Alvise
El magistrado Julián Sánchez Melgar solicita el suplicatorio ante la Eurocámara para que pueda investigarle por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo. Foto: Confilegal.

El Supremo pide al Parlamento Europeo que levante la inmunidad de Alvise Pérez para investigarle por financiación ilegal

14 / 10 / 2025 16:24

Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo (TS), se ha dirigido al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, para que pueda investigarle por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias ‘CryptoSpain’, para las elecciones europeas de 2024.

El magistrado Sánchez Melgar le tomó declaración voluntaria por estos hechos el pasado julio. Entonces, ‘Alvise’ declaró que Romillo le dio ese dinero, pero no para la campaña electoral de SALF. El empresario, en cambio, aseguró que se lo entregó con esa finalidad.

Las causas abiertas de Alvise en el Supremo

Esta sería la segunda vez que un magistrado pide el suplicatorio a la Eurocámara para levantar la inmunidad de Alvise Pérez. La primera ocasión fue a petición de Juan Ramón Berdugo, magistrado que instruye otra de las causas abiertas contra el eurodipuatado en el alto tribunal, por el presunto acoso a la fiscal coordinadora para delitos de odio, Susana Gisbert.

Ahora, Sánchez Melgar hace lo propio, dirigiéndose al Parlamento Europeo a través del presidente de la Sala Penal del TS, Andrés Martínez Arrieta, y de la presidenta del alto tribunal, Isabel Perelló.

El Supremo tiene en total cuatro causas abiertas contra ‘Alvise’. Además de esta, cuenta otra por la difusión de una PCR falsa del ex ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; una más reciente también por el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a dichas elecciones y posteriormente rompieron con el partido. Además de la mencionada por presunto acoso en redes sociales a la fiscal y por la que ahora es noticia: la financiación ilegal de su partido.

Una versión poco creíble para Sánchez Melgar

Sánchez Melgar explica en su resolución de este martes que las pesquisas se refieren básicamente a una reunión en la que ‘Alvise’ habría pedido dinero a Romillo «para financiar su partido político, pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna, ni reflejarse en su contabilidad». El empresario, por su parte, habría aceptado, a cambio de «influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo».

«Estando ambos de acuerdo, convienen en que la entrega se hará por un tercero, comisionado de Romillo que le llevará una mochila con la cantidad de 100.000 euros», relata el Supremo, aunque precisa que los detalles «se fueron fraguando también mediante mensajería instantánea».

La entrega, continúa el instructor, «se hizo de forma personal», de modo que el emisario de Romillo le dio el dinero en una mochila, que ‘Alvise’ se llevó «a su casa sin ingresar tal cantidad, que iba en billetes de diversas clases».

El eurodiputado sostuvo que el dinero fue un pago por una charla que dio en el hipódromo de Madrid y que se había gastado la mitad en cosas personales, aunque también reconoció «gastos y necesidades del partido político, como viajes o almuerzos».

Para Sánchez Melgar, esa explicación resulta «poco verosímil», sobre todo teniendo en cuenta que el análisis del contenido del teléfono móvil de Romillo «acredita, indiciariamente, todos los aludidos extremos». En concreto, «los pormenores de una presunta financiación irregular», afectando además a «la limpieza y transparencia electoral», plasma el magistrado.

HECHOS ANTERIORES A QUE LOGRARA EL ESCAÑO

A su juicio, se trata de presuntos delitos electoral y de financiación ilegal y explica que no puede seguir investigando si no obtiene el suplicatorio de la Eurocámara, aclarando que hasta entonces suspenderá las pesquisas, «salvo aquellas actuaciones urgentes que no comprometan los derechos esenciales salvaguardados del eurodiputado investigado».

De cara a obtener el permiso del Parlamento Europeo, el instructor alega que «este procedimiento judicial no guarda relación alguna con las actividades desempeñadas (por ‘Alvise’) en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias».

«Los hechos imputados y los delitos que se consideran de aplicación se centran en su actuación anterior en el tiempo a la adquisición de su condición de diputado del Parlamento Europeo», subraya.

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