El Servicio Canario de Salud (SCS) ha reconocido la negligencia médica en la muerte de un paciente con cáncer metastásico. Ello, después de que algunas pruebas, que podrían haber ofrecido luz en su diagnóstico, se retrasaran hasta el fallecimiento del paciente. Una indemnización de cerca de 20.000 euros ante la que la defensa de la familia del fallecido se plantea la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo.
Era 2020 cuando Pedro (nombre ficticio) acudía a su médico de Atención Primaria, contando con antecedentes de carcinoma digestivo, y sangre oculta en heces. Poco después, en Neumología, el paciente alegaba tener tos durante la noche, solicitándose un TAC de tórax sin contraste.
Sin embargo, los meses pasaban, y Pedro seguía sin tener cita para esta prueba médica de pulmón.
Tanto es así que, el 19 de mayo de 2023, Pedro vuelve al médico de atención primaria, de cara a recoger unos resultados de una analítica con presunta alteración hepática. Cita médica en la que se solicita una ecografía con carácter normal.
Ecografía en la que se le informa de la presencia de una lesión, pidiéndole más pruebas. En concreto, un TAC toraco-abdomino-pélvico. Una prueba ante la que, nuevamente, Pedro quedaba pendiente de ser citado, pero sin que esto ocurra.
«En ningún momento se le informa de los resultados. Es más, el informe radiológico se entrega a los familiares después de haber fallecido su padre, en el cual constan múltiples lesiones hepáticas» se reconoce ahora desde el SCS.
El 9 de agosto de 2023, el paciente acude a Urgencias del hospital Nuestra Señora de Guadalupe. Lugar donde acceden a la ecografía realizada, anotando lesiones sugerentes de metástasis a nivel hepático. Algo que, nuevamente, no se informa al paciente.
20.000 euros de indemnización por el cáncer metastásico de su padre
«Síndrome general» se emite como diagnóstico en estas fechas. Sin embargo, durante su asistencia en Urgencias sí se le realiza el TAC, que sugiere malignidad e incluso origen metastásico en pulmón, páncreas, hígado, hueso y cadena ganglionar. Nuevamente, sin informar a paciente ni familia.
El 13 de agosto de 2023, el paciente acude a las Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Lugar donde finalmente le diagnostican cáncer terminal de pulmón con metástasis, ofreciéndole como única opción tratamiento paliativo, quedando ingresado hasta su fallecimiento, el 17 de agosto.
«Evidente desinterés» demostrado por el SCS ante el que Damián Vázquez, defensa de la familia y abogado de la asociación El Defensor del Paciente, solicitaba una indemnización de 75.611 euros. Y ante la que el servicio canario de salud determina una cuantía final del 25%, en total, 19.152 euros.
«Nos movemos en meras probabilidades que en este caso pueda resultar remota, aunque no descartable» de cara a la detección del cáncer de forma precoz, destaca en este sentido el SCS. Así pues, pese a reconocer los fallos y la negligencia médica, no se determina por parte del servicio público la posibilidad de supervivencia del paciente.
«Resulta inaceptable que tras reconocer mala praxis y fallecimiento, se rebaje la indemnización al 25%», critica Carmen Flores, presidenta de El Defensor del Paciente.
Una valoración que comparte Damián Vázquez, defensor de la familia. «No es jurídicamente procedente reducir la indemnización, con lo que no mostramos conformidad. Es un fallo brutal no citar al paciente para la prueba diagnóstica que tenía prevista», valora. Una realidad ante la que la defensa está actualmente a la espera de interposición de recurso contencioso-administrativo.
