España afronta una amenaza silenciosa que crece entre pantallas, aulas y hogares desbordados. El magistrado José Luis Castro, titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y Menores de la Audiencia Nacional, advirtió ayer que la radicalización yihadista de menores ya no es un fenómeno aislado, sino una realidad que requiere una respuesta estructural.
Fue en el marco de su intervención en el Foro Internacional “Actualidad del terrorismo yihadista: riesgos y amenazas”, organizado por la Universidad Nebrija y la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global (CISEG) y, en concreto, en el panel sobre «Ámbito penal y penitenciario: investigación, enjuiciamiento y reinserción en delitos de terrorismo».
En el mismo intervinieron también Juan Moral de la Rosa, exfiscal de la Audiencia Nacional, con amplia experiencia en delitos de terrorismo, y Francisco Javier Moreno, primer director del Centro Penitenciario Brians I de Barcelona, pionero en programas de tratamiento y reinserción de internos condenado spor terrorismo.
Durante su participación, el magistrado Castro explicó la progresión de menores yihadistas desde hace 12 años: «Si en 2013 apenas se registraron 2 casos y en 2014 fueron 3, en 2023 la cifra ascendió a 26 menores implicados en procesos relacionados con terrorismo yihadista. En 2027 fueron 27; en 2025, hasta la fecha, hay 18 asuntos abiertos. La tendencia es inequívoca: cada año hay más jóvenes en el radar judicial, algunos con planes operativos reales», explicó.
“Y no estamos hablando de adolescentes que simplemente consumen propaganda. Estamos viendo jóvenes que pueden preparar mochilas con explosivos o señalar objetivos para asesinatos”, señaló.
El fenómeno, advirtió, no puede abordarse desde una mirada simplista.
Son menores que han crecido hiperconectados. Para muchos, la Red no es sólo un espacio de ocio: es su identidad, su refugio y su comunidad cuando su entorno cercano no se la ofrece. Algunos destacan académicamente, incluso con altas capacidades; otros arrastran problemas sociales, experiencias de acoso escolar o trastornos del neurodesarrollo —como el autismo o el síndrome de Asperger— que agravan su aislamiento.
El patrón, sin embargo, se repite. Jóvenes introvertidos, solitarios, autosuficientes. Operan sin apoyo directo, como “lobos solitarios”. Siguen pautas difusas pero efectivas, con tres metas bien definidas: utilizar medios baratos y de fácil acceso —armas blancas como cuchillos o machetes—; dificultar su identificación y detención; y explotar las redes sociales para amplificar el impacto de su acción.
El caso de Sídney ilustra este fenómeno. Un menor de 15 años acuchilló a un líder religioso con un arma simple y retransmitió su ataque en directo. Un gesto violento, amplificado por internet, que evidencia la capacidad de estos jóvenes para actuar en solitario y buscar notoriedad global en tiempo real.
EL ENTORNO FAMILIAR, CLAVE
El hogar, primer espacio de protección y referencia afectiva, falla con demasiada frecuencia. En muchos casos, se convierte en el lugar donde la radicalización avanza sin resistencia.
El punto crítico es la supervisión. La ausencia de control sobre dispositivos y actividad digital de los menores es casi absoluta. Según los datos expuestos por el magistrado, el 70% de los padres desconoce qué hacen sus hijos en Internet. Un vacío preocupante en un entorno donde el acceso a redes internacionales y a propaganda extremista es inmediato y continuo.
El contexto familiar agrava el riesgo. En uno de cada cinco casos se detectan dinámicas disfuncionales o directamente inadecuadas. El resultado: jóvenes emocionalmente desconectados que buscan identidad y propósito en comunidades virtuales que sí se los ofrecen.
Los casos más graves añaden un elemento inquietante: progenitores que justifican o refuerzan discursos extremistas. Es decir, un entorno que no sólo no frena, sino que alimenta la radicalización. A ello se suma la influencia de hermanos mayores ya captados, un mecanismo especialmente presente en centros de menores y que actúa como vector indirecto pero decisivo.
El marco jurídico español es claro. La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, impone a los padres el deber de “procurarles una formación integral” y garantizar su desarrollo en un entorno seguro. Cuando ese deber se incumple —por omisión o por aliento ideológico—, se rompe la función esencial de la familia como barrera preventiva.
«El fenómeno», afirmó, «nace de vulnerabilidades emocionales, sociales y familiares. Se alimenta en la red, pero germina en entornos donde faltan referentes, límites y comunidad».
