Nuria Martínez Sanchís (50 años) llegó a la Consellería de Justicia de la Comunidad Valenciana en uno de los momentos más complejos para el sistema judicial autonómico: con los efectos de la dana aún recientes, una profunda reforma organizativa en marcha y la implantación simultánea de nuevos modelos digitales y procesales.
Abogada de familia, profesora universitaria y exdecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia, asumió el cargo, convencida de que desde la gestión pública también se puede servir y mejorar la vida de los ciudadanos.
Durante este año ha conseguido tender sólidos puentes de entendimiento y colaboración con las diferentes profesiones del sector. Su talante es de escucha, diálogo y colaboración plena en todo aquello que es de su competencia.
En esta entrevista, Nuria Martínez, responsable de una cartera que administra un presupuesto de 602 millones de euros anuales, analiza sin rodeos los problemas derivados de la Ley de Eficiencia, la implantación de los tribunales de instancia y del sistema Justa.
Denuncia la falta de financiación estatal y explica por qué considera que la reforma de la justicia, tal y como se está ejecutando, se ha convertido en una auténtica “pesadilla”. Se siente el futuro gris, como el día plomizo, cargado de agua en el día en que se hizo la entrevista.
Antes de asumir esta responsabilidad, usted había sido decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” durante 5 años. ¿Qué le hizo dar el paso para asumir esta responsabilidad, estando como estaban las cosas tras la dana?
Cuando ocurrió la dana, yo fui uno de los voluntarios que fue a ayudar a nuestra gente. Quería contribuir en la medida de mis posibilidades. Por eso, cuando me lo ofrecieron, sentí que era una oportunidad para ayudar y aportar. Poseía una experiencia de gestión que era valiosa.
Tenía mi vida profesional bien encaminada. Soy abogada de familia y soy profesora. Lo medité y consideré que había que dar el paso. Personas de mi entorno opinaron que era una equivocación. Tengo que decir que no lo ha sido. Desde esta responsabilidad se puede ayudar, siempre que haya voluntad y compromiso.
Ha sido un periodo intenso, porque ha coincidido con proyectos clave como la digitalización de la justicia, la puesta en marcha de los tribunales de instancia y la definitiva implantación de Justa, el noveno sistema de gestión procesal existente en España.
Sí, todo ha llegado al mismo tiempo, lo que ha hecho el trabajo especialmente duro, más aun teniendo en cuenta que se ha pasado de un sistema antiguo, Cicerone, que llevaba 25 años en funcionamiento, a uno completamente nuevo, Justa.
Este nuevo sistema de gestión procesal fue puesto en marcha por el anterior gobierno socialista en la Comunidad.
El proceso parece haber sido bastante caótico. Se decidió su implantación en 2017. Ha tenido múltiples problemas. Cuando llegué al cargo quedaba solo un año para completar dicha implantación. Se habían invertido alrededor de 15 millones de euros, dinero público, parte de ello financiado por fondos europeos. No cumplir los plazos suponía tener que devolver la inversión.
No podíamos empezar de cero con otro sistema. Había mucha insatisfacción entre los profesionales de la Justicia. Una de mis primeras decisiones fue escuchar a jueces, fiscales, funcionarios y otros colectivos, y visitar los juzgados más afectados.
Pronto quedó claro que el principal problema no era solo la herramienta, sino la falta de acompañamiento en el cambio desde el sistema anterior, Cicerone, que llevaba 25 años en uso. Pero junto a la empresa adjudicataria le estamos dando solución a esta cuestión.
¿Cuál es su impresión, a día de hoy?
En las visitas a los juzgados —ya hemos recorrido cerca del 90 % de los 36 partidos judiciales de la Comunidad Valenciana— muchas personas nos dicen que ya no volverían al sistema anterior, aunque reconocen que Justa todavía puede mejorar, y mucho.
Ahora que el sistema ya está implantado, el objetivo es perfeccionarlo. De hecho, hace pocas semanas volvimos a reunirnos con jueces, magistrados y equipos técnicos para detectar mejoras pendientes, especialmente en el ámbito penal, donde la herramienta presenta más dificultades que en el civil.
