«El presidente ha dado la orden de limpiar, sin límite». La frase la pronunció el empresario Javier Pérez Dolset ante el fiscal Ignacio Stampa el 7 de mayo pasado, en presencia de Leire Díez, la exmilitante socialista que ahora los tribunales investigan como «la fontanera del PSOE».
Según Pérez Dolset, Díez le llamó justo cuando trascendió la imputación de Begoña Gómez. El motivo: ejecutar la orden presidencial.
«La situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente», añadió el empresario, según consta en la denuncia que Stampa presentó ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y que ahora forma parte del sumario del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press.
La reunión, que se prolongó más de tres horas, no era lo que parecía. A Stampa le habían dicho que el Gobierno quería disculparse por el trato «injusto» recibido cuando salió de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020.
La realidad fue otra: un intento sistemático de obtener información comprometedora contra fiscales y jueces clave en casos sensibles para el Ejecutivo.
La intermediaria que se presentó como «la persona del PSOE»
Stampa acudió a la cita convencido de que se reuniría con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, quien actuaría «en nombre del Gobierno». Pero Cerdán nunca apareció. En su lugar estaba Leire Díez, quien excusó la ausencia asegurando que «le trasladaría después todo lo que se dijera».
Cuando Stampa preguntó quién era ella, Díez no se anduvo con rodeos: «La persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo eso». El fiscal quiso precisar: «¿Detrás de qué?». La respuesta de Díez fue clara: «Las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción».
Ahí quedó definido el papel de Díez: la fontanera encargada de detectar y, en su caso, «limpiar» cualquier irregularidad que pudiera perjudicar al Gobierno tras la imputación de la esposa del presidente.
Tres objetivos, una misión
Aunque nunca le hicieron «ninguna propuesta de naturaleza delictiva de forma directa», Stampa asegura que le preguntaron «en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades» de tres personas concretas: el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda, de la misma Fiscalía,, y el magistrado Manuel García Castellón.
Díez y Pérez Dolset desplegaron un conocimiento detallado —o pretendidamente detallado— de diversos sumarios: el ‘caso Villarejo’, el ‘caso hidrocarburos’, el ‘caso Begoña’.
Algunos de esos asuntos, reconoce Stampa, le son «absolutamente ajenos».
El empresario llegó a afirmar que García Castellón había entregado a Villarejo dispositivos intervenidos para que los desencriptara, y que él lo había conseguido. También habló de un dispositivo perdido con información sobre la «Operación Cataluña» y la «Operación Kitchen» que podría perjudicar al Partido Popular y a María Dolores de Cospedal.
Ambos se mostraron «muy indignados» porque se ocultaran «todas las ilegalidades desencriptadas», supuestamente rechazadas por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Stampa califica estas afirmaciones de «grosera falsedad» que ha podido «confirmar».
Sobre Grinda, intentaron que Stampa dijera algo «que le desprestigiara». Le hablaron de «intervenciones procesales suyas y, con especial saña y mal gusto, de otras supuestas y sórdidas actuaciones personales».
La cadena de mando: del presidente al fiscal general
En un momento de la conversación, Stampa lanzó una pregunta clave: ¿iba a conocer el fiscal general del Estado aquella reunión? Díez respondió que lo sabría más adelante. Y agregó algo más inquietante: también lo sabría «el jefe del fiscal general».
Stampa pidió aclaración: ¿se refería al ministro de Justicia o al presidente del Gobierno? La respuesta de Díez no dejó lugar a dudas: «Ambos».
La cadena de mando quedaba así establecida, al menos según el relato de la fontanera del PSOE: la orden de «limpiar sin límite» venía de arriba, del propio presidente, y tanto el ministro de Justicia como el fiscal general del Estado estarían al tanto de la operación.
La oferta de volver al ‘caso Villarejo’
Díez le aseguró a Stampa que se tomarían «las medidas necesarias» para que «las cosas fueran a mejor» y pudiera volver a asumir el ‘caso Villarejo’ en la Fiscalía Anticorrupción. Era, en la práctica, un ofrecimiento de reincorporación.
Stampa le contestó que no tenía intención de volver a ese trabajo.
Para el fiscal, «la mayor prueba» de que el objetivo real de Díez y Pérez Dolset no era disculparse sino «conocer irregularidades» de Luzón, García Castellón y Grinda fue «su desconocimiento sobre la existencia y circunstancias de los litigios judiciales» que él sigue manteniendo contra el Ministerio de Justicia «en restablecimiento, precisamente, de lo que los convocantes a la cita supuestamente consideraban una injusticia».
Si hubieran querido disculparse de verdad, habrían conocido esos litigios.
La trampa que no se cerró
«La reunión concluyó sin que consiguieran de mí ni una sola de las ‘informaciones’ que equivocadamente esperaban obtener», escribe Stampa en su denuncia.
Después del encuentro, le pidieron una segunda reunión. El fiscal, «convencido» de que le harían una propuesta que debía ser denunciada formalmente, aceptó. Pero luego la canceló.
El 3 de junio, Stampa avisó a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid. El Ministerio Público pidió que se investigaran los hechos por presunto intento de soborno a dos fiscales —Stampa y Grinda, quien también presentó denuncia— y solicitó la «grabación de las conversaciones mantenidas con los investigados».
El magistrado Arturo Zamarriego asumió el caso. Díez está citada a declarar como investigada el 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Grinda y Stampa declararán como testigos el 5 de noviembre.
Lo que empezó como una supuesta disculpa del Gobierno terminó en los tribunales. Con una pregunta central: ¿dio realmente Pedro Sánchez la orden de «limpiar sin límite» tras la imputación de su esposa? La fontanera del PSOE lo afirmó ante un fiscal. Ahora tendrá que explicarlo ante un juez.
