribunal de cada sede judicial lo que se realiza mediante las relaciones de puestos de trabajo donde concurren las responsabilidades de las Comunidades Autónomas con competencias en Justicia, con las del propio Ministerio, especialmente en cuanto a los Letrados de Justicia.
Estas RPTs, están saliendo a tirones, con continuas correcciones, y falta de calidad en su configuración.
En el momento actual aun cuando sí se están tramitando y las conocemos, no se han publicado todavía formalmente las de las principales capitales, lo que impide que se desarrolle el acoplamiento de los Letrados de la Administración de Justicia y del resto de funcionarios a través de un complejo proceso.
Y, a día de hoy, tampoco tenemos constancia de cómo va a ser el diseño de los órganos centrales, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Ni nos han trasladado, ni se han publicado las relaciones de puestos de estos órganos, que son responsabilidad directa del Ministerio de Justicia.
La reestructuración organizativa de cada oficina judicial
Una vez que tenemos el esqueleto, aun con deficiencias, tenemos que dotarlo de músculo y hacerlo funcionar. De momento hasta aquí hemos llegado. Si difícil ha parecido “dibujar” la estructura del tribunal y su oficina, lo realmente difícil va a ser ponerla en marcha, en concreto, mediante los protocolos o manuales de procedimientos, que tienen que redactarse.
Ahora las previsiones estructurales deben dotarse de sistemas que las organicen y de momento, solo conocemos los de Fase I y II para pequeñas sedes. Nos falta dar un salto copernicano en tres meses hacia macro oficinas.
No conocemos el detalle de estos documentos, que se están encargando a los Secretarios de Gobierno que son los responsables de la mayor parte del trabajo.
Deben decidir cómo se va a organizar la tramitación de los expedientes, quien asume responsabilidades y cómo se encargan a los servicios comunes que deben gestionarlos, lo que condicionará los esquemas informáticos.
Por ejemplo, debe decidirse si los servicios se reorganizaran por fases procesales o tipos procedimentales. Hasta ahora de lo que tenemos constancia es que las ideas son diferentes y que nuevamente falta homogeneidad.
Lo que nos preocupa mucho es que, frente a las secciones del tribunal que atienden a las distintas especialidades que existen en cada uno de ellos, similares a las hoy existentes, se eliminan para la oficina judicial de la inmensa mayoría de los diseños. Las actuales especializaciones técnicas de los Letrados de Justicia desaparecen en la mayoría de las oficinas.
¿Alguien puede entender que no haya LAJ específicamente responsable de mercantil, de familia, de violencia de género, de social, de contencioso? Todos se integran en áreas genéricas, perdiendo su especialización para atender indiscriminadamente unas u otras tareas.
Nos parece gravísimo, tanto desde un punto de vista operativo, como también corporativo, porque se priva a los letrados de la Administración de Justicia de una especialización que muchos de ellos se han labrado durante su carrera profesional.
Precisamente en este momento, estamos intentando que el Ministerio de Justicia, revise este tema, para evitar disfunciones que con seguridad van a producirse.
La reubicación de los Letrados de la AJ y de todos los funcionarios de los cuerpos generales. El llamado proceso de acoplamiento
Y naturalmente, junto a los protocolos, que definen procesos, necesitamos encajar a todos los funcionarios de Justicia, Letrados y Cuerpos Generales en esa estructura, para que esos procesos funcionen correctamente.
A los protocolos que definen el cómo, debe sumarse el detalle de cada relación de puestos, el quién, que los defina y los haga encajar en la estructura general. Se trata del que se ha denominado “acoplamiento”, que parte de concursos de libre designación y específicos, y posterior reubicación voluntaria o forzosa del resto en los diferentes puestos.
Hay que identificar puestos, dotarlos de contenido, asignar tareas, reordenar a todos los cientos o miles de funcionarios que deben asumir de forma diferente sus responsabilidades.
Y este trabajo sigue pendiente. Por no hablar de una profunda reubicación de espacios. De edificios configurados para juzgados individuales pasaremos a edificios con servicios comunes que pueden albergar cientos de funcionarios, y la mayoría de los edificios judiciales no están preparados para este cambio, ni lo van a estar el 1 de enero.
Y reubicación de espacios supone también reubicación de expedientes, mobiliario, cambios informáticos…
Comprendemos la complejidad del proceso, pero si queremos evitar recursos y desacuerdos en las sedes judiciales entre los compañeros, y con los integrantes de la carrera judicial, es imprescindible que las reglas de juego sean claras y precisas, y conseguirlo es responsabilidad del Ministerio de Justicia.
Relación con los órganos del Poder Judicial
Y dentro del proceso de ajuste es especialmente espinoso, el que se refiere a la relación entre el Tribunal y la Oficina, entre los órganos directivos de una y otra, entre los directores de los servicios comunes, especialmente el de tramitación y el presidente del Tribunal.
Ya lo hemos visto en la falta de calidad de las Instrucciones dictadas sobre ello por el Consejo General del Poder Judicial, excediéndose manifiestamente en sus competencias, afectando al trabajo de quienes no estamos integrados en el Poder Judicial.
A las Instrucciones del Consejo respondió afortunadamente la de la Secretaria General, Sofía Puente, precisando y concretando aspectos esenciales.
