Ya lo afirmó Séneca, el gran filósofo, escritor y pensador romano: “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.
Ahora que estamos cerca de cerrar este año 2025, en pleno siglo XXI, en tiempos de la alta tecnología, de la inteligencia artificial, de la inmediatez de las redes y de las formas de vida inmediata, ahora que todo parece suceder de manera fugaz, seguimos comprobando que la Justicia sigue atrapada y enquistada en tiempos pretéritos, caminando con pasos lentos y desesperantes, tanto para los operadores jurídicos como para los ciudadanos en general y para los justiciables en particular.
Para ilustrar mejor la triste realidad de la problemática existente a consecuencia de la evidente falta de medios en la Administración de Justicia, sirva este botón de muestra: en una providencia fechada el 14 de noviembre del presente año, la juez titular del Tribunal de Primera Instancia e Instrucción 2 en la localidad madrileña de Coslada (Madrid) decidió suspender temporalmente todos los procedimientos civiles al afirmar que su órgano judicial está en un “estado cercano a la catástrofe”.
La juez recordó que ya pidió refuerzos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero aún no ha recibido respuesta. La decisión final depende del Ministerio de Justicia, que debe pronunciarse sobre la solicitud, pero que no parece estar por la labor de socorrer ni a este ni a ningún otro juzgado tan necesitado de medios como el que llevó a la juez a tomar esta decisión, tan desesperada como justificada.
Si hacemos un balance de lo que ha sido este año 2025 que ahora llega a su fin, al hablar de Justicia en España, sigue habiendo demasiadas grietas e imperfecciones que imposibilitan una Administración pública ágil y eficaz, por donde puedan transcurrir los expedientes y procedimientos que necesitan los ciudadanos cuando llaman a la puerta de un juzgado de cualquier jurisdicción.
CAUSAS
Al analizar algunas de las causas que durante el presente año han influido en perjudicar aún más la ya maltrecha Justicia en España, apuntaría a las siguientes:
1.º Considerable aumento de la litigiosidad, con un incremento significativo de nuevos asuntos y una mayor carga de trabajo en los tribunales, especialmente en el ámbito civil, aunque también en el ámbito penal.
2.º Falta de medios técnicos y humanos: a la escasez de jueces y funcionarios se une la escasez de medios técnicos y modernización de los actuales (en época de inteligencia artificial, en los juzgados, lo más moderno que pueda encontrarse sigue siendo el correo electrónico o el sistema de comunicaciones con fallas, LEXNET»).
3.º Cambios introducidos por el legislador con leyes tan ¿bienintencionadas? como ineficaces. Véase Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, una norma que pretendía mejorar la eficiencia del sistema judicial pero que, en la práctica, es todo menos eficiente y que genera más problemas, ayudando a atascar y retrasar aún más los procedimientos.
4.º Falta de interés político por la Justicia: aunque suene triste, es una evidencia también que los políticos se mueven por interés, su interés son los votos de los ciudadanos, y aunque la Justicia es o debería ser un pilar fundamental para la sociedad, en la calculadora política de los votos no la deben incluir como una de sus prioridades. La consecuencia de esta evidencia es que no se ha realizado la inversión necesaria en la Administración de Justicia, enquistando aún más el problema estructural existente.
CONSECUENCIAS
Como director de un despacho de abogados en el que ejercemos en diferentes ámbitos jurisdiccionales, en este año 2025 hemos sufrido muchos de los problemas con los que nos encontramos en el día a día en los juzgados: incontables suspensiones y retrasos de los procedimientos, señalamientos de juicios en fechas difícilmente soportables para los justiciables, juzgados colapsados por el volumen inaceptable de expedientes, etc.
En la otra cara de la moneda, también he podido comprobar cómo la inmensa mayoría de los jueces y funcionarios de los juzgados se sigue dejando la piel para sacar adelante la sobrecarga de trabajo e intentar, sin conseguirlo, agilizar los expedientes de sus negociados.
También, permítanme la licencia, la extraordinaria labor de los abogados, todos los compañeros que cada día lidian con la no siempre grata labor de tener que realizar el trabajo técnico y jurídico y, además, con el de explicar a los clientes por qué sus casos siguen aparcados en el cajón o, incluso, en un carrito de supermercado dentro de la sede judicial…
Ahora que termina el año 2025, me permito hacer un llamamiento a los políticos, quienes, al fin y a la postre, tienen la responsabilidad y el deber de posibilitar las condiciones necesarias para que en España exista una Administración de Justicia que funcione de manera ágil y eficaz, cuestión no menor, toda vez que dicha Administración está al servicio de los ciudadanos para resolver los conflictos entre aquellos, las empresas y el Estado, proteger los derechos fundamentales, aplicar la ley en casos concretos, garantizar el cumplimiento de sentencias y sancionar los delitos, asegurando la tutela judicial efectiva y el respeto al Estado de Derecho, todo ello de forma independiente e imparcial a través de jueces y tribunales.
CUMPLIR CON EL DEBER
En dicho llamamiento, intereso de los responsables políticos que no se olviden de cumplir con su deber para:
1.º Realizar la inversión necesaria para dotar de medios técnicos y humanos a la Administración de Justicia.
2.º Acometer reformas legislativas eficaces, escuchando y teniendo en cuenta el criterio de los operadores jurídicos, antes de aprobar leyes inocuas, ineficaces o perjudiciales.
3.º No traten de rentabilizar las reformas estructurales necesarias para la Administración de Justicia por los posibles votos del electorado. La Justicia, como la sanidad o la educación públicas, no deben “rentabilizarse” y, mucho menos, a cuenta de intereses políticos.
4.º No traten de politizar la Justicia. La única y muy importante función de los jueces y magistrados es administrar justicia, interpretando y aplicando las leyes para resolver conflictos de forma imparcial, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, actuando como un poder independiente, el Poder Judicial, y sometiéndose únicamente al imperio de la ley.
Esperando que, durante lo que queda del ejercicio 2025 y para el próximo año 2026 y sucesivos, todos los ciudadanos y nosotros, en nuestra profesión de abogados, podamos encontrarnos ante una mejor y más eficaz Administración de Justicia, aprovecho para desearles un muy feliz fin de año y un próspero Año Nuevo.
@Lacaciabogado
