La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del Tribunal Supremo (TS) que instruye el ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, que envíe a prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Considera que, a estas alturas del procedimiento, sí existe riesgo de fuga, especialmente porque el antiguo titular de Transportes podría enfrentarse a hasta 30 años de cárcel por los presuntos amaños en contratos públicos para la adquisición de mascarillas en plena pandemia.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y las acusaciones populares lideradas por el PP han pedido al magistrado que decrete su ingreso en prisión sin posibilidad de fianza.
Si el juez accediera, Ábalos se convertiría en el primer diputado nacional en activo en entrar en prisión provisional. Su defensa, por su parte, sostiene que encarcelarlo antes del juicio, sin condena previa, vulneraría su derecho a ejercer la representación política.
Ábalos ha acudido esta mañana a la vista en el Supremo
Ábalos ha llegado al Supremo alrededor de las 9:12 horas, mochila al hombro y ante decenas de periodistas. Durante la vistilla ha intervenido brevemente para asegurar al magistrado que no existe riesgo de fuga.
Fue precisamente a petición de la Fiscalía y de las acusaciones que Puente convocó esta vistilla para revisar las medidas cautelares que pesaban tanto sobre Ábalos como sobre su exasesor, Koldo García: prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.
A lo largo de la investigación, el juez ha revisado varias veces estas medidas. Hasta ahora, la Fiscalía había evitado solicitar prisión provisional, mientras que las acusaciones lo habían pedido en varias ocasiones. En todas ellas, Puente había seguido el criterio del Ministerio Público. Esta vez, deberá valorar un escenario distinto.
A un paso del juicio
El pasado 3 de noviembre, Puente propuso sentar en el banquillo a Ábalos, a Koldo y al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, por el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicar a Soluciones de Gestión —vinculada a Aldama— contratos de suministro de material sanitario durante la crisis del Covid-19.
La Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. También solicita una multa cercana a los 3,9 millones de euros.
Las acusaciones populares elevan la petición hasta los 30 años de prisión para ambos, sumando a los delitos señalados por la Fiscalía otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.
Asimismo, tanto Fiscalía como acusaciones piden 7 años de cárcel para Aldama, aplicándole una atenuante por su “confesión”, que habría permitido destapar la presunta trama de adjudicación irregular de contratos públicos en la que sitúan como cabecilla al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
