El abogado y eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, presentó este jueves una querella criminal ante el Tribunal Supremo contra Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala Penal, por un presunto delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417 del Código Penal (difusión de información reservada por autoridad o funcionario).
Según el partido, la denuncia se apoya en lo ocurrido el 18 de noviembre, cuando Martínez Arrieta participó como ponente en un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), en pleno período de deliberación sobre la sentencia relativa al fiscal general del Estado.
Durante su intervención, el magistrado comentó en tono jocoso: “Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado”. Para los Comuns, esta frase reveló información reservada sobre el estado de la deliberación, el cambio de ponente, la existencia de una mayoría formada y la orientación del fallo.
La querella sostiene que estos datos están protegidos por el secreto de las deliberaciones, recogido en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y que su divulgación puede comprometer el derecho fundamental a un juicio imparcial.
El texto también cuestiona la apariencia de imparcialidad del tribunal. Señala que en el mismo curso impartieron clase otros dos magistrados que participan en la deliberación —Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo— y que el acto estaba organizado por una de las partes acusadoras. Esta coincidencia, argumenta el partido, contraviene la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige no solo imparcialidad real, sino también apariencia de imparcialidad.
La querella —preparada por Asens junto a la abogada y exdiputada Alejandra Jacinto— afirma que el público interpretó claramente la frase del magistrado como una divulgación de información interna, y que el propio Martínez Arrieta era consciente de su impropiedad al expresarla en tono humorístico.
El escrito añade que también existe una relación académica entre Del Moral y uno de los abogados personados en la causa, lo que, a su juicio, refuerza las dudas sobre la neutralidad del tribunal.
La decisión de admitir a trámite la querella corresponde a la Sala del 61 del Tribunal Supremo, competente para juzgar a magistrados.
Asens insistió en que “ningún juez puede anunciar sentencias en público, y menos aún desde la sede de una de las acusaciones”, y subrayó que la imparcialidad judicial es “una cuestión de salud democrática”:
“La ciudadanía tiene derecho a tribunales imparciales. Si no defendemos esa imparcialidad, la democracia pierde su última línea de defensa”.