UNA RELACIÓN SUPERFICIAL CON LA RELIGIÓN
La mayoría de los jóvenes implicados —en torno al 70%— procede de entornos de referencia islámica. Pero el dato requiere matiz. La relación de estos menores con la religión es, por lo general, superficial. Predomina una práctica ritual, más social que espiritual, alejada del conocimiento profundo del Corán o de la doctrina.
No es la fe el motor, sino un vacío identitario que convierte a estos adolescentes en presa fácil para discursos radicales.
En los casos más extremos, la religión actúa como puerta de entrada simbólica. Pero la captación se sostiene sobre otras bases: vulnerabilidades personales, sensación de exclusión y necesidad de pertenencia. Desde ahí, el salto hacia narrativas de odio, rechazo al sistema democrático y negación de los derechos humanos es cuestión de tiempo.
Muchas familias ignoran el proceso hasta que la policía llama a su puerta, relató el magistrado. Los perfiles suelen ser de jóvenes españoles, a menudo de segunda generación con raíces marroquíes. Las zonas con mayor incidencia: Cataluña, Madrid y Sevilla.
La amenaza no es teórica. «Es real», subrayó el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Menroes de la Audiencia Nacional. «Se han detectado menores que fabricaron explosivos caseros, recibieron instrucciones para atentar o identificaron objetivos concretos para asesinar».
Ante este escenario, surge la pregunta: “¿Estamos ante un menor terrorista o un terrorista menor?”. La distinción importa, pero no debe ocultar dos realidades simultáneas: su vulnerabilidad y su capacidad para causar daño.
EL MAGISTRADO RECLAMA MEDIDAS URGENTES
El magistrado, durante su exposición, consideró que son necesarios cambios urgentes en tres áreas: las normas de las cárceles, la justicia de menores y el tiempo máximo que pueden durar las medidas cautelares en casos de terrorismo juvenil.
Desde su punto de vista, la ley penitenciaria actual, que data de 1979, se ha quedado antigua y debe actualizarse. Reclama que los jueces tengan más control sobre decisiones importantes dentro de prisión, como la concesión del tercer grado, que hoy queda casi por completo en manos de la Administración.
También afirmó que había que revisar el sistema de libertad vigilada para que, si un condenado incumple sus obligaciones, existan consecuencias reales y no simples trámites sin impacto.
Respecto a la justicia de menores, Castro criticó que el Juzgado Central de Menores solo pueda ocuparse de casos de terrorismo o de delitos cometidos fuera de España. Cree que esta limitación «es absurda y dificulta actuar de manera coherente en situaciones complejas».
Además, insistió en que no todos los menores relacionados con el terrorismo deberían ir automáticamente a un centro cerrado; «algunos pueden rehabilitarse mejor con otras medidas si muestran voluntad de cambiar». Por ello, opinó que debería ser posible ajustar las medidas educativas y de internamiento durante la condena, para adaptarlas a la evolución del menor.
Por último, Castro señaló que las investigaciones por terrorismo en menores suelen ser largas y complicadas, con escuchas y seguimientos similares a los realizados a adultos.
Sin embargo, la ley solo permite medidas cautelares de hasta seis meses, ampliables tres más. Para el magistrado este tiempo puede ser insuficiente y propuso añadir una prórroga extra de otros tres meses en casos graves, siempre con autorización judicial. De esta forma, se evitaría que investigaciones importantes queden incompletas y que posibles riesgos para la seguridad pública pasen inadvertidos.
Y REFORZAR EL ENFOQUE EDUCATIVO Y PREVENTIVO
Castro cerró su intervención, que se prolongó durante 44 minutos, abogando por reforzar el enfoque educativo y preventivo del sistema, recordando que la reincidencia de estos jóvenes es prácticamente nula cuando pasan por programas adecuados de intervención.
Y defendiendo la necesidad de trabajar directamente con las familias, imponiendo controles tecnológicos estrictos tras la condena y reforzando la educación digital y el pensamiento crítico en las aulas.
“No podemos actuar como si esto no existiera. Si los captadores dominan la tecnología, el Estado debe dominar la protección”, insistió.
Castro conocido como «magistrado con perspectiva humanista», recordó que la jurisdicción de menores no es sólo punitiva, sino también protectora y educativa, y que muchos de estos jóvenes pueden ser reinsertados si se actúa a tiempo .
«El fenómeno», afirmó, «nace de vulnerabilidades emocionales, sociales y familiares. Se alimenta en la red, pero germina en entornos donde faltan referentes, límites y comunidad».
«La sociedad», concluyó, «no puede permitirse perder a estos jóvenes ni mirar hacia otro lado ante quienes intentan captarlos. Si actuamos a tiempo, los salvamos; si llegamos tarde, perdemos dos veces: al menor y a la sociedad”.
