El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, celebrará esta mañana telemáticamente una nueva Conferencia Sectorial de Justicia para evaluar con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas la implementación la tercera y última fase de implantación de estos tribunales, cuya puesta en marcha está prevista para el 31 de diciembre.
La reunión abordará específicamente la situación en esas 12 Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Cantabria, Madrid, Valencia, Galicia, País Vasco, La Rioja y Navarra.
Siete de ellas –Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, La Rioja y Cantabria– están gobernadas por el PP.
En la anterior Conferencia Sectorial, que tuvo lugar el 4 de abril pasado, los siete consejeros del PP plantaron al ministro porque la Ley Orgánica 1/2025 adolecía de un desarrollo reglamentario, modelos de referencia y dotación presupuestaria.
Bolaños caflicó dicho abandono de “gamberrismo político” del PP.
De acuerdo con el Ministerio, en sus territorios –las Comunidades Autónomas de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, así como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo– «está todo a punto para esa fecha» y se espera que la implementación se complete «en la práctica totalidad del territorio».
Sin embargo, el departamento de Bolaños ha anticipado flexibilidad: si los consejeros autonómicos «solicitan una prórroga breve para culminar la tercera fase en algún partido concreto al amparo de lo previsto en la propia ley, el Ministerio lo apoyará».
Una petición que, por parte de los consejeros de justicia de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, no se espera, según ha podido saber Confilegal.
La base jurídica está en el régimen transitorio de la LO 1/2025: la Conferencia Sectorial puede fijar una fecha distinta para el establecimiento de alguna oficina judicial cuando concurran “circunstancias excepcionales” ligadas a infraestructuras o medios tecnológicos. En términos simples: la ley permite ajustar plazos cuando faltan condiciones materiales mínimas para operar con seguridad.
PREOCUPACIÓN DE LOS DECANOS DE LAS PRINCIPALES CIUDADES
En paralelo, el CGPJ ha trasladado a las administraciones prestacionales la preocupación de los decanos de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante y Palma.
Pide medidas para evitar pérdidas de expedientes y retrasos, y reclama que los asuntos pendientes estén identificados y listados para que su traslado a la nueva oficina judicial sea trazable.
Los decanos enumeran, entre otras, cuatro carencias: dispersión de sedes, déficit de digitalización, retrasos en el nombramiento de letrados directores (LAJ) y RPT/procesos de consolidación incompletos, con un volumen elevado de interinidad. Por su impacto potencial en el servicio, han pedido una moratoria de seis meses.
Por último, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) sostiene que el CGPJ no ha reformado los reglamentos necesarios para activar plenamente el nuevo modelo y reclama una modificación urgente.
El Consejo General de la Abogacía, por su parte, considera acertada la predisposición del Ministerio a apoyar una moratoria, pero pide monitorizar el proceso y escuchar a todos los operadores para reducir disfunciones durante la transición.
Los siete consejeros de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas que tienen competencias transferidas en las que gobierna el PP han plantado hoy a ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y se han marchado de la Conferencia Sectorial de Justicia que se está celebrando hoy en Barcelona.
Bolaños ha calificado este abandono como de “gamberrismo político” del PP, en referencia al abandono de los consejeros del ramo de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Comunitat Valenciana, La Rioja y Cantabria,
