La digitalización de la Administración y de los servicios financieros está derivando en una transferencia sistemática del riesgo del fraude al ciudadano, sin que exista un marco suficiente de garantías jurídicas que lo proteja.
Así lo ha denunciado el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, quien ha alertado de que el incremento de estafas altamente sofisticadas pone en evidencia una grave disfunción del sistema de protección del administrado.
Según Santiago, el fraude ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un efecto estructural de una digitalización mal diseñada desde el punto de vista jurídico.
“La estafa ya no se apoya en el engaño burdo, sino en la simulación de legalidad. Y cuando el ciudadano no puede distinguir lo verdadero de lo falso, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional”, ha advertido.
En las últimas semanas se han detectado comunicaciones fraudulentas que reproducen con exactitud documentos y notificaciones de la Seguridad Social, solicitando datos personales y bancarios bajo supuestos cambios normativos o incidencias técnicas.
Estas prácticas, ha señalado, vulneran de facto el principio de confianza legítima, sobre el que se articula la relación entre la Administración y el ciudadano. “Durante años se ha exigido confiar en los canales oficiales. Hoy esa exigencia se mantiene, pero sin garantías de autenticidad”, ha subrayado.
Clonación de voz con IA, suplantación de números reales…
El fenómeno se extiende también a llamadas telefónicas con clonación de voz mediante inteligencia artificial y a la suplantación de números reales de bancos u organismos públicos. Técnicas que generan una apariencia de autenticidad prácticamente indistinguible incluso para ciudadanos diligentes.
“Estamos exigiendo al administrado una capacidad técnica de detección que ni siquiera las propias instituciones demuestran tener”, ha afirmado.
“La estafa ya no se apoya en el engaño burdo, sino en la simulación de legalidad. Y cuando el ciudadano no puede distinguir lo verdadero de lo falso, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional”, ha advertido.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, Santiago ha cuestionado la creciente tendencia a responsabilizar al ciudadano de su autoprotección frente al fraude. “Se le exige un deber de diligencia reforzada, pero no se le proporcionan herramientas públicas eficaces de verificación. Esto rompe cualquier equilibrio razonable de responsabilidades”, ha señalado.
Y advierte que esta situación resulta especialmente grave para colectivos vulnerables, como personas mayores o con menor alfabetización digital.
El presidente de los Gestores Administrativos ha sido especialmente crítico con la actuación de las administraciones públicas, al considerar que las medidas adoptadas hasta ahora son accesorias y no atacan el núcleo del problema.
“Ni los ajustes normativos recientes, ni el debate sobre la cita previa, ni la mejora de la atención telefónica abordan la cuestión esencial: la inexistencia de un sistema de garantías jurídicas que proteja al ciudadano frente a la suplantación institucional”, ha denunciado.
El Estado debe establecer medios para combatir el fraude y proteger a los ciuidadanos
Asimismo, ha reclamado una revisión profunda del papel de las entidades financieras y tecnológicas que facilitan la infraestructura necesaria para la comisión de estas estafas.
“Cuando se conceden pasarelas de pago, TPV o servicios financieros a estructuras fraudulentas, hay un fallo previo de control. Sin esa infraestructura, el fraude sería materialmente inviable”, ha afirmado, apuntando a posibles déficits en los estándares de diligencia exigibles a estos operadores.
«No estamos ante un problema tecnológico, sino ante un fallo estructural de protección del administrado”.
Para Santiago, la ausencia de un marco claro de responsabilidades está normalizando una situación jurídicamente inaceptable.
“No basta con campañas de concienciación ni con advertencias genéricas. Es imprescindible establecer canales oficiales de verificación, atención presencial efectiva y un reparto claro de responsabilidades. Si no, estamos aceptando que el fraude sea el peaje de la digitalización”, ha concluido.
Finalmente, ha advertido de las consecuencias sistémicas de esta deriva. “Cuando el ciudadano percibe que el Estado no es capaz de garantizar la autenticidad de sus propias comunicaciones, se erosiona la seguridad jurídica y se debilita la legitimidad del proceso de digitalización. No estamos ante un problema tecnológico, sino ante un fallo estructural de protección del administrado”, ha señalado.
