Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, durante su intervención en la inauguración del 20º Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga.

Salvador González exige en Málaga mejoras reales para la abogacía y advierte contra los ataques a la independencia judicial

30 / 10 / 2025 13:31

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El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, ha lanzado hoy un mensaje nítido: proteger el derecho de defensa no es solo defender principios, sino exigir mejoras concretas en las condiciones profesionales.

Lo hizo este jueves en la inauguración del 20º Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga, donde reunió argumentos legales y reivindicaciones prácticas ante cientos de juristas, magistrados y fiscales.

«Protegerla es exigir más avances en conciliación. O cuestionar y que se paralice, como acabamos de hacer con ATA, la injusta subida de cuotas a los autónomos», afirmó González. T

También reclamó «una solución para la pasarela al RETA de nuestros compañeros mutualistas», asunto en el que la Abogacía «ha implicado incluso al Parlamento Europeo» para reclamar «sensibilidad y rapidez al legislador».

González valoró avances recientes como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, el Reglamento de Amparo Colegial o el Convenio Europeo para la Protección de la Abogacía, cuya ratificación ha prometido el ministro de Justicia.

Pero advirtió: las reformas para mejorar la eficiencia judicial no pueden llegar «poniendo en riesgo las máximas garantías de seguridad jurídica ni el acceso efectivo a la tutela judicial».

El presidente fue más allá. Reclamó más presupuesto, leyes acompañadas de recursos y reformas nacidas del consenso.

Y lanzó una advertencia de calado político: «Sembrar dudas sobre la independencia del Poder Judicial menoscaba la confianza ciudadana y causa un grave daño institucional».

González puso, asimismo, el foco en la justicia gratuita. Pidió una nueva ley y mejores retribuciones y baremos profesionales. Reconoció el esfuerzo de algunas autonomías, pero exigió que la justicia gratuita «sea tratada como una cuestión de Estado, incluida en la agenda de las prioridades públicas y políticas».

Finalmente, subrayó la importancia de la formación.

Recordó que más de 13.000 profesionales participan en el Programa Upro de competencias digitales, «un curso sin coste para el alumno y de altísima calidad en sus contenidos». «Sin formación no hay profesión», sentenció, antes de anunciar la creación de un Consejo Asesor sobre Innovación, Abogacía y Justicia Digital para afrontar los retos tecnológicos inmediatos.

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