«La Comunidad Valenciana está infrafinanciada, le dije a Bolaños. Me contestó que, a largo plazo, ahorraríamos dinero. Le respondí con claridad: cuando ese ahorro llegue, estaré dispuesta a devolverlo, pero para empezar necesito fondos».
En abril pasado se celebró la conferencia sectorial de Justicia en Barcelona. En ese encuentro, los consejeros de Justicia de las comunidades gobernadas por el PP se levantaron y abandonaron la reunión como protesta. Argumentaron que los fondos Next Generation, unos 420 millones de euros, estaban destinados a la digitalización y modernización de la Justicia, pero no a la puesta en marcha de la ley de eficiencia. ¿Fue una decisión acertada?
Todas las comunidades del PP con competencias transferidas habíamos solicitado al ministro Bolaños, con antelación y de manera formal, que se incluyeran en el orden del día algunos asuntos que considerábamos fundamentales.
Entre ellos estaban la financiación y el tema de los medios adecuados de solución de controversias, los MASC, que generaban mucha incertidumbre y sensación de inseguridad.
También preocupaba la cuestión de los llamados modelos de referencia. En ese momento estábamos en plena aplicación de la ley y necesitábamos esos modelos como guía para poder avanzar correctamente en su puesta en marcha.
Había, por tanto, varias cuestiones prioritarias, especialmente en nuestro caso, teniendo en cuenta que veníamos de una dana que había obligado a destinar la mayor parte de los recursos a la reconstrucción y a la recuperación económica y social del territorio.
Dos meses antes, en febrero, me había reunido con el ministro, Félix Bolaños, después de insistir varias veces para que me recibiera. En ese encuentro le trasladé con claridad que la Ley de Eficiencia no tenía dotación presupuestaria y que, en esas condiciones, su aplicación iba a ser muy complicada para nosotros. No disponíamos de fondos suficientes para afrontar un cambio de esa magnitud. Solo adaptar los sistemas digitales ya suponía unos 5 millones de euros más.
La Comunidad Valenciana está infrafinanciada, le dije a Bolaños. Me contestó que, a largo plazo, ahorraríamos dinero. Le respondí con claridad: cuando ese ahorro llegue, estaré dispuesta a devolverlo, pero para empezar necesito fondos.
Hablamos, además, de una profunda transformación organizativa. Se nos daba un plazo de apenas 11 o 12 meses para cambiar una estructura judicial que llevaba vigente desde 1870. Es decir, se pretendía transformar en menos de un año un sistema con más de un siglo de historia, y además hacerlo sin coste adicional, con la exigencia de que todo estuviera listo antes del 31 de diciembre.
Por eso, la financiación era una prioridad para todas las comunidades, pero especialmente para la nuestra. Yo incluso llevé una estimación del coste que suponía aplicar la ley: sin contar las infraestructuras, ya estábamos hablando de unos 50 millones de euros. Si se incluían las infraestructuras necesarias, la cifra superaba con creces los 100 millones de euros.
Antes de esa conferencia sectorial tuvimos una reunión previa con el ministro y con el secretario de Estado. En ese encuentro se nos comunicó claramente que no se iba a tener en cuenta ninguno de los puntos que habíamos propuesto y que no se atendería ninguna de las peticiones planteadas.
¿Qué contestaron cuando les dijeron que una cosa eran los fondos Next Generation y otra cosa era la implementación de la Ley de Eficiencia?
Ese es el meollo de la cuestión: el coste de la reorganización interna que conlleva la aplicación de la Ley de Eficiencia. Porque no se trata solo de cambiar la forma de trabajar, sino de crear nuevos puestos, asumir nuevas funciones y establecer estructuras permanentes.
La transferencia anual de fondos que recibimos para gestionar la Administración de Justicia cubre el funcionamiento ordinario, pero no estos cambios adicionales. Aplicar lo que se nos pedía suponía un gasto extra de entre 50 y 60 millones de euros, que alguien tenía que financiar.
