El exasesor Koldo García ha solicitado en su escrito de defensa dirigido al Tribunal Supremo (TS) su absolución de cara al juicio por las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia, una causa en la que también se sentarán en el banquillo el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama.
En este documento la letrada de García, siguiendo los pasos que tomó Ábalos el pasado 7 de enero, ha solicitado la citación como testigos del exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de la expresidenta de las Islas Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
El escrito de defensa también ha querido arremete contra el empresario, al que califica de «ornitorrinco procesal», y le acusa de faltar a la verdad en su propio escrito de defensa. En concreto, reprocha que el empresario sostenga que pactó con Ábalos y con el propio García el reparto de «aproximadamente el 50% de las comisiones» obtenidas a través de los contratos investigados.
La representación legal de García sostiene que «dichas acusaciones se articulan sobre una construcción meramente especulativa, una fabulación de los acontecimientos que carece del más mínimo sustento indiciario o probatorio», lo que, a su juicio, vulnera el principio de presunción de inocencia de su defendido.
En este sentido, solicita que el interrogatorio de De Aldama se practique con carácter previo al del resto de acusados y bajo el régimen de contradicción propio de un testigo.
La Fiscalía pide penas 24 años de prisión para Ábalos y de 19 y medio para Koldo
La Fiscalía solicita penas de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo García —ambos en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre— y siete años de cárcel para Víctor de Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan la petición a 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, y reclaman para el empresario la misma condena interesada por el Ministerio Público.