El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comenzó con un mensaje contundente de su defensa: el proceso, sostienen, arrancó viciado.
La abogada del Estado Consuelo Castro –exabogada general del Estado– denunció, en la fase de cuestiones previas, que García Ortiz ha sido sometido a una “presunción de culpabilidad”. A su juicio, esto contaminó la instrucción con irregularidades graves.
Por ello ha pedido anular las pruebas obtenidas en los registros del 30 de octubre de 2024, de la oficina del fiscal general del Estado y de la oficina de la fiscal jefe de Madrid, piedra angular de la acusación.
García Ortiz, preguntado por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, negó tajantemente los hechos: “No”, respondió al ser interrogado sobre si se considera responsable de los delitos imputados.
Se enfrenta a una posible pena de hasta 6 años de prisión, 12 de inhabilitación y más de 400.000 euros de multa por la supuesta filtración del correo de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Irregularidades en la instrucción
Castro ha criticado que el magistrado instructor del caso en el Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, actuara con una “idea preconcebida de culpabilidad”, orientando las diligencias únicamente hacia la búsqueda de pruebas inculpatorias.
La letrada ha subrayado que, de ese modo, el fiscal general del Estado “no ha podido defenderse en las condiciones exigibles”.
La clave del debate inicial: los registros en el despacho de García Ortiz y en el de la entonces fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. De allí salieron las comunicaciones internas de la noche del 13 de marzo —cuando presuntamente se filtró la información— y el registro del borrado del móvil del fiscal general.
La defensa aportó además un informe pericial, rechazado en la instrucción, que concluye que es “imposible determinar qué mensajes fueron eliminados el 16 de octubre de 2024”.
Para la Guardia Civil, ese día García Ortiz vació su teléfono en dos ocasiones.
El contexto político y mediático
Castro ha pedido incorporar mensajes de X publicados por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, al considerar que revelan una campaña coordinada para presentar una supuesta confabulación entre Fiscalía, Hacienda y el Gobierno contra la presidenta madrileña.
Un “bulo”, según el propio García Ortiz, que motivó la nota de prensa en la que estalló el caso.
El instructor apunta que la filtración habría ido a parar al periodista Miguel Ángel Campos (Cadena SER). La defensa solicita añadir también el resultado negativo de la búsqueda del término “Campos” en los dispositivos del fiscal general, así como correos ofensivos que —asegura— obligaron a García Ortiz a cerrar sus cuentas personales en diciembre de 2024.
La Fiscalía se suma: “Ficción sin base jurídica”
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, se ha alineado con la abogacía del Estado. Ha criticado que los registros se basaran en una “ficción sin el más mínimo sustento fáctico ni jurídico” y ha celebrado la aportación del informe pericial para demostrar que el borrado del teléfono podría no guardar relación alguna con la causa.
Las acusaciones reclaman nuevas pruebas
Gabriel Ramos, abogado de Alberto González Amador ha contestado sin rodeos a las alegaciones de nulidad planteadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía: “Mucha queja abstracta, general, y concretas ninguna”.
Durante esta fase de cuestiones previas, el letrado Ramos ha rechazado frontalmente los intentos de anular actuaciones clave de la investigación llevada a cabo por el magistrado instructor, Ángel Luis Hurtado.
Entre ellas, el secreto inicial de las diligencias, las entradas y registros en los despachos del fiscal general y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y las comisiones rogatorias cursadas a Meta y Google para acceder a conversaciones y correos electrónicos.
Ramos ha recordado que todas esas decisiones fueron revisadas y confirmadas por la Sala de Apelación. “El auto de la Sala se lo dice”, ha subrayado reprochando que la Abogacía no recurriera en su momento las resoluciones ni el acceso a las comunicaciones incautadas. “Mucha queja abstracta, general, y concretas ninguna”.
El abogado de González Amador también ha rechazado la tesis de la defensa del fiscal general sobre una supuesta vulneración de derechos fundamentales, incluida la presunción de inocencia y la igualdad de armas.
Para sostenerlo, ha enumerado a varios testigos —entre ellos periodistas— que declararon a instancias de la propia defensa de García Ortiz. “Se nos han denegado a todos diligencias”.
Ramos ha criticado, además, la presentación tardía de un informe pericial sobre el borrado del teléfono móvil del fiscal general. “¿Esto no se podía aportar en instrucción? ¿Qué prueba han pedido y no se le ha concedido? ¿Dónde está la indefensión?”.
Ha concluido reclamando al tribunal que rechace sin trámite las nulidades planteadas: “Todas deben desecharse de plano”.