En aquella conferencia sectorial no se entró al detalle de las cifras por comunidad, aunque todas coincidimos en que el coste era muy alto: Madrid y Andalucía hablaban también de unos 46 o 47 millones de euros.
El resultado fue una gran descoordinación. Un cambio tan profundo en la justicia se ha hecho sin apoyo suficiente, obligándonos a improvisar y a preguntar constantemente qué hacer. La sensación final fue de abandono: una reforma impuesta, sin recursos ni dirección clara, que las comunidades teníamos que pagar y ejecutar en solitario.
¿Cómo están afrontando la implantación de los Tribunales de Instancia?
Ahora estamos en la tercera fase de la reforma, que es la más complicada. En los últimos días, varias asociaciones de jueces han pedido al ministro un plan urgente ante el deterioro de la justicia, e incluso una moratoria, es decir, una pausa, porque no llegan a aplicar todos los cambios exigidos.
Desde la Comunidad Valenciana hemos cumplido con la ley en la medida de lo posible. Las dos primeras fases fueron más asumibles, pero la tercera está siendo mucho más difícil. Ha requerido una fuerte negociación con los sindicatos, que en esta fase se negaron a colaborar si no había mejoras salariales, pero intentaremos seguir negociando para llegar a un acuerdo. Aun así, seguimos adelante para cumplir los plazos.
El problema es que no todo depende de la Administración autonómica. Las infraestructuras judiciales son el mayor obstáculo: no se pueden construir o adaptar edificios adecuados en solo un año. Hemos avanzado —ya se ha inaugurado Gandía, y Llíria y Alzira lo harán pronto— y otras obras importantes están muy avanzadas, como el Tribunal Superior de Justicia o la futura sede de Alicante, prevista para 2027. Pero muchos proyectos estaban diseñados para la ley antigua y han tenido que rehacerse, lo que retrasa todo.
La realidad es que muchos juzgados siguen repartidos en varios edificios, lo que hace muy difícil implantar el nuevo modelo. Hay descontento generalizado y falta de recursos. Se avanza poco a poco, pero una transformación de este tamaño no puede hacerse de forma inmediata. Simplemente, no es posible.
¿Cuál es su opinión sobre la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia de la justicia?
Es una ley que no ha sido nada pensada ni razonada. El trámite parlamentario fue anómalo: no se aceptó ninguna enmienda, cuando hacerlo habría evitado muchos de los problemas actuales. Además, no se consultó a expertos ni a profesionales del sector, y la aplicación de la ley se hizo con prisas y sin la planificación necesaria.
«La aplicación de los MASC ha sido un auténtico despropósito. Justo antes de la conferencia sectorial asistí a una jornada con abogados y otros profesionales y la sensación general era de total confusión: nadie sabía cómo iban a aplicarse ni qué casos entrarían en este sistema, pese a que estaban a punto de entrar en vigor».
¿Está sugiriendo que es un “Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como”?
Así es, ha sido lo que usted dice: un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Ha sido un proceso llevado a cabo en solitario, sin contar con nadie más, y las consecuencias están a la vista.
Un ejemplo claro es el de los MASC, los mecanismos alternativos para resolver conflictos. La forma en que se han planteado ha generado un gran desorden, mucha incertidumbre y un profundo malestar entre los profesionales.
Por lo que a mí respecta, la implantación de la ley de eficiencia está siendo una pesadilla porque las cosas no se han hecho como se debían. Es evidente que hay que buscar fórmulas para descongestionar la justicia y que los MASC pueden ser útiles, pero primero hay que definir bien qué casos deben pasar por estos mecanismos. Es imprescindible establecer un marco claro y unos protocolos comunes para evitar diferencias entre comunidades.
Ahora mismo, cada territorio en España aplica los MASC de forma distinta. Un abogado puede encontrarse con reglas diferentes según esté en Valencia, Madrid o Barcelona, y eso genera confusión. Ese desorden acaba afectando al ciudadano, que es quien realmente importa. A la gente no le interesa quién tiene la competencia, solo quiere que su problema se resuelva de forma clara y eficaz.