Pero lo cierto es que lo que aparentemente debería ser fácil, la dirección del Tribunal corresponde a los jueces, la de la Oficina a los letrados de la Administración de Justicia, está demostrando desde el principio, que va a ser muy problemática y no se está atajando convenientemente por quienes deberían hacerlo, el Ministerio de Justicia y el CGPJ, para evitar que nuevamente se resuelvan estos “conflictos” de forma particular y de diferente modo en cada sede.
Y en este extremo, hemos propuesto a unos y a otros, la creación de comisiones mixtas, similares a la Comisión Jurídica Asesora que en su día se creó para el desarrollo de las primeras Oficinas Judiciales, para que los técnicos del Poder Judicial y del Cuerpo de Letrados limen las aristas que puedan dificultar el despliegue. Por cierto, tampoco tenemos constancia de que se estén realizando progresos en este ámbito.
Desarrollos informáticos. El expediente judicial electrónico
Desde el minuto cero, venimos destacando, que es esencial contar con expediente judicial electrónico y papel cero, para poder dar este paso. Precisamente, se frenó el despliegue de la ya “vieja” oficina judicial por el caos que se generó, cuando se intentó poder en marcha con expedientes en papel. ¿Alguien se imagina esta reestructuración organizativa con expediente físicos yendo de un lugar para otro?
Pues este error va a volver a cometerse, porque aún hay una parte importante del territorio nacional funcionando en papel, especialmente en la jurisdicción penal, la más sensible. No sólo cambiará el juez instructor, sino que además se gestionará por un servicio común en el que estarán todos los expedientes, en su caso en papel, a cargo de no se sabe qué letrado de la Administración de Justicia, para que sean resueltos por la sección correspondiente del Tribunal.
El riesgo de retraso e inseguridad en la tramitación, y posible pérdida de documentos (el trasiego de documentación entre Jueces y Servicios comunes va a ser enorme) entendemos que es muy preocupante.
Y por supuesto, si en cada comunidad autónoma el programa informático es diferente, diferente será el nuevo aplicativo, que, por cierto, se tendrá que acoplar a unos protocolos aun inexistentes que definirán la forma en la que se estructurará el trabajo, que será desigual en cada comunidad autónoma, en cada secretaría de gobierno, y puede que incluso en cada sede de la misma comunidad.
Realmente, lo vemos complicado, aunque los informáticos nos pidan que tengamos fe en ellos. Pensemos que no son solo los programas de gestión internos, se trata además de aplicaciones que afectan a todos los que colaboran y se comunican con la Administración de Justicia, la ordenación de la entrada de escritos y realización de notificaciones mediante Lexnet, ACCEDA, INSIDE, la aplicación de SIRAJ2 y control de medidas cautelares, de la Cuenta de Consignaciones al desaparecer el concepto “juzgado”, etc.
Gestión del cambio
Hacer una correcta gestión del cambio es esencial para que se materialice sin sobresaltos, y en esa tarea no se está trabajando correctamente (en muchos casos ni se está trabajando) para evitar que, con la reforma organizativa de la Ley de Eficiencia, pase lo mismo que con la otra medida estrella, la de la mediación, que está llamando ya continuamente a su reforma.
Desde el Colegio Nacional hemos querido impulsar expresamente el proceso, animar a nuestros compañeros y formarles mediante acciones didácticas destacando las ventajas y también las deficiencias del nuevo sistema. Junto a los webinarios que realizamos en su día, y al contacto directo de los delegados, hemos organizado unas Jornadas Técnicas en Comillas que retransmitimos en directo.
Además, estamos haciendo aportaciones continuas a los documentos que se nos trasladan, intentando mejorarlos, lo que, a su vez, publicamos en redes sociales.
Pero, todos nuestros compañeros, se quejan de que el Ministerio no les ha ofrecido formación. Para vencer hay que convencer, y detectamos precisamente lo contrario, miedos y reticencias hacia este futuro próximo que se evidencia en la cantidad ingente de jubilaciones de compañeros que se están produciendo de forma anticipada, duplican en mucho a las de años anteriores y nos tememos que seguirán creciendo.
El sentimiento de desánimo y miedo al cambio es evidente.
Puesta en marcha
Y por supuesto, a día de hoy, está previsto que toda la Fase III empiece a funcionar el mismo día, a la misma hora. Lo que hemos visto hasta ahora, no tiene nada que ver con lo que se avecina, puesto que hablamos de todas las capitales de provincia y grandes ciudades del territorio español.
Tenemos que repetir de nuevo que no nos parece prudente, ya no son pequeños juzgados, son grandes estructuras que van a cambiar de manera radical su forma de trabajar, y eso, hay que hacerlo ordenadamente en plazos más razonables, y asegurando al máximo todas las posibilidades.
Ni entendimos en su día la despreocupación con la que se implantó la llamada Nueva Oficina Judicial (más de 20 años después, en muchos territorios no se llegó a implantar) ni entendemos ahora esta implantación “acelerada”.
No estamos hablando de un sencillo mecanismo al que se le puede dar la vuelta como un calcetín y no pasa nada. Estamos hablando de una compleja estructura organizativa, soporte del servicio público de la Administración de Justicia, cuyos trastornos los sufriremos todos los ciudadanos.
Suponemos que el tiempo nos dará o nos quitará la razón y que, en breve, tres meses pasan muy deprisa, veremos qué es lo que sucede.
