El juez que investiga a Leire Díez por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción ha desestimado “por el momento” la petición de la exmilitante del PSOE para que se declararan nulos los audios aportados a la causa.
El magistrado deniega así la solicitud de declaración de nulidad promovida por Díez sobre las grabaciones realizadas por el fiscal Ignacio Stampa y las efectuadas en el despacho del abogado Jacobo Teijelo.
La exmilitante socialista alegaba que con esos audios se habían vulnerado sus derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a no declarar contra sí misma, además del derecho a no confesarse culpable.
La respuesta del juez instructor
El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, responde en su auto incidiendo en “la imposibilidad material de adelantar aisladamente valoraciones sobre validez y eficacia de algunos de los medios que integran el cuadro probatorio, pues se corre el riesgo de respuestas incompletas y de hipertróficas soluciones excluyentes”.
“Sobre todo, en un caso como el que nos ocupa donde deberán valorarse las circunstancias concretas en que se produjeron las grabaciones en cuestión, cuyo tratamiento debe realizarse mediante prueba pericial”, añade.
El juez, que investiga a Díez y a otras dos personas por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, concluye que “no cabe, por tanto, por el momento la declaración de nulidad pretendida”.
Díez, que no reconoce los audios, solicitó que se decretara “la nulidad de la totalidad de las grabaciones y de cuanto de ellas se derive, expulsándose las mismas de las actuaciones”, así como que no se reprodujeran el día de su declaración, el pasado 17 de noviembre, algo que el juez también rechazó.
Leire Díez cuestiona la autenticidad de las grabaciones
Se refería, en concreto, a las grabaciones del fiscal Stampa sobre una reunión que mantuvo con ella, en la que se oye a Díez presentarse como “la persona del PSOE” y la “mano derecha” del exdirigente socialista Santos Cerdán.
La también exconcejal sostenía que dichas grabaciones “son nulas de pleno derecho”, al haber sido realizadas —según su versión— por “un funcionario público miembro del Ministerio Fiscal como parte de una supuesta investigación extraprocesal y prospectiva, sin auto habilitante”.
Además, dudaba de que se realizaran el mismo día de la reunión, de que reprodujeran su contenido íntegro o de que no hubieran sido manipuladas.
Díez también reclamó la nulidad de la grabación realizada en el despacho del abogado Teijelo, en la que presuntamente se habrían ofrecido favores al empresario investigado Alejandro Hamlyn a cambio de información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Según denunciaba, la grabación se realizó “sin conocimiento ni consentimiento de los intervinientes” y se difundió un “contenido parcial de una reunión privada”, celebrada en un despacho de abogados “debidamente identificado como tal”, en la que —según señaló— se abordaron “cuestiones de estrategia”, tal y como manifestó Teijelo.