Por falta de coordinación y de recursos suficientes, todo esto se ha convertido en un cuello de botella. Y la ciudadanía debe saberlo, porque en parte se podría haber evitado. Es cierto que cualquier cambio genera dificultades, pero esta reforma se ha hecho sin los medios necesarios y de forma precipitada.
Usted es muy crítica con la aplicación de los MASC.
Es que la aplicación de los MASC ha sido un auténtico despropósito. Justo antes de la conferencia sectorial asistí a una jornada con abogados y otros profesionales y la sensación general era de total confusión: nadie sabía cómo iban a aplicarse ni qué casos entrarían en este sistema, pese a que estaban a punto de entrar en vigor.
Sin embargo, se ha llegado a un punto en el que, a mi juicio, puede estar limitando un derecho básico: el acceso efectivo a la justicia. En la práctica, se están poniendo obstáculos para presentar una demanda debido a estos requisitos previos. Esto no afecta solo a los casos de familia con menores, sino también a otros asuntos habituales como desahucios, reclamaciones de deudas o separaciones.
Además, no es lo mismo tratar asuntos económicos que casos en los que hay personas y, sobre todo, niños implicados. En los procesos de familia, cualquier retraso puede causar un daño irreparable a muchos menores. Por eso resulta especialmente grave que estas consecuencias no se hayan tenido en cuenta. Ahora que el problema es evidente, los profesionales del sector —con los que he hablado directamente— insisten una y otra vez en la urgencia de corregir esta situación.
Ante estas consecuencias, tengo claro que hay que hacer algo para evitar que todo acabe en los tribunales. La realidad lo demuestra: cuando llegué a la Conselleria, el gasto en el turno de oficio —el sistema que garantiza abogado a quien no puede pagarlo— ya había aumentado en 2 millones de euros respecto al año anterior. Hoy estamos pagando unos 10 millones cada dos meses, lo que supone unos 60 millones de euros al año en justicia gratuita.
¿Están ustedes pagando al turno de oficio por los MASC?
Sí, claro. Ya lo tenemos implementado. Abonamos 50 euros por la no avenencia y 385 euros por la avenencia. Hay que premiar el esfuerzo para llegar y cerrar el acuerdo. Solo la avenencia supone 1,8 millones de euros, cantidad que incrementamos en el turno.
La realidad es que la justicia está excesivamente judicializada. Además, cuando visito los distintos partidos judiciales y reviso los datos, no encuentro ninguno donde haya disminuido la carga de trabajo; al contrario, los asuntos siguen acumulándose.
Muchos están claramente desbordados, con algunos que soportan hasta el triple de trabajo del razonable. La justicia ya es lenta, y esta saturación la empeora aún más.
Hay partidos judiciales con el 300 % de carga de trabajo. Juzgados de lo social con el 200 % en Valencia, en Alicante, en Elche.
¿Cuántos jueces necesitan en la Comunidad Valenciana?
Hemos enviado varias cartas al ministro —creo que hasta tres— y no hemos recibido respuesta a ninguna. La última petición, hecha antes del verano, fue sumarnos a la solicitud del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo para crear unas 39 nuevas plazas judiciales, que no eran solo necesarias, sino urgentes, porque había situaciones claras de bloqueo.
Sabía usted que cada año están pidiendo la jubilación anticipada 120 jueces.
La realidad es que las cargas de trabajo ya son inasumibles. Preocupa especialmente la última fase de la ley de eficiencia, que asigna a los juzgados de violencia nuevas competencias en delitos sexuales. En mis visitas, muchos jueces y juezas me han trasladado que no cuentan con refuerzos ni medios suficientes para asumir estos casos, y que la situación es insostenible.
No hablamos de asuntos menores, sino de violencia de género y delitos sexuales, casos extremadamente sensibles. La sobrecarga de trabajo provocará retrasos en juicios y en la adopción de medidas urgentes, con el riesgo que eso supone para las víctimas.
