Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que rechace el recurso interpuesto por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y mantenga la fianza impuesta en el procedimiento por revelación de secretos que se sigue contra él.
En su escrito de alegaciones, González Amador se opone a la petición de García Ortiz de que la Sala de Apelación corrija al magistrado instructor, Ángel Hurtado, y le exima de fianza en aplicación del artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
El empresario sostiene que dicha exención “no resulta aplicable” porque Álvaro García Ortiz, en este caso, “no es ni Estado, ni entidad pública empresarial, ni organismo público, ni órgano constitucional, sino un acusado persona física”.
“La Fiscalía no tiene capacidad de delinquir”
González Amador argumenta además que la Fiscalía General del Estado “carece de capacidad de delinquir”. Tampoco «tiene personalidad jurídica, presupuesto ni activos propios”, por lo que tampoco puede exigírsele responsabilidad civil. “Depende del Ministerio de Justicia y de sus presupuestos”, subraya.
Una realidad ante la que González Amador ha recordado que no ha solicitado responsabilidad civil subsidiaria al Estado. Ello, al entender que “los españoles no debemos responder patrimonialmente de ninguna forma de las actuaciones delictivas protagonizadas por García Ortiz”.
El empresario reitera su petición de 300.000 euros de indemnización por perjuicios y daños morales. Sostiene que los efectos de la presunta filtración de su comunicación con la Fiscalía no se limitaron a los días 13 y 14 de marzo de 2024, sino que “han continuado hasta la actualidad”.
Una filtración que, además, señala que fue parte de la “política de comunicación del Gobierno”. En concreto, por su relación personal con una “rival política”. Una estrategia, dice, de “búsqueda de relato”.
“Imposible cualquier proceso justo” contra García Ortiz
González Amador asegura que, tras la divulgación de la información, resulta “imposible cualquier proceso justo” en su contra, en alusión al procedimiento por presuntos delitos fiscales en el que será juzgado.
“No se trata solo del juez de enjuiciamiento —afirma—, sino de cualquier juez, fiscal, abogado, médico, ingeniero, empresario o estudiante universitario que ha sido espectador de la eliminación en canal y definitiva de la confidencialidad de las conversaciones con la defensa”.
Sostiene que la filtración ha causado “padecimientos personales, familiares, profesionales y empresariales”, con pérdida de contratos y oportunidades de negocio, debido a la percepción pública de que “ciertamente se han cometido dos delitos fiscales”.
