El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, expresó ayer públicamente el apoyo de la profesión jurídica española al llamamiento realizado por la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) y la Federación Interamericana de Abogados (IABA) para que se respete la legalidad internacional y se restituya el Estado de derecho en Venezuela, tras los acontecimientos recientes en ese país caribeño.
González insistió en la importancia de defender los principios fundamentales del derecho, la protección de los derechos humanos y la independencia de las instituciones jurídicas como pilares para la recuperación de la normalidad democrática en Venezuela.
Las declaraciones se produjeron en el marco de la reunión que mantuvo en la sede del CGAE con el abogado venezolano Carlos J. Sarmiento Sosa, expresidente de la IABA, en un contexto tensado por las noticias relativas a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su traslado a ese país para ser procesado.
En paralelo, González ha mantenido contactos y una reunión telemática con representantes de la UIBA, con quienes ha coincidido en expresar preocupación por la situación institucional en Venezuela.
El CGAE ha suscrito expresamente los comunicados emitidos por la UIBA y por la IABA en los que se insta a que los actores políticos nacionales e internacionales respeten ―en todo momento― la legalidad vigente y se promueva la restauración del Estado de derecho en Venezuela.
Estas asociaciones de abogados han subrayado la necesidad de que cualquier proceso de transición política o institucional se rija por el respeto a las normas jurídicas, sin vulnerar los derechos humanos ni los principios del derecho internacional.
LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS
En su posicionamiento, la Abogacía Española ha señalado que la recuperación de la normalidad democrática en Venezuela pasa por garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos, y de forma muy especial de los abogados y abogadas detenidos o perseguidos por circunstancias vinculadas a su ejercicio profesional, así como por asegurar la independencia efectiva de todas las instituciones del Estado, incluido un poder judicial libre e independiente.
El pronunciamiento del CGAE se produce en un contexto en el que diversas organizaciones internacionales del ámbito jurídico han mostrado seria preocupación por los acontecimientos en Venezuela, al tiempo que varias entidades han abogado por soluciones pacíficas que respeten la soberanía del país y el marco del derecho internacional.
En este sentido, organismos como la International Bar Association (IBA) han publicado declaraciones en las que animan a que cualquier proceso de cambio político en Venezuela se lleve a cabo respetando la legalidad, los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, incluso a pesar de las graves acusaciones y tensiones políticas que rodean el caso del presidente Maduro.
La declaración del CGAE no hace una valoración directa sobre la actuación de Estados Unidos ni sobre las imputaciones penales que pesan sobre el presidente Maduro, sino que se centra en las garantías jurídicas básicas y en el imperativo del respeto a los marcos normativos democráticos, así como en la urgente necesidad de fortalecer y restaurar el Estado de derecho en Venezuela como condición previa para cualquier diálogo político o institucional significativo.
Este posicionamiento del órgano que representa a un colectivo profesional formado por más de 250.000 abogados españoles y a los 83 colegios de la abogacía del país sitúa al CGAE dentro de los espacios profesionales que, a nivel internacional, abogan por la defensa clara y explícita de los valores fundamentales del derecho, la independencia judicial y el respeto de las libertades públicas, en contraposición a cualquier solución que pueda menoscabar la legalidad o los estándares internacionales que rigen las relaciones entre Estados.