El ministro dijo que había previsto un refuerzo de 52 nuevos jueces de violencia sobre la mujer.
En el caso de la Comunidad Valenciana, inicialmente se nos dijo que se crearían cinco nuevas plazas judiciales. Sin embargo, después se supo que dos de ellas no eran realmente nuevas, sino plazas ya existentes que se reconvertían, en Castellón y Benidorm. Además, se planteó transformar un juzgado de instrucción en uno de violencia sobre la mujer, algo con lo que no estuvimos de acuerdo.
En Benidorm logramos revertir esa decisión. Los informes señalaban que, al ser una ciudad muy turística y con mucha población extranjera, ya existe una gran carga de trabajo en materia de violencia, por lo que no tenía sentido restar recursos. Finalmente, allí se creó una plaza nueva en lugar de una reconversión.
«La situación que está provocando la implementación de los tribunales de instancia es caótica y lo estamos viendo todos, pero no creo que haya marcha atrás. Habrá que cambiar y mejorar muchas cosas, pero volver al sistema anterior sería retroceder después de un esfuerzo muy grande. Es un modelo mejorable y hay que seguir trabajando para que funcione mejor».
¿Cuáles son sus objetivos para este segundo año de legislatura? ¿Cuáles son las asignaturas que quisiera aprobar?
El primer gran objetivo es seguir avanzando en la transformación y modernización de la justicia en la Comunidad Valenciana. El sistema Justa ha llegado para quedarse, pero no es lo único. Ya hemos empezado a digitalizar documentos antiguos, como los expedientes de los antiguos juzgados de paz y los registros civiles. También queremos extender la digitalización a otros ámbitos, como los registros de asociaciones, fundaciones, parejas de hecho y la asistencia jurídica gratuita.
En definitiva, modernizar la justicia pasa necesariamente por digitalizarla, es decir, por sustituir el papel por sistemas informáticos que faciliten el trabajo. Por eso, implantar bien Justa y todo lo que implica la digitalización es uno de mis principales retos.
Los tribunales de instancia no son un reto, son una pesadilla, por su complejidad. Aun así, hay que estar al lado de los profesionales, escucharlos y acompañarlos, aunque haya que explicar las cosas una y otra vez. Por eso retomamos la comisión mixta con el Tribunal Superior de Justicia y mantenemos reuniones frecuentes, basadas en mucha escucha y coordinación, para afrontar juntos un momento especialmente complicado.
La situación que está provocando la implementación de los tribunales de instancia es caótica y lo estamos viendo todos, pero no creo que haya marcha atrás. Habrá que cambiar y mejorar muchas cosas, pero volver al sistema anterior sería retroceder después de un esfuerzo muy grande. Es un modelo mejorable y hay que seguir trabajando para que funcione mejor.
La administración autonómica también puede hacer cosas concretas para agilizar la justicia. Un ejemplo claro es la gestión del empleo temporal. Antes, cubrir una baja por maternidad o enfermedad en un juzgado podía tardar hasta cuatro meses. Eso provocaba que una mesa quedara bloqueada, con el trabajo acumulándose sin poder avanzar.
Ahora hemos simplificado ese proceso para que esas bajas se cubran en dos o tres semanas, evitando retrasos innecesarios.
Por último, otro compromiso importante es seguir cumpliendo con el pago del turno de oficio, es decir, el sistema que remunera a los abogados que defienden a quienes no pueden pagar uno. Estamos pagando en tiempo y forma y nos situamos entre las tres comunidades con mejores baremos.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha convocado para el lunes 22 de diciembre una Conferencia Sectorial de Justicia telemática para valorar la tercera y última fase de la implantación de la Ley 1/2025. ¿Valoran los consejeros autonómicos de justicia de gobiernos del PP el planteamiento de una moratoria para la implantación de los tribunales de instancia?
No, pero los detalles los conocerá usted el lunes.
