En la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el presidente Salvador González ha querido marcar la hoja de ruta de los principales retos que colmarán la agenda de la institución y mantendrán en alerta a los profesionales del sector legal este próximo año 2026.
Para ello, ha contado con la presencia de la decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo; la secretaria general del CGAE, Encarna Orduna y Marga Cerro, vicesecretaria general del CGAE.
Los más importantes, ha señalado González, la aprobación de unos criterios orientativos de fijación de costas, la espera de la solución definitiva para las pensiones de los mutualistas y las «necesarias» mejoras en las condiciones de la justicia gratuita.
El conflicto con la CNMC para la fijación aproximada de las costas procesales
El presidente de la Abogacía manifestó que la ausencia de unos criterios para la fijación aproximada de las costas procesales está dejando vacío de contenido la Ley Orgánica del Derecho Defensa, además de erosionar uno de los principios básicos de la justicia, el artículo 24 de la Constitución Española (CE).
«La Ley Orgánica del Derecho de Defensa ha cambiado el marco legal, la ciudadanía tiene ahora derecho a ser informada del importe de una eventual condena en costas y los Colegios están obligados a proporcionarle las herramientas para conocerlo», afirmó el presidente Salvador González en un encuentro en el que también estuvo presente la decana del Colegio de Barcelona Cristina Vallejo.
Sin embargo, la fijación de este baremo ha quedado a interpretación jurisprudencial para clarificar el alcance y la legalidad de los criterios orientativos de honorarios profesionales que están obligados a elaborar los Colegios de la Abogacía.
La comparecencia de Vallejo junto a González no es baladí, ya que el ICAB actualmente es el único Colegio que tiene dos expedientes sancionadores que están todavía en fase de decisión administrativa tras la fijación de los Criterios Orientativos en materia de tasación de costas.
«Esta situación causa una gran inseguridad jurídica porque no podemos informar al ciudadano, al consumidor bancario o al afectado por la cláusula IRPH de algo tan esencial como las consecuencias de económicas de una eventual condena en cotas. Esa información es vital para poder tomar la decisión que corresponde y sin ella mucha gente puede desistir en su idea de iniciar un procedimiento para defender sus derechos», concedió Vallejo.
Desde la Abogacía trasladan a la prensa que mantienen reuniones con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) para dar luz a esta situación. Sin embargo, no se ha logrado salir el punto de partida: «Llevamos un año hablando con la CNMC, hemos implicado al propio ministerio en esta conversación y es necesario salir de este paso para que el ciudadano pueda acceder libremente y con conocimiento de sus consecuencias a los tribunales. Y ese acceso hoy está gravemente dificultado», lamentan.
La solución para las pensiones de los mutualistas se encuentra «en un momento crucial»
Otro de los retos a los que la Abogacía tendrá que permanecer atenta y esperar a que el Congreso de los Diputados alcance un acuerdo sobre la pasarela del RETA. El presidente definió este momento como «crucial» para alcanzar la solución definitiva.
«Habrá que esperar al inicio del próximo periodo de sesiones en febrero, o salvo sorpresa a una sesión extraordinaria en el mes de enero, para que se apruebe la esperada pasarela al RETA. Es un tema de la máxima urgencia que requiere altura de miras por parte de todos los partidos para alcanzar un acuerdo consensuado», afirmó.
La mejora de la Justicia Gratuita, un compromiso a abordar urgentemente
González señaló «la necesidad de que se aborde urgentemente» la Ley de Justicia gratuita. Desde Abogacía han trasladado al Ministerio de Justicia sus pretensiones, que ya están avaladas y a espera de que a principios del año que viene el Congreso de los Diputados tenga el texto para aprobar.
Por otro lado, la institución ha asegurado que ha asumido el «compromiso» de pagar los Medios Adecuados de Solución de Controversia (MASC) que «actualmente impone la LO 1/2025, De Servicios de Eficiencia y que no se están pagando el turno de oficio del territorio de ministerio».
El presidente recordó que esta batalla para la dignificación del servicios de justicia gratuita consiguió una pequeña victoria, pues el pasado mes de marzo se consiguió «que para todo el año se revalorizaran esa retribuciones en un 8 %». Ahora están a la espera de y que en los próximos días se de a conocer la revalorización de esas retribuciones para el año 2026.
Los presupuestos del CGAE 2026, aprobados con un 96% de los votos
González también se refirió a la aprobación en el pleno del pasado viernes de los presupuestos del Consejo General de la Abogacía para 2026 con un 96% de los votos. «Esto demuestra la unidad de la abogacía y el apoyo a nuestro proyecto de modernización y de mejora de los servicios y las condiciones de la profesión», ha afirmado el presidente.
Estos presupuestos marcan dos líneas de actuación claras, explicó, la formación y la digitalización de la profesión, con la mejora del acceso a los servicios tecnológicos por parte de los colegios y los colegiados. Y en este sentido se refirió al Programa Upro de Formación en Competencias Digitales, financiado con 200 millones de fondos europeos para formar a decenas de miles de profesionales.
Un año que se avecina ajetreado y que tendrá en vilo a todos los profesionales del sector legal, siempre contando con el respaldo de la Abogacía Española.
