Es incuestionable que la detención («extracción») de Nicolás Maduro en Venezuela para ser juzgado en EEUU vulnera no sólo la soberanía de aquel país (artículo 2 de la Carta de la ONU), sino también las normas básicas del derecho penal y procesal internacional, pues para ello rigen unas reglas que aquí no se han cumplido (extradición; tratados internacionales; en UE orden de detención y entrega, etc.).
Así, Argentina tiene cursada una orden de detención y solicitud de extradición contra Maduro por delitos de lesa humanidad, y es previsible que otros países hagan lo propio.
De todos modos, no pueden obviarse dos aspectos importantes: el hecho de la ilegitimidad de Maduro, pues este ostentaba el cargo de presidente, a pesar del cuestionamiento de numerosos países por el fraude cometido en las últimas elecciones; y la existencia de indicios de haberse estado utilizando el mismo Estado, como aparato de poder, para la comisión de delitos de extrema gravedad.
Frente a situaciones de extrema gravedad hay que ser comprensible con soluciones igualmente extremas, porque, ciertamente, de haberse aplicado el derecho internacional vigente en esta materia, tan aireado últimamente, la entrega de Maduro a los EE.UU. para su enjuiciamiento hubiera sido imposible, y los venezolanos hubieran seguido sufriendo las consecuencias de un Estado secuestrado por su mandatario y miembros de la organización criminal dirigida por este.
TRUMP NO HA SIDO ALTRUISTA
No cabe duda que el presidente Donald Trump no ha actuado en forma altruista, con el único fin de restaurar la democracia en Venezuela y de que se pueda enjuiciar en EE.UU. a Maduro por los delitos de narcotráfico y otros por los que se le acusa en ese país; los intereses del petróleo, entre otros posibles, son indiscutibles.
Pero Venezuela se ha librado de un auténtico tirano, gobernando el país gracias al fraude electoral que le llevó al poder en las últimas elecciones, y es previsible que pronto se libre también de toda la organización criminal a su servicio, que hace años se apoderó del Estado venezolano, saqueándolo, para servir a sus propios intereses, y que será el objeto del juicio que se vaya a celebrar próximamente en Nueva York.
Todo ello es hoy motivo de celebración por millones de venezolanos, principalmente por parte de aquellos que tuvieron que abandonar el país como consecuencia de la dictadura, un país sumido en la pobreza, a pesar de las enormes riquezas que posee, sin libertades, con presos políticos (alguno de ellos ahora afortunadamente liberados), sin justicia, y con exposición de sus ciudadanos a las arbitrariedades del poder ilegítimamente establecido.
Maduro no era un jefe de Estado legítimo, puesto que numerosos países, entre ellos España y otros de la UE, no lo tenían reconocido como tal, dado el fraude electoral que estaba en el origen de su nombramiento, con el que se quebrantó la auténtica voluntad del pueblo venezolano plasmada en las urnas.
En el escrito del Fiscal Jay Clayton se destaca cómo Maduro permanecía en el poder como jefe de Estado, a pesar de haber perdido las elecciones, siendo de facto, pero ilegítimamente, el gobernante del país.
En verdad, no hay mayor injusticia que la privación de la democracia y de los derechos humanos, de carácter universal, a los ciudadanos de un país.
EL GOBIERNO ESPAÑOL HA SIDO COMPLACIENTE CON EL RÉGIMEN DE MADURO
Y ese es el secuestro de un pueblo que hay que combatir y que merece el mayor de los reproches; más aún si el Estado responsable de ello resulta ser un mero instrumento de sus gobernantes para la obtención de fines criminales.
De todos modos, aunque España no lo reconoció formalmente, no se puede ocultar el hecho de que nuestros gobierno haya sido complaciente con el régimen de Maduro, y más complaciente aún su socio de gobierno Sumar; complaciente, por tanto, con la dictadura de aquel, con la falta de libertades, la arbitrariedad y la situación de pobreza de muchos de los ciudadanos de ese país, a pesar de los enormes recursos económicos de los que dispone.
El Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, tiene presentado gravísimos cargos contra Maduro, miembros de su familia y otras personas, en un escrito (orden de reemplazo), en el que se pone de manifiesto cómo durante más de 25 años los lideres de Venezuela han abusado de sus posiciones de confianza pública e instituciones corruptas para exportar toneladas de cocaína a los EEUU, siendo Maduro el cabecilla de esa corrupción, quien dirige en estos momentos, añade dicho escrito, un gobierno corrupto e ilegítimo que durante décadas ha influido en el poder para proteger y promover las actividades ilegales, incluyendo el tráfico de drogas, y desde 1999 Nicolás Maduro y otros oficiales venezolanos han sido compañeros de narco terroristas procedentes de las FARC de Colombia, el cártel de Sinaloa (México), los Zetas (México), Ejército de Liberación Nacional (ELN, grupo terrorista colombiano), y la TdA, una violenta organización criminal transnacional, que ha expandido su red criminal por todo el hemisferio occidental y ha establecido su presencia en EEUU, incluyendo entre sus actividades criminales el tráfico de drogas, de armas, tráfico sexual, secuestros, el contrabando de personas y otros actos ilícitos, es decir, formando parte de los más violentos y prolíficos narco terroristas del mundo, con el fin de distribuir toneladas de cocaína en los EEUU.
UN FUTURO DIGNO Y PROMETEDOR
Sobre Maduro pesan fuertes indicios de formar parte de una organización criminal, el llamado «cartel de los soles», en referencia a la insignia del sol presente en los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alta graduación, objeto de investigación en EE.UU., señalándose en el escrito del Fiscal Jay Clayton que los oficiales venezolanos, sus familias, así como Maduro y personas de su entorno, eran compañeros de narcotraficantes y grupos terroristas que distribuían cocaína procesada desde Venezuela hasta los EEUU, a través de la “ruta caribeña”, existiendo razones, pues, para afirmar que el Estado venezolano instaurado por el régimen chavista de Maduro venía siendo, en realidad, un «narcoestado».
Ahora los venezolanos, sin Maduro y tras una previsible transición hacia la democracia, pueden contar con esperanzas sólidas de poder recuperar su libertad, su justicia, los derechos humanos, la seguridad y, en fin, la democracia, de la que les sustrajo su ilegítimo presidente, y podrán por fin ser dueños de su propio destino, como lo deben ser todos los ciudadanos en un auténtico Estado social y democrático de Derecho.
Razones, pues, para la euforia mostrada por muchos venezolanos en estos momentos, están plenamente justificadas, porque seguro que ahora les espera un futuro digno y prometedor en el que, tras un período de transición, esperemos que reducido, puedan elegir libremente y con las necesarias garantías de unas elecciones limpias, a quienes deban dirigir los destinos de su país, siendo deseable que para ello puedan contar con el Estado español, dados los profundos lazos culturales que unen a ambos países.
